No hay que discutir una nueva coparticipación: hay que eliminarla

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA

El lío entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es así. Con la reforma constitucional de 1994 se crea la CABA y los constituyentes establecen en la Constitución de que hay que sancionar antes de 1996 una nueva coparticipación. Ocurrió lo predecible. No se sancionó una nueva coparticipación.

Pero el Estado Nacional le dio en el 2003 a la CABA, de la parte que le corresponde, un 1,4% para que vaya tirando. En el 2016, con el Gobierno de Cambiemos, el Estado Nacional le traspasa a la CABA los servicios de policía y estipula que, de la parte que le corresponde, el 1,4% sube a 3,75%.

En el 2017, con el Consenso Fiscal sube la masa coparticipable a provincias, entonces, el 3,75% se baja a 3,5% para que CABA no tenga un aumento desproporcionado.

Luego viene el actual gobierno nacional y en el 2020 -plena pandemia-le baja a CABA el 3,5% a 2,3% para mandarle la diferencia a la provincia de Buenos Aires, a fin de beneficiar al gobernador Axel Kicillof porque no hubo ninguna transferencia de servicios.

CABA va con un amparo a la Corte. La Corte después de 2 años hace lugar al amparo y establece que, hasta la tanto la propia Corte se expida en la cuestión de fondo, que la CABA reciba 2,9% (que es la mitad entre 2,3% y 3,5%). El Estado Nacional dice que no va a obedecer y la CABA le aplicó una denuncia penal al presidente por desobediencia.

¿De dónde sacó el Presidente la idea de desobedecer?

De los gobernadores peronistas del norte que no tienen ni arte ni parte en este conflicto. Lo que pasa es que están preocupados que se empiece a hablar de la coparticipación.

Aquí hay que remontarse al Gobierno de Raúl Alfonsín.

Los militares a Alfonsín no le dejaron regla de coparticipación. El radicalismo gobernaba en la provincia de Buenos Aires y el peronismo era fuerte en las provincias del norte. En 1988, se sanciona la actual ley de coparticipación (Ley 23.548) en la cual Alfonsín le aplica una grosera reducción a la provincia de Buenos Aires para darles mayor participación a las provincias del norte, y así el peronismo acepte sancionarle la Ley 23.548.

Para salvar este despropósito se puso en la misma Ley 23.548 que regiría solo por los años 1988 y 1989, por lo que la misma ley dice que hay que sancionarse una nueva ley de coparticipación. Este mandato legal -al igual que el que pusieron los constituyentes en la Constitución de 1994- se incumplió.

Así, actualmente, las provincias del norte tienen el 22% de la población argentina y reciben el 34% de la coparticipación. La CABA y la provincia de Buenos Aires tienen el 45% de la población y reciben el 25% de la coparticipación. Esto está agarrado con el incumplimiento de rediscutir la ley de coparticipación puesto en la misma Ley 23.548 y en la Constitución.

Esta larga historia es para demostrar que en Argentina nunca se va a rediscutir una nueva coparticipación.

Porque las provincias del norte son muy beneficiadas y la rediscusión requiere del acuerdo de ellas, que son las que vinieron con la idea de la desobediencia a la Corte.

 

La decadencia argentina se explica por este régimen de coparticipación. 

Aun cuando este régimen benefició durante 35 años a las provincias del norte, las provincias del norte siguen siendo las más atrasadas del país. Evidentemente, que el mayor beneficio a través de la coparticipación no sirvió. Al contrario, el norte del país es cada vez más subdesarrollado.

Esto es porque la coparticipación no beneficia a los ciudadanos de las zonas más atrasadas sino a los dirigentes de estas regiones. Dirigentes políticos de regiones pobres cada vez más ricos con ciudadanos cada vez más pobres.

La razón es simple. La coparticipación no incentiva el desarrollo local sino a esperar el dinero de arriba, desde el Estado Nacional, dinero que llega sin condicionamiento de ningún tipo.

La salida de la decadencia argentina comienza por eliminar la coparticipación.

Hay que eliminar la coparticipación y restablecer la separación de fuentes tributarias. Esto es, que el Estado Nacional se financie con los impuestos al comercio exterior, a la seguridad social y con la totalidad del impuesto a las Ganancias. Las provincias que se financien con la totalidad del IVA (unificado con Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio municipales) y Bienes Personales (unificado con inmobiliario y automotor).

Para las provincias del norte, actuales beneficiarias de la coparticipación, debería contemplarse un Fondo Compensador que les garantice el mismo nivel de recursos actuales pero condicionado a planes de desarrollo local para que salgan del atraso. Eliminándoles la coparticipación, se dará la oportunidad a los ciudadanos de las provincias del norte a dejar de seguir sufriendo los estragos del subdesarrollo. Porque para que sus dirigentes se sigan haciendo ricos -como con la coparticipación- tendrán que trabajar ardua y exitosamente por el desarrollo local.

Fuente: El Economista