El déficit fiscal se bajó gracias a la inflación

El gobierno anterior heredó en el 2015 una situación fiscal muy precaria. El déficit fiscal era de 5,1% del PBI y el Estado nacional se encontraba en cesación de pagos (default). La estrategia inicial se basó en evitar ordenar el sector público porque podía ser considerado antipopular. En su lugar, se optó por confiar en su credibilidad en el mundo de los negocios para atraer una “lluvia de inversiones” e impulsar el crecimiento. Esto traería aumentos de ingresos tributarios y, manteniendo el gasto público constante en términos de inflación –pero decrecientes en términos del PBI–, el déficit fiscal desaparecería. En la transición, para evitar emisión monetaria inflacionaria se apeló al endeudamiento en dólares.

La realidad demostró que las inversiones y el crecimiento económico exigen más que declamaciones. Los ingresos crecieron menos que lo previsto y los gastos, sin grandes cambios en la organización del Estado, también crecieron más que lo proyectado. La principal consecuencia fue un uso abusivo del endeudamiento público que derivó en un crecimiento exponencial de los intereses y atraso cambiario. Desencadenada la crisis económica, a inicios del 2018, el gobierno nacional fue forzado a cambiar de estrategia.

Entre los años 2017 y el 2019, ya en emergencia, el gasto fiscal primario se redujo en 4,1% del PBI. Los principales ítems que explican el fuerte ajuste son:

• Aproximadamente un 47% se explica por la reducción en el valor real de las jubilaciones y los salarios públicos.
• La reducción en el valor real de la inversión pública explica otros 21%.
• La reducción en el valor real de subsidios a las tarifas públicas explica otros 14%.

Estos datos ponen en evidencia que la reducción del gasto público primario fue importante, pero poco sustentable. Casi la mitad de la caída en las erogaciones se explica por la licuación de jubilaciones y salarios públicos que produjo la aceleración de la inflación. Casi otro cuarto de la reducción se explica porque el aumento en la inversión pública fue muy por debajo del incremento de los precios. Es decir, prácticamente tres cuartas partes de la disminución del gasto público no se hizo por ordenamiento del sector público sino por licuación inflacionaria. En el único ítem importante donde la lógica fue diferente es en subsidios a los servicios públicos, donde la baja en las erogaciones es sustentable en la medida que se mantenga la recuperación del valor real de las tarifas.

La devaluación no sólo generó las condiciones para recomponer la balanza comercial sino también las finanzas públicas. La inflación licuó las jubilaciones, los salarios públicos y otros ítems del gasto público. Esto produjo el ajuste fiscal. No es que el Estado gaste menos porque se replanteó la organización del sistema previsional o porque corrigió excesos de burocracia e ineficiencias. Por el contrario, la principal fuente de reducción de gasto es el rezago temporal en la actualización de las jubilaciones, salarios y otros gastos del Estado.

Esta manera de bajar el gasto es socialmente costosa, económicamente ineficiente y poco sustentable en el tiempo. Salvo que la aceleración inflacionaria se profundice, la tendencia natural es que el valor de las jubilaciones, los salarios públicos y la inversión pública se recuperen. Esto se explica tanto por cuestiones legales (por ejemplo, las normas y doctrina previsional que regulan la movilidad previsional), como por presiones sindicales o por necesidad de que la infraestructura no se siga deteriorando. El ajuste fiscal basado en licuación inflacionaria es propio de una crisis, pero no tiene capacidad para sostenerse en el tiempo, ni mucho menos para generar condiciones de crecimiento y progreso social.

Por eso, el re-perfilamiento de la deuda pública no es el tema más importante, ni el más complejo de resolver. Suponiendo que se condonara el 100% de la deuda, el problema central seguiría siendo el sector público que tiende a gastar, estructuralmente, más de lo que recauda. De allí que el tema decisivo es avanzar con un profundo ordenamiento tributario, previsional y funcional del Estado. De lo contrario, las devaluaciones y la inflación serán las que fatalmente hagan los ajustes en las cuentas públicas.

Para más información, puede comunicarse con el Economista Jorge Colina. Mail: jcolina@idesa.org Tel: +54 9 11 4550 6660