Provincias: ¿el modelo a seguir?

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA.

Tradicionalmente las finanzas públicas provinciales tendieron a estar en crisis. Un punto culmine fue durante la convertibilidad, cuando la acumulación de desequilibrios llevo a que la mayoría apelara a la emisión de cuasi-monedas. El más recordado, por su masividad, fueron los patacones bonaerenses.

Cuando comienza la bonanza internacional de 2004, el retorno de la inflación, la recuperación de la actividad económica y las subas del impuesto a los Ingresos Brutos y sellos incrementó los ingresos públicos provinciales. Esto ayudó a acomodar las finanzas aunque hubo provincias que igual atravesaron crisis.  Un punto importante de inflexión se dio a partir del 2016 con la devolución a las provincias de la coparticipación -que se había desviado a Anses en 1992- gracias a un fallo de la Corte.

La cuestión es que en la actualidad el gobierno nacional está completamente ahogado. Tiene un déficit financiero de 3,8% del PIB, sin financiamiento voluntario en el mercado de deuda, con renovaciones de deuda pública cada vez más onerosas y con el único auxilio del FMI.

Las provincias, en cambio, presentan un superávit financiero consolidado de aproximadamente un 1% de PIB. Ahora son las provincias las que están financiando al ahogado. Ya sea suscribiendo letras del Tesoro o colocando plazos fijos que -por la vía de las Leliqs- terminan siendo financiamiento a la Nación. Habría que chequearlo con más rigurosidad histórica, pero debe haber pocos antecedentes de una situación similar en la historia de la República Argentina desde su nacimiento en 1862.

¿Alicia en el país de las maravillas?

¿Qué pasó? ¿Los gobernadores se volvieron virtuosos administradores? Más precisamente, ¿las provincias son un modelo a seguir para que la Nación salga de su crítica situación fiscal?

Conviene mirar la dinámica en las finanzas públicas provinciales.

En el 2017 la situación fiscal de las provincias no era holgada. De las 24 provincias argentinas, 15 tenían déficits financieros. Había situaciones diferentes, pero sumados los resultados financieros el consolidado daba un déficit financiero agregado de 0,5% del PIB.

En el 2018 se acelera la inflación. Tomando el período 2017 – 2022 surge que la inflación total fue del 600%, los ingresos públicos provinciales crecieron un 620% pero los gastos totales crecieron “sólo” 550%. Dentro de los gastos totales, el gasto en personal -que representa más de la mitad del gasto provincial- creció 500%.

En otras palabras, el paso de déficit a superávit financiero está muy asociado a la caída en términos reales de los salarios públicos. Tanto es así que, si se hace un ejercicio de simulación aumentando los salarios públicos al mismo ritmo que la inflación, se esfuma el superávit fiscal. La estrategia es muy clara: ajuste fiscal basado en la licuación de gastos, especialmente de los salarios públicos.

Gracias al ajuste inflacionario, las provincias alcanzaron la meta de “déficit cero”. Esto fue lo que se buscó en la última parte del Gobierno de Cambiemos, es lo que está tratando de hacer el actual Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI y es lo que estarían pensando varios referentes económicos de la oposición. El acuerdo alrededor del déficit cero por la vía de la inflación es bastante amplio, pero la experiencia de las provincias sirve para ilustrar que son consensos equivocados.

Además de que el ajuste no es sostenible (si baja la inflación, se recuperan los salarios y se esfuma el superávit) no hay que perder de vista que las provincias junto con sus municipios son las encargadas de las funciones sociales fundamentales para la calidad de vida de la gente. Educación, salud pública, vivienda, urbanismo, asistencia social, ambiente, seguridad, justicia, etcétera. Si bien hay muchas diferencias entre provincias, lo que prevalece, en general, son severos déficits de gestión.

Más de la mitad de los jóvenes de 15 años no tienen capacidades de lectura; las tasas de mortalidad infantil de muchas provincias son de 2 dígitos; hay muchos déficits de vivienda, mala infraestructura urbana y gente viviendo en villas o en lugares con mala calidad del ambiente; los problemas por la falta de seguridad son moneda corriente y la justicia funciona muy mal.

Tan importante como eliminar los déficits financieros, es eliminar los déficits de gestión. Esto no se logra con el ajuste fiscal tradicional sino con un ordenamiento integral del Estado en sus tres niveles de gobierno. Esto incluye la unificación de impuestos, la eliminación de superposición de funciones entre jurisdicciones, el ordenamiento del sistema previsional y la profesionalizando del empleo público.

Con ordenamiento del Estado se logra el equilibrio fiscal mejorando la calidad de vida de la gente.

Fuente: El Economista