El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Entre los puntos principales se destacan establecer la autonomía, fijar como única finalidad cuidar el valor de la moneda y prohibir la emisión para financiar el déficit fiscal. Cabe señalar que estos aspectos estuvieron vigentes en la Carta Orgánica del Banco Central entre los años 1992 y 2001. Pero en el marco de la crisis del 2002 se autorizó al Banco Central a prestarle al Tesoro con un tope y en el 2012 se eliminó la independencia, se sumó el objetivo de crecimiento con equidad y se relajó el tope.
La reforma va en línea con las buenas prácticas internacionales. Dentro de ellas, un antecedente muy interesante es Perú. En 1993 institucionalizó la independencia del Banco Central con la prohibición estricta de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y la prohibición de fijar controles de cambio. El esquema se mantuvo aún bajo un contexto político de extrema fragilidad y volatilidad. Esta semana la candidata ganadora de las últimas elecciones, Keiko Fujimori hija de Alberto Fujimori el presidente que instaló la independencia del Banco Central, confirmó que seguirá respetando a rajatabla el esquema del Banco Central.
Resulta pertinente comparar los resultados alcanzados en Perú respecto a los que consiguió la Argentina con un Banco Central subordinado a las presiones políticas. Según el instituto de estadísticas peruano y el INDEC argentino se observa que:
- La media de la tasa de inflación en los últimos 10 años en Argentina fue de 66% anual mientras que en Perú fue de 3,5% anual.
- El PBI en los últimos 10 años en Argentina aumentó apenas un 3% mientras que en Perú creció un 26%.
- La tasa de inversión en Argentina es de 18% del PBI mientras que en Perú es de 24% del PBI.
Estos datos muestran un fuerte contraste entre el desempeño macroeconómico de Perú respecto a la Argentina. La independencia del Banco Central tiene asociado una tasa de inflación mucho más baja y un crecimiento económico más alto. Una diferencia particularmente relevante es que la inversión en Perú es sustancialmente más alta que en la Argentina. El orden de causalidad es que la estabilidad favorece la inversión y esto da sostenibilidad al crecimiento económico.
El ejemplo de Perú demuestra que es muy necesario contemplar candados institucionales para impedir que se use al Banco Central para financiar desequilibrios fiscales. Pero también es muy importante prohibir los controles de cambio. Esto es erradicar la potestad de fijar barreras para acceder al mercado cambiario y la imposición de tipos de cambio múltiples. Los éxitos económicos de Perú, aun en contextos políticos muy adversos, radican en que se les dio confianza a los ahorristas e inversores de que no serán estafados gracias a que está vedada la posibilidad de imponer cepos cambiarios y financiar déficits con emisión.
Para que estos candados institucionales funcionen y sean creíbles no alcanza con plasmarlos en una ley que modifique la Carta Orgánica del Banco Central. La razón es que queda latente, como ocurrió en el 2002 y se potenció en el 2012, la posibilidad de una ley posterior que revierta el esquema. Por eso, en paralelo con la independencia del Banco Central, es imprescindible un marco institucional que le de sostenibilidad al equilibrio fiscal. Esto es mucho más complejo de lograr en un país federal, como Argentina, que en Perú que es unitario. No es casualidad que la autonomía del Banco Central se abandonó en el 2002 en el marco de una crisis cuyo disparador fueron los déficits fiscales provinciales. Por esta razón es imprescindible consensuar un acuerdo de coordinación tributaria y de funciones entre la Nación y las provincias. Con el actual desorden y solapamiento de impuestos y roles entre la Nación y las provincias la independencia del Banco Central es menos creíble.
La reforma del Banco Central va en el sentido correcto. Fijar como único objetivo la estabilidad y darles a los funcionarios responsables autonomía para lograrlo va en línea con las buenas prácticas. Tipificar como delito penal emitir para financiar déficit fiscal e imponer controles de cambios también deben ser parte de la reforma. Pero esto será insuficiente si no se avanza en institucionalizar el ordenamiento fiscal a nivel nacional, provincial y municipal.
