Las universidades necesitan ordenamiento no ajuste

El presidente anunció como el principal logro de sus primeros meses de gestión el superávit financiero del 1° trimestre del 2024. Con una larga historia de crónicos desequilibrios de las cuentas públicas, el énfasis puesto por el presidente en el equilibrio fiscal no es exagerado. Pero a las pocas horas se concretó una masiva protesta universitaria que congregó a alumnos, docentes, egresados y público en general en las principales ciudades del país. La agenda excluyente que motorizó esta convocatoria fue el rechazo a la reducción real de los recursos que el Estado nacional transfiere a las universidades.

La contundencia de la protesta indujo al gobierno a replantear su estrategia. En este marco, anunció que garantizará el funcionamiento de las universidades públicas. Pero advirtió que exigirá rendición de cuentas de cómo administran los recursos públicos que se les asigna. Cabe tener en cuenta que las universidades gozan de plena autonomía de gestión y se gobiernan por cuerpos colegiados que representan a los diferentes estamentos universitarios, esto es, docentes, no docentes, egresados y alumnos. 

¿Qué dicen las evidencias en relación al funcionamiento de las universidades? Según información histórica publicada por el Ministerio de Educación nacional se observa que:   

• En el 2012 el Estado nacional invertía $1 millón por año por alumno a precios del 2023 y en el 2023 invirtió $723 mil.
• En el 2012 había 45 universidades mientras que en el 2023 hay 56 universidades.
• En el 2012 el presupuesto promedio por universidad era de $31 mil millones mientras que en el 2023 fue de $21 mil millones.

Estos datos muestran que el presupuesto universitario viene cayendo desde hace mucho tiempo. Cae medido en términos de alumnos, pero se reduce aún más si se mide por universidades. Esto es consecuencia de que el menor presupuesto fue acompañado por la creación de más universidades. Se trata de una estrategia que es publicitada como un compromiso con la ciencia y la educación pero que, en la práctica, opera como un acelerador de la decadencia del sistema de educación superior. 

En el conflicto universitario subyacen varias contradicciones. Por un lado, su contribución al ajuste fiscal es marginal. El gasto en universidades no fue el que más se retrasó en el 2024 por lo que la reducción del valor real del presupuesto universitario aportó apenas un 2% al superávit fiscal del 1° trimestre del 2024. Esto contrasta, por ejemplo, con la reducción del gasto previsional que explica el 38% de la reducción del gasto público nacional en el primer trimestre del año. Por otro lado, porque el planteo que suscribieron quienes administran las universidades pasa por alto que la caída en el presupuesto no es un fenómeno reciente generado por el actual gobierno sino un proceso de larga data y tampoco reconocen que los déficits de gestión en las universidades públicas son grandes. 

Aplicar un ajuste sobre un sistema mal organizado no resuelve los problemas y en muchos casos los agrava. Desde el punto de vista fiscal lo más probable es que el pequeño ahorro conseguido en estos primeros meses del año se revierta en los próximos ante la necesidad de improvisar respuestas para evitar nuevas protestas. Desde el punto de vista de la eficiencia, el ajuste mantiene y profundiza malas decisiones de administración. Por ejemplo, no revierte la demagogia de crear universidades sin financiamiento, cuando lo conveniente es concentrar los recursos escasos en las universidades más grandes y tradicionales, junto con un buen sistema de becas para que los alumnos del interior accedan a ellas. En educación, lo mejor es tener mucho volumen de alumnos con profesores bien formados y bien pagos que muchas instituciones pequeñas con pocos alumnos y docentes mal pagos.

Lo que ocurre con las universidades se reproduce en el resto del sector público. El ajuste no resuelve el problema organizacional del que adolece el Estado argentino. Por eso, de cara al objetivo de salir de la decadencia, sin subestimar la importancia del equilibrio fiscal, el factor decisivo es tomarse en serio la agenda de transformaciones estructurales que se plantean en el Pacto de Mayo.