Ganancias genera apenas 1 de cada 6 pesos de recaudación

Las sociedades avanzadas tienden a concentrar la recaudación impositiva en el impuesto a las ganancias y a administrar los fondos públicos con austeridad y sentido estratégico. En la Argentina, por el contrario, la atención está centrada en evitar que se extienda la aplicación del impuesto a las ganancias mientras otros impuestos muy perjudiciales y la baja calidad en la administración del gasto público reciben escaso cuestionamiento. Para inducir el progreso y la equidad, es imprescindible aumentar la incidencia del impuesto a las ganancias, eliminar los impuestos distorsivos y regresivos, y mejorar la asignación del gasto público. 

La oposición intentó en la Cámara de Diputados imponer una actualización de los mínimos no imponible del impuesto a las ganancias. El esfuerzo no dio resultados ya que no se alcanzó el quórum necesario. De todas formas, parecería que con el oficialismo las diferencias no son de sustancia sino de protagonismo. Es muy probable que en un futuro no muy lejano el Poder Ejecutivo adopte, como iniciativa propia, una medida que vaya en un sentido muy parecido al impulsado por la oposición. 

Resulta llamativo que cuando se declama con mucho énfasis el rol del Estado como promotor de la equidad distributiva se busque limitar el alcance del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el más progresivo de los impuestos. En la experiencia internacional, especialmente de los países más avanzados, el impuesto a las ganancias es un componente central de sus sistemas tributarios. El impuesto a las ganancias aporta el 35% de los ingresos públicos en Europa, el 49% en EEUU y Canadá, y el 60% en Australia y Nueva Zelanda.

En la Argentina, con los datos oficiales referidos al año 2010 publicados por el Ministerio de Economía se puede observar que:

• Con el impuesto a las ganancias se recaudó el 5,4% del PBI.
• La presión tributaria nacional y provincial en ese mismo año fue de 33,4% del PBI.
• Esto significa que el impuesto a las ganancias contribuye apenas con el 16% de la recaudación total, es decir, sólo 1 de cada 6 pesos se genera con este tributo progresivo.

Los datos oficiales muestran que lo que se recauda por vía del impuesto a las ganancias es un proporción mucho más baja que en los países desarrollados. Además, los datos del Ministerio de Economía no incorporan los impuestos municipales ni el impuesto inflacionario (lo que el Estado “recauda” gracias a los billetes que emite y que luego se desvalorizan con el aumento de los precios). Si se computaran estos dos impuestos, la incidencia del impuesto a las ganancias sería aún más baja y claramente desfasada respecto a lo que se observa en países con genuinos compromisos con el progreso y la equidad.

En este marco, resulta muy contradictorio que, por un lado, se multipliquen los discursos de la mayor parte de la dirigencia en favor de la equidad social y, por el otro, estos mismos actores canalicen la tenaz resistencia que exterioriza gran parte de la población de ingresos medios y altos a pagar el impuesto a las ganancias. En esta contradicción subyace una alta dosis de hipocresía, pero también errores de percepción sobre la incidencia de los tributos.

El impuesto a las ganancias tiene la particularidad de ser visible y explícito. Por ejemplo, los asalariados observan la detracción en su recibo de haberes, pero no son conscientes de que también están gravados, con un efecto muchas veces más intenso, por las contribuciones patronales. La resistencia se potencia cuando también se explicita el mal uso de los recursos públicos. El monto recaudado de impuesto a las ganancias sobre las personas físicas en el 2010 fue de $24 mil millones, mientras que lo gastado en subsidios a empresas públicas y privadas –donde priman los intereses espurios, el amiguismo y las sospechas de corrupción– ascendió al doble, o sea, $48 mil millones. Si el impuesto a las ganancias apenas alcanza para pagar la mitad de los subsidios –que en la mayoría de los casos son percibidos por la población como una dilapidación de fondos públicos– naturalmente, el rechazo al pago del tributo gana legitimidad.

Sería muy positivo para el país que el oficialismo y la oposición salgan de estas contradicciones. Para lograrlo, es fundamental canalizar la inteligencia y el esfuerzo político en diseñar e instrumentar una profunda reforma tributaria e inducir una administración más austera y estratégica de los recursos públicos. En este marco, con la eliminación de los impuestos distorsivos y regresivos ganaría legitimidad el impuesto a las ganancias para extenderlo hacia niveles similares a los observados en países avanzados, países que muestran compromisos genuinos –y no meramente declamativos– con la equidad.