Informe Nº: 98502/10/2022
Entre los datos de pobreza y los resultados de las pruebas APRENDER se concluye que un tercio de los niños son pobres y no acceden a educación básica de calidad. Esto los condena de por vida a la pobreza. Para cambiar esta realidad no alcanza con más gasto social. Se necesita un ordenamiento integral del Estado.
El gasto público social tiene por principal objetivo la equidad y evitar la marginalidad social. Destinando fondos públicos a educación y asistencia social, además de vivienda, agua, cloacas y salud pública, tiene por principal objetivo evitar la pobreza y equilibrar la distribución de oportunidades. A comienzos del Siglo XXI, el gasto público social (excluyendo el gasto previsional y universidades) en Argentina era de 12% del PBI. En la actualidad, se ubica en alrededor del 15% del PBI.
La Constitución nacional establece que la Nación sólo se encarga de funciones taxativamente enumeradas y las que las provincias le hayan delegado expresamente. Como las funciones sociales no fueron asignadas a la Nación, ni tampoco delegadas, las provincias con sus municipios son los responsables de gestionar los servicios sociales. Sin perjuicios de ello, la Nación concentra recursos impositivos y se entromete en estas funciones que no le competen. A comienzos del Siglo XXI, la Nación invertía un 3% del PBI en estas funciones y actualmente un 5% del PBI. Esto se materializa a través de transferencias a las provincias y gastos administrados centralizadamente.
¿Qué resultados se alcanzaron con estas intervenciones de los tres niveles de gobierno? Con información aportada por las pruebas APRENDER y del INDEC se puede trazar el siguiente cuadro de situación:
Estos datos muestran el rotundo fracaso de las intromisiones de la Nación en funciones provinciales. Que 1 de cada 3 niños termine siendo pobre y le falte educación implica que una tercera parte de la población ya está condenada de por vida a la pobreza. Cuando estos niños sean adultos, sin educación, el daño social es irreversible. Por esto, no es tremendismo afirmar que en Argentina la informalidad y el asistencialismo vinieron para quedarse por muchas décadas más.
La solución no pasa por aumentar el gasto público social (que de hecho ocurrió) sino en mejorar la gestión del gasto. Por eso resulta decisivo el ordenamiento del Estado. Particularmente importante es replantear los roles entre jurisdicciones. La Nación debe dejar de superponerse interfiriendo en el financiamiento y la gestión de funciones provinciales y municipales. Esto no implica desentenderse del tema sino concentrar esfuerzos en medir y hacer públicos los resultados de las provincias para que las dirigencias locales sientan la presión de dar respuesta a los vecinos por mejorar la gestión. Esta es la mejor contribución que la Nación puede hacer al desarrollo social.
Parece un cambio muy disruptivo. Pero es la forma en que operan los países federales con excelentes resultados sociales, como Canadá y Australia. Canadá tiene uno de los mejores sistemas de educación del mundo y no tiene ministerio de educación nacional. Cada provincia gestiona su propio sistema de educación y rinde cuentas a su población por los resultados. En el mundo, también es muy valorado el sistema de salud de Canadá. En este caso, hay un ministerio de salud nacional, pero no se dedica a ayudar a las provincias en el financiamiento y la gestión de los hospitales públicos provinciales, sino a coordinar lineamientos de políticas, investigación, medición de resultados sanitarios e información a la población. Tener ministerios nacionales que se entrometen en funciones locales es una desviación del federalismo argentino que contribuye a la pésima gestión pública.
Con el recrudecimiento de la crisis económica aumentan las presiones sobre el gobierno para un ajuste fiscal. El ajuste puede morigerar el descalabro macroeconómico en el corto plazo, pero a costa de profundizar el mal funcionamiento del Estado. Para salir de la decadencia se necesita un ordenamiento integral del Estado que lleve al equilibrio fiscal junto con una sustancial mejora en la calidad de la gestión pública.
