Informe Nº: 39917/11/2011
Es inminente el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo legal. Otro ejemplo de regulaciones impuesta desde Buenos Aires con muy bajo cumplimiento en el Interior. Bajo las actuales condiciones, aumentar el salario mínimo legal es un acto de hipocresía ya que se ignoran las precarias condiciones de productividad que prevalecen entre gran parte […]
Es inminente el anuncio de un nuevo aumento del salario mínimo legal. Otro ejemplo de regulaciones impuesta desde Buenos Aires con muy bajo cumplimiento en el Interior. Bajo las actuales condiciones, aumentar el salario mínimo legal es un acto de hipocresía ya que se ignoran las precarias condiciones de productividad que prevalecen entre gran parte de las empresas, particularmente los pequeños emprendimientos del Interior. Para que el salario mínimo legal sea una herramienta de progreso y equidad social, previamente hay que cambiar la política tributaria y federalizar los recursos públicos que masivamente se concentran en la Capital.
La Constitución Nacional establece el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Se trata de una regulación a través de la cual se obliga a todos los empleadores del país a pagar una remuneración no inferior a la establecida como piso legal. Como en muchos otros países, se trata de una norma que aspira a garantizar ingresos razonables a todos los trabajadores. En la Argentina, este salario mínimo legal está fijado en $1.840 y se planea subirlo –según trascendidos periodísticos– a un nivel de entre $2.200 y $2.600.
Un aspecto imprescindible de analizar, antes de determinar su suficiencia, es si el objetivo social que inspira al salario mínimo legal se está cumpliendo. Particularmente importante es determinar su nivel de acatamiento. En este sentido, los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, correspondientes al último trimestre del 2010 (último dato disponible), señalan que el 24% de los asalariados de todo el país tiene una remuneración inferior al salario mínimo legal.
Más relevante aún es que el cumplimiento del Salario Mínimo, Vital y Móvil es muy heterogéneo según la región geográfica. Así, según esta misma fuente oficial se puede observar que:
Estos datos oficiales demuestran que el salario mínimo legal es masivamente incumplido. El no cumplimiento responde a los bajos niveles de productividad prevalecientes. En la Ciudad de Buenos Aires, con un producto per cápita 5 veces más alto que en el norte del país las remuneraciones superan el salario mínimo legal en casi el 90% de los casos. En la región pampeana y Cuyo, con niveles de productividad más bajos que en la Capital, el cumplimiento con el salario mínimo legal también es menor. Pero lo más significativo es que en el norte del país los niveles de incumplimiento son masivos. Esto está asociado a estructuras productivas mucho más débiles que las que prevalecen en la Capital. La consecuencia es que en las regiones más pobres, donde mayor compromiso debería asumir el Estado en promover niveles mínimos de bienestar, más ineficaz aparece el Salario Mínimo, Vital y Móvil como instrumento de promoción social.
El no cumplimiento del salario mínimo legal también es una manifestación de la informalidad masiva. El problema principal no es la debilidad de los controles, sino la imposibilidad de los pequeños emprendimientos productivos de cumplir con las normas regulatorias, impositivas y laborales diseñadas desde y para la Capital porque son inconsistentes con los bajos niveles de productividad que imperan en el Interior. Es decir, a medida que se toma distancia de la Capital son muy manifiestas las carencias de infraestructura económica y social. El estado de los caminos, el servicio ferroviario y el transporte aéreo son deficientes. Hay escasez de energía eléctrica y gas. La calidad de la educación es muy mediocre. Se aplican los mismos impuestos que en Buenos Aires, pero no se benefician con los mismos subsidios. Bajo estas condiciones, son escasos los proyectos productivos que pueden cumplir con las normas laborales que se dictan en la Capital. Por eso, en el Interior poca gente consigue empleo y la que lo consigue es en la informalidad con ingresos inferiores al salario mínimo legal.
Se puede evitar la demagogia y la hipocresía de fijar un salario mínimo legal irreal, que potencia el subdesarrollo en el Interior. En el corto plazo, alcanzaría con establecer que en el Interior del país las cargas sociales vayan a cuenta de IVA. En el mediano plazo, la Nación debe dejar de apropiarse de los ingresos fiscales que corresponderían ser coparticipados y jugar un rol activo en promover que las provincias usen esos recursos para desarrollar infraestructura, educación y reglas de juego para una mayor productividad.