Informe Nº: 10/01/2022
No hay atajos que permitan eludir un ordenamiento integral del sistema tributario en el que se involucren los tres niveles de gobierno.
La firma de una nueva adenda al Consenso Fiscal entre la Nación y la mayoría de las provincias fue motivo de encendidos y contradictorios debates. El documento que se acaba de rubricar constituye la cuarta adenda (una todos los años) sobre el pacto originalmente firmado en 2017 durante el gobierno de Cambiemos. Nuevamente, como ya es una tradición en el abordaje de las políticas públicas en la Argentina, hubo poco análisis económico y mucho oportunismo e improvisación.
¿Qué proponía el Consenso Fiscal? En su versión original, el acuerdo contemplaba un amplio y heterogéneo conjunto de políticas públicas. Una de las más importantes era fijar un cronograma que comprometía la reducción gradual de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos.
Se trataba de una decisión muy importante porque, por un lado, son dos impuestos con impactos muy negativos sobre el desenvolvimiento de la economía. Pero, por el otro, constituyen para las provincias (especialmente las más grandes) una muy importante fuente de financiamiento.
La sucesión de adendas fue postergando la aplicación del cronograma y con la última se lo abandonó definitivamente. Esto implica que las provincias que firmaron se comprometen a respetar los topes hasta ahora vigentes y las que no firmaron, a manejar libremente las alícuotas. Esto mismo fue renovado con la firma del actual consenso fiscal, que no implica ningún aumento de impuestos ni innovación tributaria.
El esquema original se inspira en la lógica del “gradualismo”. Partiendo del supuesto de que la economía crecería en los años subsiguientes. Las ganancias de recaudación que generaría el crecimiento permitiría compensar el impacto negativo de la baja de alícuota. Las provincias no se desfinanciarían porque la reducción de impuestos se compensa por los efectos positivos sobre la recaudación del crecimiento económico.
La realidad es que la economía no creció y, por lo tanto, se tuvieron que firmar las adendas suspendiendo el cronograma de reducción. El estancamiento económico justificó la firma de las cuatro adendas (dos con el actual gobierno, dos en el gobierno de Cambiemos), suspendiendo la aplicación del cronograma de reducción de alícuotas.
Analizando con objetividad, el principal problema es la inconsistencia en el diseño.
Por un lado, se asume el diagnóstico de que la Argentina no podrá crecer mientras mantenga un sistema tributario tan complejo y distorsivo. Pero, por el otro, se plantea una baja de impuestos supeditada a que la economía crezca.
Como era previsible, la economía no creció, y por lo tanto se fueron sucediendo las firmas de adendas para suspender la baja. El fracaso del consenso era previsible porque se sostenía en un supuesto (que la economía crecería) que era contradictorio con el diagnóstico de partida (la economía no puede crecer con el actual sistema tributario).
En el caso de los impuestos a las ventas, hay un ejemplo concreto y relevante. Claramente el IVA es un tributo de mejor calidad que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Por algo la mayoría de los países bien organizados aplican IVA y ninguno Ingresos Brutos.
Por lo tanto, una estrategia recomendable, en lugar de seguir buscando atajos que sólo conducen a nuevos fracasos, es eliminar Ingresos Brutos y compensar la pérdida de recaudación con una alícuota más elevada en el IVA.
Se suele argumentar que la alícuota del IVA ya es alta como para seguir aumentándola. Nuevamente se trata de un argumento inconsistente. La unificación no aumenta la presión impositiva, simplemente la transparenta. Con la enorme ventaja adicional de que lo hace a través de un tributo mucho menos distorsivo.
La principal lección que deja la experiencia del consenso fiscal y que no la entendió el gobierno actual es que no hay atajos que permitan eludir un ordenamiento integral del sistema tributario en el que se involucren los tres niveles de gobierno.
Este es el camino para lograr que el Estado pueda funcionar con equilibrio fiscal, una presión impositiva tolerable para la producción y brindar servicios estatales de alta calidad y profesionalismo.
Con esto, se puede tener una macroeconomía ordenada, una tasa de inflación de un dígito y una legislación tributaria y laboral mucho más moderna que transforme el crecimiento económico en mayores empleos de calidad.
Es cierto que se trata de un desafío muy complejo que demanda mucha innovación, profesionalismo y audacia. Pero no abordarlo implicará seguir acumulando frustraciones y prolongando la decadencia.
