No hay que pagarle más a los bonistas sino ordenar el Estado

La propuesta de canje de deuda en dólares del gobierno argentino fue apoyada por 138 economistas internacionales, mucho de ellos de renombre en el mundo académico incluyendo Premios Nobel. Otros 174 pares argentinos hicieron lo propio. De esta forma, desde el punto de vista académico, la propuesta de canje de deuda argentina tuvo un fuerte respaldo.

La carta de apoyo de los académicos señala que Argentina ha presentado a sus acreedores una oferta responsable dada su capacidad de pago. La oferta argentina solicita un período de gracia de tres años, con una quita reducida en el capital y significativa en los intereses. Para reforzar los argumentos se mencionan que el FMI señaló la necesidad de que los acreedores privados hagan una contribución importante para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Los académicos entienden que es una oportunidad para que la comunidad financiera internacional resuelva una crisis de deuda soberana ordenadamente.

Sin embargo, la mayoría de los acreedores externos rechazaron la oferta argentina. ¿Cómo se explica visiones tan divergentes? Más allá de que unos opinan desde la academia y otros “desde el bolsillo”, otra razón la dan las cuentas públicas. Según datos del Ministerio de Economía al 1º trimestre del 2020 se observa que:

• Los ingresos del sector público nacional ascendieron a 15,9% el PBI.
• El gasto público primario (el gasto antes del pago de intereses de deuda) ascendió a 18,2% del PBI.
• Esto significa que el déficit fiscal es de -2,3% del PBI o, en otras palabras, que el Estado sólo recauda el 86% de lo que gasta, sin considerar el pago de intereses.

Estos datos muestran un gran desequilibrio entre ingresos y gastos. No se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia secular del Estado argentino a gastar siempre por encima de sus recursos. La paralización de la economía –a diferencia de otros países donde el relajamiento fiscal como paliativo frente a la pandemia es una medida transitoria– en la Argentina implica agravar un déficit fiscal crónico que viene desde décadas.

Tanto los académicos como los acreedores tienen razón. Los académicos la tienen cuando dicen que la oferta argentina está en el límite de lo que puede pagar dada su paupérrima situación fiscal. Los acreedores tienen razón cuando piden aumentar los pagos dado que Argentina es un deudor crónico de alto riesgo con sobradas muestras de no tener vocación de ordenar sus cuentas públicas. El contraejemplo es la restructuración de deuda que abordó Uruguay en el 2002. El éxito no lo logró asumiendo compromisos exagerados sino haciendo un planteo sincero, creíble y consistente de ordenamiento del Estado. Con esto, la comunidad financiera internacional aceptó reprogramar la deuda pública uruguaya. El resultado es que Uruguay pudo crecer, honrar su deuda y, lo más importante, impulsar un proceso sostenido de crecimiento e inclusión social.

Los acreedores no solo miran cuánto ofrece pagar la Argentina sino que también evalúan cuál es la probabilidad de que cumpla. Como el gobierno no muestra vocación por ordenar el Estado, los riesgos de incumplimiento son muy altos. Por eso, aun cuando se ofrecen rendimientos similares a los que pagan los países vecinos por sus deudas, la propuesta es rechazada. El problema no es que la oferta sea demasiado mezquina, sino la baja credibilidad de que se cumpla. En este contexto es un error presionar al gobierno a que plantee una oferta más generosa. Por esta vía, puede que se evite un nuevo y repetido default, pero se agravarán los problemas a futuro.

Tanto los académicos que apoyan la propuesta oficial como quienes proponen mejorar la oferta harían un aporte mucho más útil al país si presionaran para que el gobierno ponga en agenda la modernización del sector público. Con un plan creíble de ordenamiento tributario, previsional y funcional sería más fácil lograr la aceptación de la restructuración. Mucho más importante aún, es que un Estado ordenado generará las condiciones para iniciar un proceso de crecimiento económico con inclusión social.

Para más información, puede comunicarse con el Economista Jorge Colina. Mail: jcolina@idesa.org Tel: +54 9 11 4550 6660.