Gasto público
Con un alto impacto fiscal, se dispuso reducir la incidencia del impuesto a las ganancias. La decisión se tomó en el marco de un contrasentido entre la declamación por una mayor participación del Estado e igualdad social junto con un enconado rechazo a pagar impuestos, especialmente, el impuesto a las ganancias. Una alternativa más progresista a la de insistir con el impuesto a las ganancias es reducir las cargas sociales y el gasto público.
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La sucesión de hechos que enmarcan la fuga de tres presos de alto riesgo puso al desnudo el nivel extremo de degradación que sufre el sistema de seguridad. Lamentablemente, no es una excepción sino un fenómeno común que también se observa en educación, salud, infraestructura y el resto de los servicios públicos. Esta es la consecuencia de haber confundido el fortalecimiento del Estado con contratar masivamente empleados y aumentar sin criterio el gasto público.
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Para evitar una gran devaluación del dólar es crucial detener la desenfrenada emisión de pesos. Esto sólo es posible reduciendo el gasto público, donde un componente clave son los subsidios económicos. Por eso, los principales desafíos para el próximo gobierno no pasan por replantear la política cambiaria ni por desarticular el cepo sino por actualizar las tarifas de los servicios públicos y reducir el déficit de las empresas del Estado.
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Sin un ordenamiento de las cuentas públicas no hay posibilidad alguna de instrumentar la mayoría de las propuestas que se prometen en la campaña electoral. Más importante aún es que tampoco se podrá salir del estancamiento, inestabilidad y especulación financiera. Dentro de los diferentes componentes del gasto público es claro que la mayor irracionalidad reside en los subsidios económicos.
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Uno de los rasgos más notables de la campaña electoral fue la escasa mención al impresionante aumento del gasto público de los últimos años. Por el contrario, los candidatos compitieron fundamentalmente con propuestas que implican bajar impuestos y aumentar erogaciones. Que por electoralismo se lo haya eludido, no implica que reducir el gasto público deje de ser el tema más importante y urgente que deberá enfrentar el próximo gobierno.
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Mientras que en la campaña electoral se evita abordar definiciones con relación al desorden fiscal, el gobierno propuso en el proyecto de Presupuesto 2016 un importante ajuste en el gasto público. Explícitamente contempla recortar subsidios económicos y obra pública. Pero los desequilibrios son tan grandes que, de manera solapada, también propone ajustes sobre prestaciones sociales y salarios públicos al contemplar aumentos nominales en estos ítems inferiores a la inflación real.
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El crecimiento del gasto público es tan grande que ya no alcanza con la elevada presión impositiva, el consumo de reservas del Banco Central y de la ANSES, y la emisión monetaria. Por eso, se apeló a emitir deuda en dólares aceptando tasas de interés varias veces superiores a las que pagan los países vecinos. La estrategia le genera al gobierno beneficios electorales pero implica estirar una agonía cuyas consecuencias serán asumidas por el próximo gobierno.
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Los principales sindicatos organizan un paro en contra del impuesto a las ganancias a pesar de que la gran mayoría de los trabajadores no están alcanzados. Además, sin reducción del gasto público la pérdida de recaudación terminará recayendo como mayores impuestos sobre los más pobres. Un planteo alternativo es eliminar el despilfarro de fondos públicos y así generar el espacio fiscal necesario para reducir impuestos regresivos, como el inflacionario y las cargas sociales.
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El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.
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En términos de PBI, la Argentina invierte muchos más que los países avanzados en personal de educación. Pero los pobres resultados que obtiene sugieren que el principal desafío pasa por aumentar la calidad de la gestión educativa. Algunos países de la OECD muestran que se puede mejorar los niveles de educación con un número pertinente de educadores, bien pagados y calificados, reglas que estimulen el buen desempeño, más insumos y mejor infraestructura.
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