¿Le conviene al gobierno ganar la guerra contra la inflación?

La guerra contra la inflación se va a afrontar con controles de precios, ley de abastecimiento, aumento de los derechos de exportación de la harina y aceite de soja en un 2% para financiar un fondo de estabilización del precio del trigo y la convocatoria a representantes empresariales, sindicales y de organizaciones piqueteras. Se trata de las mismas medidas que se vienen anunciando y aplicando hasta hoy con nulo o escaso éxito.

Es cierto que la inflación es un fenómeno multicausal, pero, según el contexto, los factores causales tienen diferente importancia. Por eso resulta muy contradictorio que, en el actual contexto, se pase por alto el déficit fiscal que obliga al Banco Central a emitir más dinero del que la gente quiere aceptar. Si bien el Banco Central recupera parte del exceso de emisión con Leliq y pases, este instrumento está saturado, y hay un exceso de emisión que presiona sobre los precios. Una guerra contra la inflación con la máquina de imprimir billetes funcionando a pleno es una guerra perdida, a pesar del discurso oficial.

Cabe preguntarnos, ¿Qué le aporta al gobierno tener inflación alta? Por un lado, le permite cobrar el “impuesto inflacionario” esto es la desvalorización que sufren todos los ciudadanos que tienen pesos en su poder. Por el otro, ajustar el Estado, sin decirlo. Es decir, reducir parte de sus gastos a través de la licuación que sufren como consecuencia del aumento de los precios. Por ejemplo, el gobierno puede anunciar un aumento de jubilaciones del 40%, pero si la inflación es del 50% anual, el gasto bajó un 10%. Se hace el ajuste pero de manera no explicita. Las consecuencia de este ajuste inflacionario es una gran perturbación sobre el funcionamiento de la económica, con costos sociales y productivos muy altos. 

La manera de evitar el ajuste y bajar la inflación es ordenando el Estado. Pero mientras siga prevaleciendo el desorden (previsional, tributario, funcional, etc.) es inevitable el ajuste. El ajuste puede ser explícito (aumentando impuestos o recortando gastos) u oculto (apelando a que la inflación logre el mismo resultado licuando gasto). Lo que no es posible es el planteo del gobierno que pretende no ordenar el Estado, no aplicar ningún ajuste fiscal explícito y reprimir la inflación impidiéndole que haga el ajuste licuando el gasto público.