Firmar otro consenso fiscal es prolongar la decadencia

En una organización federal el desarrollo del país es el resultado de la suma de los desarrollos de cada uno de los Estados que lo constituyen. Cada Estado constitutivo es responsable de definir e implementar sus propias políticas de desarrollo, mientras que las competencias a nivel central se limitan a cuestiones generales como velar por la estabilidad macroeconómica, los servicios interestatales (como la producción y transporte de energía), la defensa, las relaciones internacionales, algunas regulaciones, la infraestructura interestatal (rutas nacionales, trenes, vías fluviales y regulación área) y la seguridad social.    

Por eso, el desarrollo de la Argentina depende decisivamente de que el Estado nacional deje de cercenar las posibilidades de cada provincia. Esto plantea una frondosa agenda de ordenamiento. Uno de los puntos claves es la correspondencia fiscal. Es decir, tender a que los Estados provinciales obtengan sus ingresos con los impuestos que surjan de la actividad económica que ellos colaboran a generar en su territorio, tal como originalmente se previó en la Constitución Nacional. 

¿Cómo se generan en la actualidad los ingresos públicos? Según datos del Ministerio de Economía se observa que:

• La recaudación total es de 29% del PBI, de los cuales 24% del PBI los recauda la AFIP y 5% del PBI es recaudación generada por los sistemas tributarios provinciales.
• Luego, el Estado nacional se apropia de 17% del PBI.
• Las provincias reciben el 12% del PBI que se compone de 7% del PBI que les llega por la coparticipación y 5% del PBI que es recaudación propia.

Estos datos muestran una fuerte concentración de la recaudación en el nivel nacional. De esto se deriva una exagerada apropiación de recursos por parte del Estado nacional que, en un país federal, no es el artífice del desarrollo provincial. Por la parte de las provincias, más de la mitad del financiamiento es a través de la coparticipación. La coparticipación, además de ser compleja y arbitraria, genera sub-financiamiento para las provincias y baja correspondencia fiscal ya que los ingresos provinciales no vienen de manera directa desde sus ciudadanos. A esto se suma que la parte minoritaria que cobran las provincias es con impuestos muy dañinos para el desarrollo (Ingresos Brutos y Sellos). 

En atención a esto último, en el 2017 se firmó el Consenso Fiscal. Uno de los puntos centrales fue acordar un cronograma con topes sobre las alícuotas de Ingresos Brutos, limitar los saldos a favor de los contribuyentes, eliminar los diferenciales de alícuotas entre contribuyentes locales y con domicilio fuera de la provincia y homogenizar los regímenes de pago a cuenta que aplica cada provincia. Aunque todas las provincias lo hubieran cumplido y la aplicación del cronograma no se hubiese suspendido, el Consenso Fiscal tiene metas modestas. Aspira sólo a moderar el daño que causan estos dañinos impuestos provinciales. El Consenso Fiscal del 2017 se justificó por la debilidad política del gobierno anterior, pero de cara al próximo gobierno no es una solución.  

Para salir de la decadencia se necesita explorar estrategias más innovadoras y audaces. Hay que eliminar los malos impuestos y no limitarse a moderar sus impactos más dañinos. Esto se puede lograr, por ejemplo, creando un IVA provincial en el que se unifiquen la gran cantidad de tributos que actualmente se aplican sobre las ventas (IVA e impuestos internos nacionales, ingresos brutos y sellos provinciales, y tasas municipales) y que sean cobrados por las provincias –a través de la AFIP– en función de las ventas que se generen en cada provincia. Así, las provincias serán incentivadas a aumentar la actividad económica en su territorio porque esa es la vía de su sostenimiento financiero.

Bajo esta estrategia deja de ser necesaria la coparticipación. Cada provincia se financiaría con los impuestos que genera en su territorio. Esto tiene que ser complementado con un Fondo de Convergencia. Este es un mecanismo de transferencia de recursos desde las zonas más ricas a las más pobres pero que, a diferencia de lo que ocurre con la coparticipación, estaría orientado a estimular políticas para reducir las brechas de desarrollo.