Informe Nº: 10/11/2021
Una derrota electoral del oficialismo podría generar tres escenarios económicos. Sólo uno ofrece soluciones de fondo.
Como se dijo en todos lados, esta campaña electoral fue chata y mediocre en el debate. Si bien la confiabilidad de las encuestas está muy desacreditada, pareciera que lo único que resta por definir es cuán debilitado queda el Gobierno en el Congreso frente al fortalecimiento de la oposición.
Esto contrasta con la incertidumbre de lo que pueda pasar con la economía y sus derivaciones sociales una vez superada la elección. De la certeza política de que el oficialismo pierde fuerza, emerge la duda económica de cuál puede llegar a ser su reacción. Enfrentado a la derrota, ¿qué camino puede adoptar la coalición de gobierno?
Los elementos de juicios disponibles no dan para hacer pronósticos, pero se pueden plantear algunos escenarios alternativos.
Haciendo un esfuerzo de simplificación extrema, lo que implica dejar de lado una gran cantidad de matices, se pueden simular tres escenarios de base para saber qué puede llegar a pasar a partir del día después de las elecciones.
Primer escenario. Y sin dudas el más pesimista, podríamos llamarlo de “profundización del modelo populista”.
Seguramente requiere cambiar el equipo económico para desplegar el libreto completo de la vicepresidenta. Esto implica continuar con el alto déficit fiscal, que se financiaría vía emisión monetaria. Atraso cambiario y de tarifas. Más regulaciones y controles de precios. La estrategia ignora el nivel de reservas (el dólar de convertibilidad está cerca de los 250 pesos), la aceleración de los subsidios (se estima que los subsidios a la energía alcanzan tres puntos del producto interno bruto), la saturación de las Leliq para sacar de circulación los pesos que la gente rechaza (intereses pagados por el stock de Leliq y pases fueron de 2,9 por ciento del PIB). Semejante nivel de inconsistencia macroeconómica traerá aparejado más deterioro social por caídas en la producción y la no creación de empleos decentes.
El resultado será que la pobreza seguirá en un nivel alto, con crecientes tensiones sociales y posiblemente desabastecimiento en algunos productos que requieren importaciones, y emigración de los jóvenes que puedan hacerlo.
Segundo escenario. Sería el llamado “continúa la mediocridad”. Este escenario implicaría una eventual firma de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para diferir vencimientos y moderar intereses, algunos ajustes de tarifas y del tipo de cambio oficial. Acompañado de cierta austeridad en el manejo del gasto público para mantener una inflación de entre 50 por ciento y 60 por ciento anual que licue los excesos fiscales.
Qué pasará con el desempeño de la economía depende de si el contexto internacional sigue siendo favorable, manteniéndose los precios internacionales en los niveles en que comenzó en septiembre de 2020. Pero siendo que hay todavía un recorrido para recuperar los niveles de producción y de empleo anteriores a la crisis iniciada en 2018, la economía y el empleo podrían repuntar levemente.
La situación social se seguirá degradando, sin embargo, no habrá explosión, pero tampoco salida del estancamiento. Para contener la inestabilidad y la conflictividad se convocaría a un pacto social del que participarían los mismos desgastados dirigentes de siempre. Seguramente, la oposición quedará afuera por la simple razón de que no verá los beneficios de participar del esquema de la mediocridad.
Tercer escenario. Podría llamarse de “salir de la decadencia”, e implica una especie de punto de inflexión.
La situación actual, a la que le quedan dos años para transitar con un oficialismo derrotado y una situación económica y social extremamente delicada, lleva a una toma de conciencia de que se llegó a un punto crítico de decadencia.
Se entiende que asumir una actitud pasiva lleva a la explosión y aplicar los ajustes tradicionales, además de políticamente costoso, en el mejor de los casos aporta paliativos, pero no soluciones. La dirigencia política comprende que se necesita una nueva organización del sector público. Dicho de manera simplificada, se aborda el desafío de rediseñar el Estado para que deje de ser una pesada carga para la sociedad y pase a ser un agente promotor de progreso. Para cumplir con esta premisa, se necesita un ordenamiento integral del Estado.
Esta transformación es mucho más que el tradicional ajuste de reducir el déficit fiscal e introducir un nuevo régimen cambiario. Implica ambiciosas e innovadoras medidas en el ordenamiento del Estado. El camino es lograr que pueda funcionar con equilibrio fiscal, una presión impositiva tolerable para la producción y brindar servicios estatales de alta calidad y profesionalismo. Con esto, se puede tener una macroeconomía ordenada, una tasa de inflación de un dígito y una legislación tributaria y laboral mucho más moderna, que transforme el crecimiento económico en mayores empleos de calidad. Otro tema crucial es abordar una reforma previsional que le dé equidad y sustentabilidad al sistema jubilatorio.
Es obvio que el escenario deseable es el tercero. Es el único que tiene la Argentina para salir del largo proceso de decadencia.
Lo más desafiante es que no parece haber toma de conciencia, ni de la dirigencia política ni de la sociedad, en asumir que el problema central está en la mala organización y la baja calidad de gestión del sector público. A esto se agrega que para abordar el tema se requiere una compleja articulación con los gobiernos provinciales.
No se trata de juntar los mismos dirigentes de siempre en Buenos Aires, sino de establecer un diálogo serio y constructivo con los gobernadores, tomando como líneas directrices la distribución de potestades tributarias y responsabilidades en materia de provisión de bienes públicos que prevé la Constitución.
Lamentablemente, pareciera que por la inmadurez prevaleciente el menú se acota a los dos primeros escenarios.
Ambos continúan con los desajustes actuales y la agenda económica poselectoral marcará la dinámica.
El primer escenario será más desordenado, caótico y socialmente costoso. No será la primera vez que la Argentina cae en situaciones como esta. Pero no por ello no deja de ser una situación extremadamente riesgosa.
En el segundo, se supone que el Gobierno despliega una estrategia para que el ajuste sea más ordenado y socialmente menos costoso. Lo único que se agrega son más años al largo proceso de decadencia.