Producción de petróleo cayó al nivel de hace 20 años atrás

En la última década, el país sufrió un retraso sin precedentes en su capacidad de producción petrolera. El origen de este proceso es la aplicación sistemática de regulaciones irracionales que combinan prohibiciones, privilegios, malos impuestos y subsidios poco transparentes. En este contexto, el acuerdo de YPF con Chevron no es ni la “salvación” ni la “entrega” sino una manera de perseverar en el fracaso ya que se insiste con la misma lógica de malas regulaciones. Para revertir el retroceso y lograr resultados positivos se necesita imponer mejores reglas de juego.

Desde la crisis del año 2002 se multiplican los problemas en el sector petrolero. Primero fue el control de los precios y la elevación de los derechos de exportación para atenuar el impacto de la megadevaluación. Al utilizar paliativos coyunturales e improvisados, se produjo un fuerte desaliento a la inversión. Esto provocó reducción en las exportaciones y luego pasar a ser importador de combustibles. El fracaso fue la excusa para legitimar la estatización de YPF apelando a un controvertido proceso de expropiación cuya resolución todavía está pendiente. Ahora, ante la insuficiencia de fondos para financiar inversiones, YPF avanza en un acuerdo con la empresa Chevron. Esta es la nueva apuesta con la que se espera revertir la caída en las inversiones petroleras.

Para contextualizar los resultados producidos con estos vaivenes en la política petrolera resulta muy ilustrativo analizar la serie histórica de producción de petróleo en la Argentina en los últimos 60 años. Según información publicada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas se observa que:    

· Entre los años 1958 y 1972 se dio la primera gran ola inversora en el sector petrolero pasando la producción de 6 a 25 millones de metros cúbicos por año.

· Luego de 2 décadas de estancamiento, entre los años 1991 y 1998 se dio la segunda gran ola inversora aumentando la producción de 29 a 49 millones de metros cúbicos por año.

· En el año 1999 se inicia un proceso de involución que lleva a que en el año 2013 la producción de petróleo caiga a 33 millones de metros cúbicos por año.

Estos datos muestran que la degradación de los últimos años fue mucho más profunda que la registrada en las décadas de los ´70 y ´80, a tal punto que hizo involucionar la producción petrolera al nivel que había prácticamente hace 20 años atrás. El resultado es que se consumió toda la capacidad de producción desarrollada en la segunda ola inversora que se produjo en la década de los ´90.  

En este contexto, se anuncia el “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” en el marco de la Soberanía Carburífera. Se trata de una nueva regulación diseñada “a medida” del acuerdo con Chevron. Entre los puntos más importantes se destaca el establecer que si una empresa invierte más de $1.000 millones en 5 años, podrá exportar 20% de su producción sin pagar derechos de exportación y disponer libremente de esas divisas. El incentivo se mantiene incluso si por falta de abastecimiento interno debiera vender esa cuota internamente, ya que recibirá el equivalente al precio internacional sin derechos de exportación y pudiendo convertir ese ingreso a dólares al tipo de cambio oficial.

Más paradójico que aprobar un beneficio especial para Chevron declamando soberanía es que se fije como régimen de “promoción” lo que el sentido común indica que debería ser la regla general. En lugar de permitir exportar y disponer libremente de los dólares generados a todos los operadores, se impone una maraña de regulaciones irracionales que producen caída de la inversión, la que luego es utilizada para legitimar complejas excepciones generadoras de “nichos” de negocios oscuros. Habría menos corrupción y más incentivos a la inversión productiva generalizando este “privilegio” de poder exportar y disponer de las divisas a todas las empresas de todos los sectores. 

El sector energético ilustra la lógica de las políticas públicas que se vienen aplicando en la última década. Es decir, la subestimación –no sólo del Gobierno sino de gran parte de la clase dirigente– de la relevancia que tiene la calidad de las instituciones. Mientras oficialismo y oposición distraen esfuerzos discutiendo las cualidades financieras, técnicas y/o éticas de Chevron, pasan por alto que lo importante no es la empresa sino las reglas de juego que se aplican. Empresas bien intencionadas, bajo regulaciones deficientes, fatalmente generan malos resultados; en igual sentido, empresas mal intencionadas no tienen siquiera cabida cuando el diseño de reglas de juego que se aplican es bueno.