La precarización laboral tiene el rostro del cuentapropismo

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA

 

Salieron los datos del Indec sobre mercado laboral. Lo más instintivo que hacen los analistas es “tirarse” sobre la tasa de desempleo. Allí lo que da es que no sólo que hubo recuperación de la pandemia sino que incluso se está mejor que en el 3° trimestre del 2017, último de crecimiento económico. La tasa de desempleo en el 3° trimestre 2021 fue de 8,2% de la población activa, muy por debajo del 11,7% del año pasado y del 8,3% del 3° trimestre del 2017.

Pero estas son las pequeñas olas que se ven en la superficie del río. Por debajo, hay potentes corrientes que llevan a la precarización laboral. 

Los datos del Ministerio de Trabajo señalan que los empleados asalariados registrados en empresas privadas en el 3° trimestre del 2017 eran 6,2 millones mientras este año son 5,9 millones. O sea, son 300.000 menos en todo el país. Los trabajadores informales, que son los empleados no registrados (“en negro”) y los cuentapropistas (que la gran mayoría son no registrados), en el 2017 eran 8,5 millones y hoy son 9,2 millones. O sea, son 700.000 más en 4 años.

El lector en este punto puede pensar: “Bueno, pero la pandemia algo tiene que ver”. La respuesta es “ni”. En parte no y en parte sí.

En parte no, porque justo antes que llegue la pandemia el total de informales ya era 9,2 millones. Con los recientes datos del Indec, se puede proyectar que ahora en el 3° trimestre de 2021 el efecto pandemia en el mercado laboral pasó, porque los informales volvieron a ser 9,2 millones.

En parte sí, porque la pandemia lo que hizo es cambiar el perfil de la precarización. De los 9,2 millones de informales que había antes de la pandemia, los asalariados “en negro” eran 4,5 millones y los cuentapropistas eran 4,7 millones. Hoy, los asalariados “en negro” son 4,2 millones y los cuentapropistas son 5,0 millones. Es decir, hay cada vez menos asalariados “en negro” y más cuentapropistas.

Este era un proceso que ya venía de antes de la pandemia. La pandemia lo aceleró.

En 2018 y 2019 ya prácticamente no hay había creación neta de empleo asalariado “en negro”. En cambio, el cuentapropismo crecía a razón de 200.000 por año. Cuando vino lo peor del confinamiento (2° trimestre del 2020) los asalariados “en negro” cayeron en 1,8 millones y los cuentapropistas en 1,2 millones. Sobre finales del 2020, el cuentapropismo estaba totalmente recuperado, mientras que los empleados “en negro” estaban todavía 700.000 abajo. Hoy siguen 300.000 abajo.

La razón es que al prohibir abrir los negocios durante el confinamiento del 2020 desaparecieron muchos pequeños locales que empleaban “en negro” y mucha gente que se quedó sin este tipo de empleo se convirtió en cuentapropista a la fuerza, ya que tuvo que hacer algo por su cuenta para sobrevivir. 

Si antes trabajaba en un pequeño local de ropa por un sueldo “en negro”, ahora vende ropa (que recibe en consignación, no sueldo) desde su casa. Lo mismo el que vendía fundas y hacía mantenimiento de celulares, la rotisería, las reparaciones en general, y capaz que alguno hasta tiene su propio local.

Al final del día, hoy el mercado laboral argentino está conformado de la siguiente forma. De cada 100 ocupados, 30 son asalariados registrados en empresas privadas, 20 son empleados públicos, 23 son asalariados no registrados y 27 son cuentapropistas. Los dos primeros son los formales: suman 50% y los dos segundos son los informales (suman el otro 50%). Esto se llama mercado laboral dual).

Cuando hay 50% de los ocupados informales significa que la economía tiene baja productividad, por lo tanto, el salario real nunca va a ser alto para gran parte de la población. De aquí, que la pobreza siempre va a ser alta.

Cuando se tiene un mercado laboral dual y las instituciones laborales son muy arcaicas, como en Argentina, se potencia la desigualdad social.

¿Qué son instituciones laborales arcaicas? Una Ley de Negociación Colectiva que se hizo en 1953 y nunca se revisó en la cuestión de fondo; convenios colectivos que se escribieron en la década del ’70 y del ’80, y no sólo que nunca se revisaron sino que se obliga a todos los empleadores del país a aplicarlos (aun cuando no pertenezcan a la cámara firmante); una Ley de Contrato de Trabajo que se hizo en 1974, aunque esta sí se revisó muchas veces, pero siempre en la búsqueda del conflicto y el juicio laboral (supuestamente, en defensa del trabajador). Ese aparato institucional sólo se aplica a la mitad de los ocupados: el 50% formal.

El 50% informal está desprotegido porque esta institucionalidad vieja y distorsionada no les llega; y no es que no les llega porque falta accionar judicial. No les llega porque fue hecha en el marco de una economía de hace medio siglo que ya no existe más. Esta institucionalidad es la que espanta las inversiones y a los buenos empleadores y por eso condena a este 50% a la informalidad, con mayoría de cuentapropistas.