Impuestos
Se ha hecho rutina anunciar “récords” de recaudación impositiva que, más que una buena noticia, testimonian la intensidad del proceso inflacionario. En los últimos meses, la particularidad fue que el crecimiento de la recaudación se basó también en un inusual incremento de la recaudación de impuestos a las importaciones, a pesar de que las autoridades tratan de desalentar las compras en el exterior. Se trata de otra evidencia de que cuando la política económica es inconsistente, las trabas administrativas y los controles son cada vez más inefectivos y el ajuste vía devaluación del tipo de cambio oficial cada vez más inevitable.
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La Argentina ha alcanzado un récord de presión impositiva. La principal particularidad es que se basa en impuestos muy regresivos y distorsivos. Entre ellos, las cargas sociales que, al gravar los salarios, desalientan la creación de empleos formales. Los países más avanzados tienen niveles de presión tan o más altos que la Argentina, pero en todos los casos centran la recaudación en el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Por eso, la solución no es sumar moratorias impositivas sino una reforma tributaria que apunte a sustituir los impuestos más regresivos y distorsivos, como las cargas sociales, por mayor recaudación de IVA y Ganancias.
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La Argentina disfruta de precios de exportaciones respecto al de importaciones mucho más favorables que en la década de los ’90. Sin embargo, el aumento del dólar paralelo vuelve a colocar al salario medido en dólares por debajo de aquella época. La paradoja de un país con mayor capacidad adquisitiva de sus exportaciones pero menor capacidad de compra de su población se explica por la alta presión impositiva y la baja competividad. La solución pasa por mejorar el funcionamiento del sector público para que los impuestos se traduzcan en mejores servicios y se fijen reglas que induzcan a las empresas a ganar eficiencia.
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Aunque se siguieron aumentando los impuestos, la recaudación apenas creció al ritmo de la inflación. Como el incremento de impuestos no alcanzó para financiar el aumento del gasto público, con decretos de necesidad y urgencia se apeló a los fondos de la ANSES y el Banco Central. Esto refleja un serio desequilibrio de las cuentas públicas, pero también un grave deterioro institucional ya que parte importante de estos recursos se dilapidan en clientelismo con planes sociales y empleo público, subsidios a empresas públicas y privadas, propaganda oficial y discrecionalidad en las transferencias para someter a gobernadores e intendentes.
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La presión impositiva alcanzó niveles inéditos. Aún así, resulta insuficiente frente al extraordinario aumento del gasto público. Por eso, el gobierno nacional apela de manera cada vez más intensa al “impuesto inflacionario”, es decir, a apropiarse de recursos por la vía de desvalorizar con inflación los billetes en poder del público. Con este mecanismo –que resulta más regresivo y distorsivo que cualquiera de los peores impuestos–, la Nación se apodera de una masa de recursos equivalentes a la mitad de los ingresos de la Provincia de Buenos Aires o aproximadamente al doble de los ingresos de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
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Las manifestaciones de disconformidad de la población –más allá de que se canalicen contra el oficialismo o la inacción de la oposición–, en el fondo delatan la incapacidad para generar instituciones racionales y equitativas. Un ejemplo concreto es la degradación de la relación entre la Nación y las provincias. Según la Constitución Nacional de 1994, antes del año 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. Pero la desidia y el oportunismo generaron las condiciones para una centralización extrema que es la fuente de las arbitrariedades.
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El sector público presenta un alto y creciente déficit, por eso necesita cobrar más impuestos. El origen de los desequilibrios radica en decisiones avaladas con amplios consensos, como las estatizaciones, las moratorias previsionales, el aumento del empleo público y el atraso tarifario. El hecho de que todo lo recaudado por el impuesto a las ganancias de las personas financie apenas un cuarto de los subsidios a empresas públicas y privadas ilustra la magnitud fiscal de estas decisiones. Por eso, carece de lógica avalar estas políticas y simultáneamente rechazar el aumento de impuestos a las ganancias. A menos que se pretenda que el mayor gasto público lo paguen los más pobres con más impuesto inflacionario.
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Las polémicas que se desataron ante el anuncio –luego desmentido– de que se actualizarían los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias desnudan contradicciones y una alta dosis de hipocresía. En los discursos se defiende enfáticamente la idea de un sector público con alta participación en la economía, ocupando un rol activo a favor de una distribución del ingreso más igualitaria. Pero, en paralelo, es muy fuerte el rechazo a aportar financiamiento al Estado a través del impuesto a las ganancias de las personas, el tributo que más contribuye a la igualdad social.
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Información referida a las 500 empresas más grandes del país muestra que en los últimos años los impuestos y los salarios crecieron muy por encima del valor agregado y que este proceso se sostuvo gracias a la expansión de los subsidios. Se ha llegado al punto en que las grandes empresas reciben del Estado montos equivalentes a casi un cuarto de su masa salarial. El hecho de que para muchas de las empresas líderes sea más importante congraciarse con los funcionarios para captar subsidios y otras prebendas, que invertir, innovar e incorporar tecnología, ilustra de manera clara la urgente necesidad de un cambio de estrategia como país.
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El vertiginoso crecimiento de la presión impositiva llevó a que los argentinos nunca pagaran tantos impuestos como en la actualidad. Junto con ello, se dio un inédito proceso de concentración de recursos fiscales a favor de la Nación. Dado que la responsabilidad por los principales servicios estatales es de las provincias, este proceso explica la contradicción entre impuestos que aumentan y servicios que empeoran. Peor aún, induce a la baja calidad en la gestión del Estado generando crecientes desequilibrios que la Nación financia con emisión monetaria y las provincias con endeudamiento y altos riesgos de regreso a las cuasi-monedas.
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