Más allá del Garrahan: la crisis de los hospitales públicos en Argentina

Desde la perspectiva de los pacientes, los problemas más visibles de muchos hospitales públicos son las largas esperas, el ausentismo de profesionales, la desatención en el trato y la falta de cumplimiento de criterios básicos de calidad en la prestación de servicios.

Esto es apenas una muestra de la crisis de la salud en Argentina: un sistema fragmentado y descoordinado que vuelca sus ineficiencias en los hospitales públicos, donde además persisten serias deficiencias de gestión, lo que en conjunto deteriora la salud pública.

La salud en Argentina: funcionamiento y estado actual

En la mayoría de los países existe un sistema de gestión y financiamiento de la salud predominante. Algunos se basan en un modelo de salud pública de acceso universal, como el sistema inglés; otros priorizan la atención privada mediante seguros y copagos, como el modelo americano; y también existen aquellos que adoptan sistemas de seguros sociales con aportes obligatorios, como el alemán.

El sistema de salud argentino, en cambio, combina estos tres modelos de manera desarticulada, y suma, además, la posibilidad de derivar aportes desde la obra social hacia la medicina privada. Esta descoordinación genera ineficiencias y una carga desproporcionada sobre el sector público, que termina siendo la variable de ajuste.

Nota: (1) Hoy la derivación se hace automáticamente, sin pasar por una obra social como intermediaria.

A esto se suma una superposición de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Aunque la salud es una competencia constitucional primaria de las provincias, persiste la idea de que los tres niveles de gobierno son responsables de su gestión. Así, los tres terminan cumpliendo las mismas funciones de manera superpuesta.

Las provincias administran hospitales, definen prioridades sanitarias, contratan recursos humanos y ejecutan políticas en sus jurisdicciones. A su vez, muchas delegan a los municipios tareas de atención primaria, como la gestión de centros de salud, vacunación y prevención. El Ministerio de Salud nacional, por su parte, en lugar de coordinar el sistema, regular y evaluar resultados, asume tareas que no le corresponden, como financiar hospitales (por ejemplo, el Garrahan), o comprar y distribuir medicamentos (como con el Programa Remediar). 

¿Por qué los hospitales públicos están en declive?

Gran parte de este desorden recae en los hospitales públicos porque, además de atender a personas sin cobertura, atienden a muchos pacientes con obra social o prepaga. Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 32% de la población no tiene cobertura médica, es decir que depende exclusivamente del sistema público, mientras que el 61% tiene obra social, el 5% tiene prepaga, y el 2% tiene ambas coberturas.

Estos datos indican que los hospitales públicos deberían, en principio, atender al tercio de la población sin cobertura, que incluso es un grupo de menor riesgo porque más del 90% de los adultos mayores está afiliado a PAMI. Sin embargo, también reciben pacientes con cobertura, sobrecargando una atención ya debilitada por una gestión deficiente. De esta manera, surge una contradicción: se destina cerca del 10% del PBI al sector salud pero las condiciones laborales y la calidad de la atención médica son deficientes. 

El problema está en que, en muchos casos, las obras sociales no garantizan una atención adecuada, llevando a muchas personas con cobertura a recurrir al hospital público. Los más de 5 millones de trabajadores con empleo precario y bajos ingresos que tienen obra social suelen recibir prestaciones de muy baja calidad, como las del monotributo, por lo que terminan acudiendo al hospital público.

Estas deficiencias tienen múltiples causas. En primer lugar, la alta informalidad laboral en Argentina hace que la seguridad social, que requiere un empleo formal, no tenga alcance universal. Además, la fragmentación del subsistema de obras sociales genera desequilibrios en la provisión de los servicios, con una concentración de afiliados en unas pocas obras sociales de gran tamaño y una proliferación de muchas otras de menor envergadura. Otro problema es que las obras sociales y las prepagas están obligadas a brindar un excesivo Programa Médico Obligatorio a todos sus afiliados, sin importar su nivel de aporte, lo que vuelve inviable su cobertura en los casos de aportes más bajos. 

A estos problemas se suman fallas propias de los hospitales públicos. Detrás del desorden general que los sobrecarga, se ocultan graves deficiencias de gestión. Un ejemplo claro es justamente la incapacidad de identificar a pacientes con obra social, lo que les impide recuperar costos.

Además, esta desorganización se refleja en escasez de insumos, atribuible a un inadecuado control de inventarios, y en seguimientos clínicos deficientes, por la falta de registros sistemáticos y la limitada articulación con otros establecimientos donde el paciente ha recibido atención previa. Tampoco hay mecanismos eficaces para supervisar el presentismo de los profesionales ni para evaluar la calidad de la atención brindada.

¿Cuál es la salida?

Las soluciones para transformar el sistema argentino de salud pública no pasan por aumentar el presupuesto, sino por reorganizar profundamente su estructura. 

Esto implica, primero, redefinir el rol del Estado: en lugar de gestionar hospitales, debería enfocarse en regular, auditar y garantizar el acceso efectivo a la salud. Un primer paso sería otorgar a los hospitales públicos personería jurídica y capacidad de gestión descentralizada para que puedan gestionar recursos y tomar decisiones ágilmente. El Garrahan funciona con este esquema, pero al depender de la Nación, su gestión se politiza. Podría administrarse mejor si quedara en manos de su equipo médico, sin intervención del Ministerio de Salud.

El modelo de financiamiento también debe cambiar. Hoy, los hospitales reciben financiamiento sin relación con la cantidad o calidad de sus servicios. Lo óptimo sería que las provincias implementen seguros públicos provinciales de salud y asignen una “cápita” ajustada al riesgo epidemiológico por cada persona sin cobertura. Así, los hospitales públicos le cobrarían al seguro público de salud por cada servicio brindado, lo que generaría incentivos reales para mejorar su calidad y eficiencia. A su vez, el Estado debería asegurar el reembolso por parte de las obras sociales y prepagas.

Además, el sistema público necesita pasar a un esquema basado en resultados. Esto implica establecer estrictos mecanismos de evaluación del desempeño que premien la eficiencia, la calidad en la atención y la cobertura efectiva. 

Estas propuestas buscan reordenar el sistema de salud desde sus bases. No se trata solo de mejorar la gestión hospitalaria, sino de cambiar la distribución de recursos, la relación entre subsistemas y alinear el funcionamiento de los hospitales con el interés general. La solución exige capacidad técnica, decisión política y voluntad para desarmar estructuras obsoletas y construir un sistema de salud más eficiente, equitativo y sostenible.