Hay 1,5 millones de personas con certificados de discapacidad

La discapacidad no es una enfermedad sino una condición. Esta condición plantea a los afectados una serie de necesidades específicas. Si bien la discapacidad comprende situaciones muy heterogéneas, los principales servicios especiales que puede requerir son la rehabilitación, la educación especial y la asistencia para la vida cotidiana que, en los casos más complejos, involucra la adaptación de la vivienda, alimentación y transporte especial y asistencia de personal especializado. Para muchas familias con un miembro del hogar con discapacidad el acceso a estos servicios plantea enormes desafíos. 

La Argentina tiene la peculiaridad de que el suministro de estos servicios se asignó al sistema de salud. En 1997, la Ley 24.901 definió las prestaciones específicas para la discapacidad y estableció que las obras sociales están obligadas a suministrarlas a sus afiliados. Luego, en el 2011, en la regulación de las prepagas, se estipuló la misma obligación para las prepagas. Como ocurre con las prestaciones médicas, para quienes no tienen seguro de salud queda implícito que la cobertura queda a cargo de los efectores públicos. La discapacidad se acredita legalmente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ese certificado genera el derecho a recibir las prestaciones específicas de la discapacidad. 

Según información publicada por la ANDIS, la cantidad y la evolución de las personas con CUD en Argentina es la siguiente:

• En el año 2009 había 9 mil CUD emitidos.
• En el año 2021 hay 1,5 millones de CUD emitidos.
• Esto implica que la emisión de CUD creció a una tasa del 54% promedio anual.

Estos datos muestran que el crecimiento de la cantidad de personas con discapacidad acreditada viene mostrando un enorme crecimiento en la última década. Representan más del 3% de la población total, lo cual no es una fracción despreciable. Suministrar las prestaciones especiales de la discapacidad implica un desafío complejo de financiar y gestionar. Por eso, para los seguros de salud –que no son entes especializados en gestión de servicios de discapacidad– se han convertido en un factor de desestabilización financiera. 

Conceptualmente, las discapacidades severas son de baja incidencia entre la población total, pero de muy alto costo. Como las prestaciones específicas de la discapacidad no son prestaciones médicas, en los países bien organizados el Estado –con entes especializados– cofinancia a las familias estas prestaciones con un orden de priorización. Por ejemplo, en Uruguay esta función la cumple la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad y en Chile el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS). 

En Argentina, en cambio, esta cobertura es otro testimonio del voluntarismo y la demagogia con que se abordan temas de alto impacto social. Para la gente con seguro de salud se apeló a la simplista receta de ampliar el Programa Médico Obligatorio (PMO). Imponer derechos sin mecanismos apropiados de financiamiento y gestión deriva en permanente conflictividad. Las personas enfrentan muchas dificultades para acceder a las prestaciones y es frecuente que tengan que acudir a la Justicia. La situación es peor aún para las personas sin seguro de salud. La misma ley que le impone la obligación a las obras sociales y prepagas (Ley 24.901) estipula que, para las personas sin cobertura de salud, el Estado (genéricamente) brindará las prestaciones en la medida que las personas no puedan afrontarlas. Esto da pie a otra superposición entre un organismo nacional (ANDIS) con las secretarías provinciales y municipales de discapacidad. El desorden sirve para expandir la burocracia y diluir responsabilidades, pero no para dar una respuesta apropiada a la gente sin cobertura. El resultado es una larga y demagógica enunciación de derechos que en la mayoría de los casos resulta muy difícil o imposible de ejercer. 

Una respuesta socialmente eficaz exige salir de la mediocre y cómoda actitud de agregar derechos al PMO sin reparar en cómo satisfacerlos. Esto lleva a la necesidad de asignar fondos públicos específicos para la discapacidad para todos los argentinos con y sin cobertura. La gestión debe estar exclusivamente a cargo de los organismos provinciales que deben priorizar en función del nivel de complejidad de la discapacidad de cada persona.