El Congreso debería mejorar la Asignación Universal por Hijo

El debate parlamentario es la oportunidad para corregir los defectos de la Asignación Universal por Hijo. Esto permitiría transformarla desde un programa asistencial tradicional, similar a lo que en su momento fue el Plan Jefes, a una herramienta de promoción social. Para eso es clave establecer mecanismos más modernos de monitoreo de los controles de salud y escolaridad, y premiar la incorporación de la madre al mercado laboral y los logros escolares.   

Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) de Argentina, vienen siendo aplicados en muchos países desde hace varios años. La experiencia internacional sugiere que la eficacia social de este tipo de intervención aumenta con esquemas de beneficios y monitoreo que induzcan la inserción laboral de la madre y se maximice el rendimiento de la inversión en salud y educación de los hijos.

En este contexto, la AUH se caracteriza por un diseño rústico y la aplicación de instrumentos de gestión muy rudimentarios. Se paga un valor fijo por cada hijo, que se incrementa si se cumple con el control de salud y la asistencia escolar monitoreados manualmente a través de una libreta. Otros países aplican herramientas de gestión más modernas y contemplan beneficios que aumentan si la madre se incorpora al mercado de trabajo y si los hijos tienen buen desempeño escolar.

Una simple comparación ayuda a entender la importancia del tema. Suponiendo una mujer cuyos hijos cumplen con las condicionalidades de salud y asistencia escolar, se tiene que:

• En Argentina, una mujer con 1 hijo recibe $837.
• En Chile, una mujer con 1 hijo puede llegar a recibir $1.113 en total, compuesto por $250 de base, $660 por la entrada de la madre al mercado laboral, $120 por control de salud y asistencia escolar, y $83 por desempeño escolar destacado de su hijo.
• Una mujer con 3 hijos, en Argentina recibe $2.511 mientras que en Chile recibiría $1.520 sumando todos los componentes.

Este ejercicio comparativo ayuda a visualizar los incentivos subyacentes en el diseño de los programas. La primera diferencia es que, en Chile, si la mujer no trabaja recibe un subsidio muy inferior que en la Argentina. Pero si trabaja y el hijo tiene buenas notas, el monto es superior. La segunda diferencia es que en la Argentina el subsidio se multiplica con la cantidad de hijos, mientras que en Chile decrece proporcionalmente con la cantidad de hijos. Los objetivos subyacentes son inducir a la actividad laboral femenina, mejorar el desempeño escolar y una menor tasa de natalidad.

El esquema chileno pone énfasis en la promoción social. Esto es, además de proveer asistencia monetaria al hogar pobre, incentiva conductas de superación personal e independencia económica buscando que las personas progresen en base a su propio esfuerzo. Por el contrario, en la AUH prevalece el objetivo asistencialista ya que se concentra en brindar el paliativo frente a la situación de pobreza pero presta poca atención a generar conductas que ayuden a superar la vulnerabilidad. De esta forma, consolida la pobreza y perpetúa la dependencia, aumentando los riegos de clientelismo político.

Estos antecedentes alertan que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para fijar un mecanismo de actualización de la AUH es pertinente pero insuficiente. Seria recomendable aprovechar la discusión parlamentaria para introducir cambios más profundos que permitan migrar del asistencialismo a la promoción social.

Para mejorar la AUH se debería contemplar un diseño de las prestaciones que induzca no solo a la permanencia en las escuelas sino también al buen rendimiento y aliente a que las madres trabajen y asuman una sexualidad responsable. En materia de gestión, la Nación debería coordinar con las provincias –que son las responsables de administrar las escuelas y los servicios de salud– para que el monitoreo deje de ser manual y se pueda detectar y actuar de manera inmediata ante la falta de controles médicos, deserción escolar o mal desempeño educativo. En paralelo, se debería contemplar recursos e incentivos para que las provincias ofrezcan guarderías y salas de cuidados infantiles de calidad. Finalmente, es central abordar una profunda reforma impositiva y laboral que facilite –y no penalice, como lo hace en la actualidad– el empleo formal para los jóvenes y las mujeres.