Informe Nº: 40817/11/2011
El proyecto de presupuesto 2012 mantiene las debilidades técnicas y la falta de transparencia que caracteriza a la administración fiscal de los últimos años. Sin perjuicio de esto, alcanza para explicitar que no está en los planes del gobierno corregir el descontrol y la falta de racionalidad de los subsidios a empresas públicas y privadas. […]
El proyecto de presupuesto 2012 mantiene las debilidades técnicas y la falta de transparencia que caracteriza a la administración fiscal de los últimos años. Sin perjuicio de esto, alcanza para explicitar que no está en los planes del gobierno corregir el descontrol y la falta de racionalidad de los subsidios a empresas públicas y privadas. Se sigue priorizando este regresivo mecanismo que potencia la corrupción, el centralismo y la redistribución regresiva del ingreso, incluso en desmedro de una de las principales acciones asistenciales establecida por el Gobierno y compartida por la población, como la Asignación Universal por Hijo.
El Poder Ejecutivo elevó al Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto 2012. Como viene siendo práctica desde hace varios años, tiene groseras fallas técnicas. Una muy importante es que, deliberadamente, se subestiman los ingresos públicos (generando artificialmente recursos “adicionales” que son administrados con total discrecionalidad) y mucho más aún se subestima el gasto público (para aparentar una situación fiscal de equilibrio que no es real).
En la literatura y en la práctica de los países más desarrollados, el presupuesto es considerado una herramienta clave para el funcionamiento del sistema democrático y republicano. Se entiende que así como los ciudadanos están obligados a pagar los impuestos, los gobernantes están simétricamente obligados a consensuar planes de acción y rendir cuentas a través del presupuesto. En la Argentina, por sorna de quiénes son responsables de formularlo y resignación de la oposición, el presupuesto nacional es una institución degradada.
A pesar de que las estimaciones del presupuesto tienen poco que ver con la realidad, de todas formas insinúa ciertas tendencias sobre la priorización del gasto público. En este sentido, es útil observar los planes que se hacen para el año 2012 en las siguientes asignaciones de recursos públicos:
La Asignación por Hijo es presentada por el oficialismo como la principal acción de compromiso con los pobres. Más allá de sus debilidades en el diseño y la ejecución, lo cierto es que es también la política más compartida por la población, incluyendo a un segmento vasto y heterogéneo de la oposición. Sin embargo, según el proyecto de presupuesto presentado al Congreso tendrá asignados recursos que son 6 veces inferiores a los que se propone utilizar para subsidiar a empresas públicas y privadas. Es decir, la brecha que media entre el discurso y la realidad es enorme.
En el proyecto de presupuesto se señala que la empresa pública AYSA, responsable de proveer agua potable y saneamiento a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, generará $775 millones de ingresos operativos y recibirá $986 millones de subsidios a cargo del Estado nacional. El retraso de la tarifa es uno de los principales factores que explica que con ingresos genuinos sólo se cubra el 44% de las erogaciones. En la práctica, esto implica que todos los habitantes del país –la mayoría sin servicios de agua y cloaca por red– pagan impuestos para que los habitantes de la Capital Federal, la región de más altos ingresos, disfruten de un servicio por el que no llegan a pagar ni la mitad de su costo. El contrasentido llega al grotesco con la petrolera estatal ENARSA. Esta empresa pública genera ingresos operativos por $4.200 millones y recibe subsidios del Estado nacional por $10.500 millones. Probablemente sea la única empresa petrolera estatal en el mundo que en lugar de generar recursos para el Estado, recibe enormes subsidios: por cada $1 que genera, el Estado la subsidia con $2,5.
El presupuesto es una oportunidad para rediscutir la priorización en la asignación de los recursos públicos. Lamentablemente, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo dilapida esta oportunidad y persevera en la tendencia a usar fondos públicos para beneficiar intereses espurios. AYSA, la operadora ferroviaria del Belgrano, ENARSA o Aerolíneas Argentinas –que ni siquiera es incluida en el presupuesto porque su carácter de empresa estatal todavía no está resuelto– son potenciales mecanismos de corrupción, empleo improductivo y redistribución regresiva del ingreso porque reducen las tarifas de usuarios mayoritariamente de altos ingresos que viven en la región más próspera (la metropolitana).
La preocupación frente a un contexto internacional que podría no ser tan favorable para la Argentina agrega razones para impulsar un cambio de estrategia. El Congreso podría hacer un aporte decisivo aprobando un presupuesto de mejor calidad técnica, que respete la organización federal prevista en la Constitución y desarticule los subsidios a empresas públicas y privadas para priorizar a las familias en mayor estado de vulnerabilidad.
