Ganancias cubre apenas 3% del aumento de gasto público

El crecimiento descontrolado del gasto público exige aumento de impuestos y más emisión monetaria. Los sectores más acomodados presionan para reducir el impuesto a las ganancias, eludirlo a través de mecanismos de dudosa legalidad o cobrar un bono extraordinario que compense la inflación. La situación de los hogares más pobres es más grave porque sufren en plenitud la aceleración de la inflación. Para frenar este deterioro social es imprescindible reducir el crecimiento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado.  

La oposición en el Congreso Nacional dio a conocer la medición privada de la inflación. Según esta fuente, en octubre los precios crecieron un 2,25% mensual, acumulando en un año un 41% de aumento. Esto implica una notable aceleración del ritmo inflacionario ya que a diciembre del año 2013, la inflación, según esta misma fuente, era de 28% anual. Con el aumento de la inflación crecen las demandas por aumentos extraordinarios de salario (bono de fin de año) y la presión por reducir el impuesto a las ganancias de las personas, que absorbe buena parte de los aumentos salariales en las remuneraciones más altas.  

La inflación tiene muchas causas. Una de decisiva importancia es la dinámica fiscal. En este sentido, lo relevante es que el gasto público nacional, según los datos oficiales, en los primeros 8 meses del año creció un 47% interanual. Pasó de $480 mil millones entre enero y agosto del año 2013, a $700 mil millones en el mismo período del año 2014.

¿Cómo se sostiene esta expansión de $220 mil millones de gasto público? Con la información oficial publicada por el Ministerio de Economía se puede estimar la siguiente estructura de financiamiento del aumento de las erogaciones del Estado nacional:

• Apenas un 3% de la expansión se financió con aumento del impuesto a las ganancias de las personas.
• Alrededor de un 69% se financió con aumentos de otros impuestos y otros ingresos, excluyendo el impuesto a las ganancias de las personas.
• El 28% restante del aumento del gasto público fue desequilibrio fiscal que se financió básicamente con emisión monetaria.

Estos datos muestran que el peso de sostener un sector público que se agranda recae fundamentalmente sobre impuestos que se trasladan a los precios y la emisión monetaria, y muy marginalmente en aumentos del impuesto a las ganancias de las personas. Sólo un 3% del aumento del gasto público se financia con aumento de recaudación del impuesto a las ganancias de las personas. Si bien la no actualización de los parámetros del impuesto a las ganancias reduce el ingreso de la gente de más altos ingresos, su impacto es modesto al lado de las pérdidas que la inflación impone al conjunto de la población y, particularmente, a los sectores más vulnerables.

En este contexto, pujar para que se reduzca el impuesto a las ganancias constituye un acto insolidario. Implica presionar para que quienes menos ingresos reciben –los trabajadores informales, formales de bajas remuneraciones, los jubilados, los desempleados y los inactivos– aumenten su aporte al financiamiento de la expansión del gasto público para morigerar el esfuerzo de los trabajadores formales de mayores remuneraciones.

Los sectores mejor posicionados hacen huelgas contra el impuesto a las ganancias y presionan por un bono extraordinario que compense la inflación. En muchos casos, lo logran y hasta llegan al extremo de apelar a mecanismos de dudosa legalidad para eludir el impuesto a las ganancias. Esto tiene un impacto social muy regresivo porque son los hogares más pobres los principales afectados por la paralización de los servicios debido a las huelgas y por la aceleración en el crecimiento de los precios.

De este proceso regresivo, no se sale reduciendo el impuesto a las ganancias u otorgando un bono extraordinario sino eliminando la inflación. Para ello es imprescindible desacelerar el aumento del gasto público, replantear prioridades y profesionalizar la gestión del Estado. Un ejemplo concreto es la política con la energía. Por haber mantenido subsidios irracionales se perdió la soberanía energética y se dilapidan enormes masas de recursos públicos todos los días. En lo que va del año, los subsidios estatales a la energía representan un monto equivalente a prácticamente toda la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Una política más sana, progresiva y federal sería sincerar los precios de la energía y establecer una tarifa social sólo en favor de los hogares más pobres