Gasto púbico
Genera justificada preocupación la persistencia de la inflación. La principal razón es que los importantes ahorros obtenidos en subsidios a la energía fueron a parar a mayor gasto en otros subsidios y en programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales. Mientras tanto, sigue el vertiginoso crecimiento de las erogaciones de la ANSES. No hay posibilidades de reducir la inflación sin un ordenamiento más integral del sector público. (más…)
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La desaparición de un militante genera polémicas y profundiza los desencuentros sociales. El hecho vuelve a poner en evidencia la incapacidad de la Justicia para investigar con efectividad. Que la Justicia funcione tan mal, no solo para resolver casos complejos sino también los rutinarios, resulta contradictorio con el acelerado crecimiento de sus presupuestos. Esto sugiere que no se trata de insuficiencia de recursos sino de falta de gestión, transparencia y responsabilidad.
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El gobierno nacional acordó con las provincias actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Se trata de una herramienta que en su momento se estableció para promover austeridad y transparencia en la gestión pública pero que perdió eficacia por las excepciones que se le fueron aplicando en los últimos años. Las reformas acordadas tratan de restablecer el espíritu original de la ley, aunque su contenido es insuficiente para enfrentar los enormes desequilibrios acumulados.
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Gran parte de la masiva exteriorización de activos ocultos se volcó a títulos públicos aprovechando que están exentos de impuestos. Esto promueve mayor endeudamiento y retrasa la recuperación vía atraso cambiario por la entrada de dólares “blanqueados”. Para capitalizar el éxito del blanqueo sería recomendable comenzar a eliminar las exenciones impositivas a los títulos públicos, reducir impuestos sobre la producción y aumentar energías en reducir el gasto público.
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Los cambios en la conducción del Ministerio de Salud y el cruce de culpas entre funcionarios por los incendios en La Pampa están asociados a una forma de administración arcaica. Que la Nación ejecute acciones que se superponen con facultades provinciales induce al derroche de recursos y a la dilución de responsabilidades por los malos resultados. Respetando la organización federal se puede lograr una administración más eficiente y transparente.
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El gobierno hizo explícitas sus metas de reducción de la inflación. Aunque modestas, cumplirlas exige un programa integral de reducción en los excesos de gasto público producidos en los últimos años. Abordar los bolsones más visibles de empleo público espurio es apenas uno de los componentes. Mucho más importante como determinantes del crecimiento del gasto público es la expansión indiscriminada de jubilaciones sin aportes y subsidios económicos a empresas.
Las autoridades económicas explicitaron que la meta de inflación para el presente año será de entre 20% y 25% anual. Se trata de un nivel inferior al del año pasado, pero no muy diferente al observado en años anteriores. Se planteó además que el ritmo de crecimiento en los precios irá disminuyendo progresivamente hasta alcanzar niveles de un dígito entre los años 2018 y 2019. Comparado con otros países, incluso los vecinos, se trata de metas muy modestas. Hay un reconocimiento de que la Argentina no sólo sufre una de las inflaciones más altas del mundo sino que la seguirá soportando por varios años más.
El principal motivo es el muy alto déficit fiscal. Aun con record de presión tributaria, los ingresos no alcanzan para cubrir las erogaciones del Estado. La consecuencia es una masiva emisión monetaria que impacta sobre los precios. Esto marca la importancia crucial de encarar un programa integral de reducción del gasto público.
Para abordar la tarea de disminuir el gasto público es importante identificar los principales componentes del incremento. Según los datos del Ministerio de Economía, entre los años 2004 y 2014, la presión impositiva nacional creció 8 puntos porcentuales del PBI mientras que el gasto público 12 puntos del PBI. Dentro del crecimiento del gasto se destacan:
Estos datos muestran que sólo estos tres componentes de gasto público explican 10 de los 12 puntos porcentuales de PBI que subió el gasto público. Además, si bien el exceso de contratación de personal en el Estado ha sido un factor importante de expansión, no fue el principal. Mayor incidencia cuantitativa tuvo la expansión del gasto previsional vía el otorgamiento indiscriminado de jubilaciones sin aportes y los subsidios para sostener el retraso de las tarifas de servicios públicos y los déficits de las empresas del Estado.
Los primeros pasos tendientes a corregir las manifestaciones más visibles de uso del Estado para distribuir empleo a militantes, familiares y amigos vienen siendo avalado por gran parte de la sociedad. Pero frente a la magnitud del déficit fiscal, es imprescindible incorporar en la agenda de políticas públicas la revisión de las reglas que rigen el sistema previsional, reducir los subsidios económicos normalizando las tarifas de servicios públicos y erradicar las ineficiencias, abusos y corrupción en las empresas del Estado.
No menos importante son los aspectos cualitativos. La sistemática depredación y colonización que sufrió el Estado plantea un enorme desafío de reconstrucción. Aunque el sector público nunca tuvo tantos empleados, en los niveles centrales y en numerosas delegaciones del interior, la gestión de la asistencia social se privatizó en las organizaciones sociales. Los conflictos en Jujuy demuestran las resistencias que se enfrentan para lograr que el Estado recupere la gestión. Fenómenos parecidos ocurren en las empresas públicas como lo señala el caso de Aerolíneas Argentinas donde gran parte de los subsidios que se le transfieren son apropiados por intereses privados.
Con resignación hay que asumir que la inflación, con todas sus secuelas económicas y sociales negativas, seguirá siendo alta por varios años. La principal razón son las dificultades para financiar el muy alto déficit fiscal, aún en un escenario de nuevo acceso al crédito internacional. Esto marca la altísima importancia de que todas las áreas del sector público adopten criterios de austeridad y simultáneamente incorporen innovación y profesionalismo. El desafío no sólo es reducir el déficit fiscal sino también reconstruir el Estado. Esto implica un profundo cambio de prioridades. En lugar de que el Estado sea la vía para que dirigentes sociales o empresas privadas se apropien de fondos públicos, debe pasar a actuar como un instrumento de progreso económico y social.
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Uno de los rasgos más notables que caracterizó la campaña electoral fue la estrategia aplicada por los candidatos de eludir definiciones en temas importantes. El más notable son las escasas y superficiales referencias al inédito crecimiento en el gasto público y su mala administración. La experiencia reciente de Brasil alerta sobre los costos que generan candidatos que llegan al poder sin haber hecho explícitas con anticipación sus estrategias de gobierno.
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En el marco de un vertiginoso aumento del gasto público y crecientes conflictos salariales el gobierno dispuso un nuevo cambio en el impuesto a las ganancias. Se trata de otro parche que implicará seguir aumentando la presión impositiva, la burocracia administrativa y las injusticias. Las reglas son tan complejas y arbitrarias que llevan a que con iguales ingresos se puede estar exento, pagar un monto reducido o pagar un monto muy elevado en concepto de impuesto a las ganancias.
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La aceleración de la inflación está “licuando” prestaciones sociales e inversiones. Pero no alcanza a compensar el fuerte crecimiento de los subsidios económicos y los intereses de deuda. Por estos dos componentes, el gasto público aumenta más que los ingresos, generando déficits que se financian con emisión monetaria potenciando a su vez la inflación. Con más inflación se retroalimenta este recesivo y regresivo esquema. Para generar alternativas superadoras es imprescindible apelar a menos demagogia y más profesionalismo en la gestión del Estado.
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