Bajar impuesto inflacionario es más prioritario que ganancias

Mientras oficialismo y gran parte de la oposición sigan avalando aumentos en el gasto público –como ocurrió con las estatizaciones y seguramente ocurrirá con la nueva moratoria previsional– es preferible que no se actualicen los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias ya que la alternativa será apelar más intensamente al impuesto inflacionario. Los pobres no pagan ganancias pero sufren la inflación. Por eso, las propuestas no deberían centrarse en reducir el impuesto a las ganancias sino en reducir el gasto público para así bajar la inflación.

A medida que avanzan las negociaciones colectivas crece la disconformidad contra el impuesto a las ganancias. Aunque los aumentos de salarios compensen la inflación, al no actualizarse los parámetros del impuesto a las ganancias, las remuneraciones “de bolsillo” sufren un creciente deterioro. Por eso, los sindicatos protestan y los diputados y senadores presentan proyectos de ley proponiendo la actualización de los parámetros de cálculo del impuesto a las ganancias.  

La inflación no sólo permite recaudar más impuesto a las ganancias. También permite cobrar el impuesto inflacionario. Se trata de un tributo asociado a la desvalorización del dinero en poder del público. Al ser un impuesto no legislado, no aparece registrado en las cuentas públicas. Pero si el aumento de los precios es elevado, su peso como fuente de financiamiento del Estado es muy relevante. Una manera de cuantificar el impuesto inflacionario es multiplicando la tasa de inflación (que es la tasa a la que se desvaloriza el dinero) por la cantidad de dinero en poder del público.

Combinando datos de inflación, emisión monetaria y recaudación impositiva se puede aproximar un dimensionamiento de la inflación como fuente de financiamiento del Estado. En concreto, entre el año 2004 y el primer cuatrimestre del año 2014 se observa que:

· La tasa de inflación pasó del 6% anual a aproximadamente el 35%.

· El impuesto inflacionario creció desde el 0,6% del PBI a alrededor del 3,9% del PBI.ç

· La recaudación del impuesto a las ganancias pasó de 4,2% a 6,2% del PBI.

Estos datos muestran la enorme importancia que viene teniendo en los últimos años la inflación como mecanismo de financiamiento del sector público. Por un lado, la desvalorización del dinero aporta casi 4 puntos porcentuales del PBI. Por el otro, la desactualización de los parámetros del impuesto a las ganancias explica casi 2 puntos porcentuales más del PBI. O sea, gracias a la inflación el Estado aumentó sus ingresos en casi 6% del PBI.

La creciente utilización del impuesto inflacionario es un fenómeno mucho más perjudicial que el aumento en la presión tributaria a través de ganancias. Por un lado, porque genera mayor perturbación sobre la actividad productiva. Por el otro, porque es mucho más regresivo. Mientras que el impuesto a las ganancias no afecta a los sectores de más bajos ingresos, estos segmentos en cambio sufren con particular intensidad el impuesto inflacionario. Dicho de otra manera, la clase media y alta es alcanzada por el impuesto a las ganancias, pero puede eludir el impuesto inflacionario, por ejemplo, comprando dólares. Los pobres no pagan ganancias, pero sufren la inflación.

Si se estabilizaran los precios, el impuesto inflacionario quedaría eliminado y se detendría la desactualización de los parámetros del impuesto a las ganancias. Pero para lograr esta meta es ineludible disminuir el gasto público. En cambio, si se mantiene el despilfarro de fondos público, el aumento del impuesto a las ganancias es la menos mala de las alternativas. Al menos, significa que el financiamiento del derroche no recae enteramente sobre los hogares de más bajos ingresos.

La negativa del gobierno a actualizar los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias es coherente con el crecimiento del gasto público. Por el contrario, el planteo de gran parte de la oposición, incluidos varios sindicatos, que avalan el crecimiento del gasto público –por ejemplo, con las estatizaciones o la reciente ampliación de la moratoria previsional–, pero a la vez cuestionan el crecimiento de la presión tributaria del impuesto a las ganancias, es incoherente y reaccionario. Implica avalar el despilfarro de fondos públicos pero obligando a que los más pobres se hagan cargo del esfuerzo para financiarlo.