Escuela
Las pruebas APRENDER 2017 muestran que las escuelas del Estado tienen peores resultados que las privadas. Esto implica que los pobres acceden a una educación de peor calidad. Mejorando la gestión de las escuelas estatales y las formas de financiamiento de la educación se podría evitar esta grave inequidad social.
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Si bien la Ley de Educación Nacional del año 2006 estableció la evaluación como política para la calidad educativa, pasó más de una década para que se anunciara la evaluación de los docentes. El rechazo y las polémicas carecen de sustento ya que la evaluación docente es una buena práctica educativa, muy utilizada en otros países e imprescindible para que los crecientes recursos que se invierten en salarios y cargos docentes redunden en mejor educación de los alumnos.
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Pocos temas generan mayores consensos que la educación como factor de progreso social. En función de ello, en los últimos años se han multiplicado los recursos asignados a la educación pública. Pero, paradójicamente, las familias de manera masiva optan por enviar a sus hijos a escuelas privadas. Se trata de una manifestación, espontánea y silenciosa, asimilable a un “8N educativo” que denota frustración y desencanto frente a la mala administración de los fondos públicos. Esto marca la urgencia de reconstruir el sistema educativo en base a valores de esfuerzo y calidad.
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A pesar de que se realizó un esfuerzo inédito de inversión en educación, llegando a superar la meta fijada en la Ley de Financiamiento Educativo del 6% del PBI, la formación que recibe la mayoría de los jóvenes, especialmente los más pobres, es cada vez más deficiente. Esto demuestra que la calidad de la educación no depende sólo de contar con más docentes mejor remunerados sino que también hacen falta reglas que estimulen la superación y la excelencia. Los justificativos de la máxima autoridad de educación a la toma de las escuelas ilustran de manera palmaria esta desorientación y pérdida de valores en la comunidad educativa.
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