Previsión Social
Algunas provincias están intensificando el reclamo para que se deje de derivar el 15% de la masa coparticipable a la ANSES. El fundamento del reclamo es que esa disposición dejó de tener sustento cuando se eliminó el régimen de capitalización. Sin embargo, la situación financiera de la ANSES es tan precaria que devolver esos recursos a las provincias le implicaría entrar nuevamente en déficit operativo. La solución no pasa por mantener la situación y seguir degradando el federalismo sino en replantear la política previsional y cumplir con el mandato constitucional de acordar una nueva ley de coparticipación federal.
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La Corte dio una señal de que en el cálculo del haber previsional hay que aplicar una fórmula que garantice una razonable proporcionalidad con el salario. La normativa vigente no garantiza esta regla ya que la mayoría de los trabajadores recibirá, cuando se jubile, haberes inferiores a los que la Justicia entiende como razonables. El origen del problema es no haber ajustado los parámetros del sistema cuando se eliminó el régimen de capitalización. Así, emerge un nuevo factor de litigiosidad que se suma a los masivos juicios por insuficiente movilidad.
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A partir del año 2009 rige la ley de movilidad previsional que establece ajustes automáticos de los haberes previsionales con periodicidad semestral. Es meritorio que el gobierno se mantenga en el cumplimiento de esta regla, más allá de que el anuncio no estuvo exento de oportunismo electoral. De todas formas, el problema sustantivo es que se mantienen las distorsiones derivadas de la discrecionalidad con las que se ajustaron las jubilaciones hasta el año 2008. Esto motoriza cientos de miles de juicio por reajuste de haberes que preanuncian una nueva crisis previsional.
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