Subsidios
Como era previsible, el retraso tarifario en los servicios públicos exacerba el consumo, provoca déficits de inversiones que deterioran la calidad de los servicios y demanda cuantiosos subsidios a favor de las empresas proveedoras. Esto no se resuelve con el anunciado aumento de las tarifas de gas y electricidad que alimentará un fondo estatal para financiar las inversiones. La solución genuina pasa por gestionar las obras en base a articulación público-privada y tender a cobrar la tarifa real a todos los usuarios, complementado con subsidios focalizados a través de un régimen de tarifa social a favor de las familias más pobres.
VER
La política de subsidiar a empresas públicas está mostrando su costado más oscuro. A partir de ahora, el Estado nacional no podrá comprar los pasajes aéreos a la empresa que le ofrezca el mejor precio o servicio sino que obligatoriamente deberá hacerlo con Aerolíneas Argentinas. A la enorme masa de subsidios explícitos que recibe Aerolíneas –muy superiores, por ejemplo, a los que con mucha reticencia se le transfirió a la Provincia de Buenos Aires– se suma esta vía solapada de asignarle fondos públicos. El gobierno de Uruguay muestra, con el caso de PLUNA, un camino alternativo mucho más consistente con la equidad social.
VER
El sector público presenta un alto y creciente déficit, por eso necesita cobrar más impuestos. El origen de los desequilibrios radica en decisiones avaladas con amplios consensos, como las estatizaciones, las moratorias previsionales, el aumento del empleo público y el atraso tarifario. El hecho de que todo lo recaudado por el impuesto a las ganancias de las personas financie apenas un cuarto de los subsidios a empresas públicas y privadas ilustra la magnitud fiscal de estas decisiones. Por eso, carece de lógica avalar estas políticas y simultáneamente rechazar el aumento de impuestos a las ganancias. A menos que se pretenda que el mayor gasto público lo paguen los más pobres con más impuesto inflacionario.
VER
La Argentina se apresta a ejecutar otra re-estatización. El justificativo, en este caso, es que con el cambio en la propiedad de YPF se revertiría el déficit energético. Se esta obviando que la grave crisis energética es la consecuencia de políticas deficientes y no del carácter privado del principal operador. Aunque en otras partes del mundo empresas públicas son manejadas profesionalmente, en la Argentina la experiencia –incluso la más reciente– demuestra que esto no ocurre. Peor aun, las ineficiencias, privilegios y corrupción que cobijan las empresas estatizadas insumen una enorme masa de recursos públicos que podrían tener un mucho mejor uso y un alto impacto en un plan serio de inclusión social.
VER
Información referida a las 500 empresas más grandes del país muestra que en los últimos años los impuestos y los salarios crecieron muy por encima del valor agregado y que este proceso se sostuvo gracias a la expansión de los subsidios. Se ha llegado al punto en que las grandes empresas reciben del Estado montos equivalentes a casi un cuarto de su masa salarial. El hecho de que para muchas de las empresas líderes sea más importante congraciarse con los funcionarios para captar subsidios y otras prebendas, que invertir, innovar e incorporar tecnología, ilustra de manera clara la urgente necesidad de un cambio de estrategia como país.
VER
La tragedia de Once es un hecho previsible en el marco de las deficientes políticas públicas que se vienen aplicando. El Gobierno priorizó el congelamiento de la tarifa, para lo cual se concentró en distribuir discrecionalmente subsidios y relajó los controles. El resultado obvio es que las empresas concesionarias priorizaron congraciarse con los funcionarios que administran los subsidios y descuidaron la calidad y la seguridad de los servicios. Para no repetir errores, es imprescindible sincerar tarifas, focalizar los susidios en las familias más humildes y reconstruir el sector público para que regule y controle con profesionalidad y objetividad.
VER
Las sociedades avanzadas tienden a concentrar la recaudación impositiva en el impuesto a las ganancias y a administrar los fondos públicos con austeridad y sentido estratégico. En la Argentina, por el contrario, la atención está centrada en evitar que se extienda la aplicación del impuesto a las ganancias mientras otros impuestos muy perjudiciales y la baja calidad en la administración del gasto público reciben escaso cuestionamiento. Para inducir el progreso y la equidad, es imprescindible aumentar la incidencia del impuesto a las ganancias, eliminar los impuestos distorsivos y regresivos, y mejorar la asignación del gasto público.
VER
El proyecto de presupuesto 2012 mantiene las debilidades técnicas y la falta de transparencia que caracteriza a la administración fiscal de los últimos años. Sin perjuicio de esto, alcanza para explicitar que no está en los planes del gobierno corregir el descontrol y la falta de racionalidad de los subsidios a empresas públicas y privadas. Se sigue priorizando este regresivo mecanismo que potencia la corrupción, el centralismo y la redistribución regresiva del ingreso, incluso en desmedro de una de las principales acciones asistenciales establecida por el Gobierno y compartida por la población, como la Asignación Universal por Hijo.
VER
