El problema no es la suba del dólar sino el déficit fiscal

Hasta hace unos meses el atraso cambiario suscitaba preocupación porque erosionaba la competitividad y alimentaba la especulación financiera. En los últimos meses las polémicas se generaron por el repunte del dólar y su posible impacto en los precios. Estas miradas contradictorias son la consecuencia de poner la atención en lo accesorio en lugar de hacerlo en lo principal, que es el equilibrio de las cuentas públicas y una mucha mejor calidad en la gestión del Estado.

El dólar llegó a los $18 generando polémicas y preocupación. Los medios de prensa alertan sobre los impactos en la inflación. En los mercados financieros, la preocupación viene por el lado de que se esfumaron buena parte de las ganancias especulativas obtenidas en meses anteriores. Con la suba del dólar se perdió gran parte de la rentabilidad generada con la especulación financiera de invertir en títulos públicos con altas tasas de interés y sin riesgos que emite el Banco Central (las LEBAC) que luego se convierten a dólares.  

Resulta curioso que hasta hace algunos meses, antes de que el dólar subiera, su estabilidad también era motivo de polémicas y preocupación. Aquí la causa de la consternación era que su inmovilidad generaba retraso cambiario con impactos negativos para la competitividad de la producción interna en beneficio de la especulación financiera.

Frente a visiones tan contradictorias resulta pertinente comparar la evolución del dólar, el rendimiento de las colocaciones financieras sin riesgos que posibilita el Banco Central y la inflación. Según datos del Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el INDEC se observa que entre enero y lo que va de agosto se registraron las siguientes variaciones:

• El dólar pasó de $15,9 a $18 o sea subió 13%.
• La inversión sin riesgo que emite el Banco Central (las LEBAC) rindió 14%.
• La inflación en el período fue de 12%.

Estos datos muestran que la importante suba del dólar observada en los últimos meses sólo permitió compensar el retraso que la divisa norteamericana traía respecto al aumento del rendimiento de las inversiones sin riesgo que ofrece el Banco Central y la inflación. De hecho, el dólar cayó un 4% entre enero y mayo y subió un 18% entre mayo y lo que va de agosto. De esta forma, la suba del dólar vino a eliminar buena parte de la rentabilidad financiera que obtenían los especuladores con el dólar fijo y a reducir el atraso cambiario que se venía acumulando respecto de la inflación. Dicho de otra manera, la suba del dólar de los últimos meses permitió alinearlo con el resto de las variables económicas.

Más aún, sería deseable que esta sincronía se mantenga en los próximos meses. Es decir, que el dólar suba a un ritmo similar a la tasa de interés que paga la inversión sin riesgo que ofrece el Banco Central (LEBAC), para evitar la especulación financiera, y a la inflación, para evitar el atraso cambiario. En este sentido, hay que asumir que mucho más importante como determinante de la inflación y la producción es la política fiscal (el déficit fiscal) que la política cambiaria (el dólar) o monetaria (la tasa de interés del Banco Central).

En países vecinos, como Chile o Uruguay, el dólar sube y baja sin que se generen la preocupación y polémicas que se suscitan en la Argentina. La explicación es que en esos países se observa una situación fiscal mucho más ordenada que en la Argentina, lo que quita presión a emitir moneda para financiar déficit fiscal o a endeudarse de manera no sostenible. Dicho de otra manera, lo que causa inflación y retardo en el crecimiento en la Argentina no es el dólar ni la tasa de interés sino el exceso de gasto y desorden del sector público. Por eso, que el dólar se mueva a ritmo similar al resto de las variables no debería causar preocupación. Lo que debería preocupar a la población y ocupar al sistema político es el cansino ritmo con que el sector público aborda la desafiante tarea de reducir su gasto improductivo y mejorar la calidad de su gestión.

Para erradicar la inflación, no hay que mirar al dólar sino modernizar al Estado. No se trata de apelar a las tradicionales recetas de “ajuste” sino trabajar con intensidad e inteligencia en mejorar la organización del sector público. Entre lo más importante, hay que reformar el sistema impositivo, de coparticipación federal y previsional, revisar excesos de empleo público, acelerar la reducción de subsidios a los servicios públicos y eliminar la multiplicidad de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. En lugar de seguir enfatizando la gradualidad como virtud, hay que poner la prioridad en el sentido estratégico y en la innovación en la gestión del Estado.