La cobertura de agua y saneamiento público en Argentina es muy deficiente. Sólo el 85% de los hogares tiene agua de red y el 61% tiene cloacas. El resto se provee de agua de pozo y utiliza cámaras sépticas para el tratamiento de los desagües cloacales. Además de baja cobertura, hay situaciones muy dispares entre regiones. En CABA, la cobertura de ambos servicios es casi del 100%, mientras que en el Conurbano es de 73% y 55%, respectivamente. En el interior del país la situación es intermedia con 89% de agua y 59% de cloacas.
Históricamente, el servicio en el AMBA estuvo a cargo de la Nación, mientras que en el resto del país es provisto por los gobiernos locales. En 1993 se privatizó el servicio de saneamiento del AMBA y en el 2006 se volvió a estatizar creando la empresa AySA. En los 20 años de vida de la estatal AYSA, la Nación manipuló las tarifas de agua y cloacas y cubrió los déficits de la empresa con subsidios nacionales. Es decir, con recursos que aportan los habitantes de todo el país se financió el servicio de los habitantes de CABA y el Conurbano.
En función de estos antecedentes resulta pertinente dimensionar los recursos que la Nación destinó a AySA y compararlo con la inversión en agua y saneamiento realizado por los gobiernos locales. Según ASAP y el Ministerio de Economía se observa que:
- Entre el 2006 y el 2025 la Nación transfirió subsidios a AySA por un total del 2% del PBI.
- En el mismo período las provincias y los municipios del interior asignaron a los servicios propios de agua de red y cloacas un total de 5,8% del PBI.
- Esto significa que la Nación transfirió a AySA en los 20 años de estatización el 35% de lo que las provincias y municipios del interior asignaron a la misma finalidad.
Estos datos muestran que con AYSA hay dos problemas de naturaleza diferente. Por un lado, una enorme masa de fondos públicos nacionales que se administran muy mal. Por el otro, que al estar bajo responsabilidad de la Nación se obligó a los habitantes del interior a financiar los servicios de agua y cloacas del AMBA. Es decir, quienes viven en el interior tienen que financiar, no solo el costo de los servicios propios, sino también parte del costo de los servicios provistos por la Nación a los habitantes de CABA y el Conurbano.
Este doble esfuerzo que se le exige a los habitantes del interior carece de fundamentos. Particularmente irritante es que con fondos nacionales se subsidie a los habitantes de CABA que es la región con ingresos más altos del país. Pero incluso es injusto que solo el conurbano reciba subsidios nacionales cuando en muchas regiones del interior del país la pobreza y los déficits de agua y saneamiento son similares o peores. Estos antecedentes alertan que la privatización se queda a mitad de camino porque mantiene la responsabilidad de regular y controlar el servicio a cargo de la Nación. Además de privatizar, son los gobiernos de CABA y de la Provincia de Buenos Aires los que tienen que asumir la responsabilidad de regular y controlar el servicio de AySA.
El caso de AySA es otro ejemplo del nivel extremo al que ha llegado la desconfiguración del régimen federal. Ante el desorden prevaleciente es imprescindible abordar un acuerdo de coordinación fiscal que clarifique la distribución de potestades tributarias y de responsabilidades de funciones entre los diferentes niveles de gobierno. Esta es la manera de corregir solapamientos, ambigüedades y arbitrariedades que son fuente de ineficiencias e inequidades. Uno de los criterios que debe incorporar el diseño de este acuerdo es que la provisión de servicios públicos y sociales a la población son exclusiva responsabilidad de las provincias con sus municipios, sin interferencia nacional
Las polémicas con relación a AySA están concentradas en la enorme masa de fondos públicos que derivaron en ineficiencia y corrupción. Esto lleva a pasar por alto que, además, provocó una irritante inequidad contra los habitantes del interior del país. Asumiendo el fracaso de AySA en su integralidad queda claro que el desafío no es solo transferir su gestión al sector privado. Hay que transferir también el control y la regulación de la empresa a los gobiernos de CABA y de la provincia de Buenos Aires.
