Informe Nº: 15/12/2021
El gobierno prometió en las elecciones de 2019 aumentar un 20% a los jubilados, que se financiaría con los intereses que el Banco Central les paga a los bancos comerciales por las LELIQs.
Pero lo cierto es que, desde el inicio del mandato, el gasto previsional cayó a precios de hoy en 286 mil millones de pesos y el gasto en intereses de LELIQs y pases aumentó 2 billones de pesos.
Detrás de ambos fenómenos, se encuentra la inflación. Por un lado, obliga al gobierno a retirar pesos a través de emisión de LELIQs para atenuar el aumento de la emisión monetaria. Por otro lado, asegura la licuación de los haberes de los jubilados.
El crecimiento del gasto previsional ha venido siendo por largo rato el principal factor de desequilibrio en las cuentas públicas, con lo cual el mecanismo espurio de licuar gasto previsional con inflación resulta atractivo para la clase política. No tuvo que pasar prácticamente nada para que el actual gobierno eche mano al uso discrecional de la regla de movilidad para hacer caer el gasto previsional con la inflación.
Pero esta estrategia trasciende los límites partidarios. Entre 2003 y 2008, era el gobierno quien decidía discrecionalmente los aumentos en los haberes. Típicamente la jubilación mínima seguía la inflación y el resto perdía poder adquisitivo. Esto llevó a juicios millonarios que aún hoy en día se están pagando. A raíz de esto, en 2008 se sanciona una regla de movilidad que buscaba dar previsibilidad a los aumentos cumpliendo con su cometido básico: cubrir a los jubilados de la inflación. Esta fórmula contemplaba actualización según salarios y recaudación.
Tras ello, en 2017 siguió otra fórmula que combinaba precios y salarios. Desde la sanción de esta regla de movilidad hasta 2019 los jubilados vieron caer su poder adquisitivo, por el rezago con el que operaba la fórmula en un contexto de inflación creciente.
En 2020, cuando la inflación se frenaba y correspondía recuperar el valor perdido, el nuevo gobierno suspendió la fórmula, para volver a un esquema de aumentos discrecionales. Esto se mantuvo hasta marzo de 2021, cuando se volvió a la fórmula de 2008.
En conclusión. Estos manejos no contienen el gasto previsional porque generan juicios.
Y quizás el punto más importante: sólo un 30% del gasto previsional nacional podría ser afectado con cambios en los parámetros del régimen general:
Si se quisieran obtener ahorros, más conducente sería el ordenamiento integral del sistema previsional que revise duplicaciones de beneficios, regímenes especiales y defina una jubilación no contributiva para la gente que llega a la edad de jubilarse sin suficientes aportes en lugar de las moratorias.
