Informe Nº: 63731/01/2016
El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un […]
El gobierno anunció la actualización de las tarifas eléctricas. Se pone fin así a un mecanismo de subsidios muy perverso que desencadenó una profunda crisis energética, una regresiva redistribución de ingresos a favor de los hogares de altos ingresos y agravó la discriminación contra el interior del país. Con el reajuste, tan importante como un régimen de tarifa social para los más pobres es hacer entender al resto de la población sobre los daños que generó este esquema tan irracional.
El nuevo régimen tarifario para la energía eléctrica que regirá a partir de febrero es fuente de polémicas. El punto crítico es que los porcentajes de aumentos son muy elevados fruto de que las tarifas de electricidad estaban muy atrasadas. Por ejemplo, si se considera un consumo familiar promedio (300 kwh al mes), mientras que en Argentina el costo llega a ser de 0,0075 dólares el Kwh, en países vecinos (Chile, Brasil y Uruguay) se paga alrededor de 0,16 dólares. Es decir, en la Argentina una familia promedio paga el servicio de electricidad 20 veces menos que un hogar con consumo similar en los países vecinos.
Esta enorme diferencia no se explica porque el sector energético de la Argentina sea más eficiente sino porque se tomó la decisión de usar fondos públicos para subsidiar de manera indiscriminada el consumo eléctrico. Esto es muy cuestionable, especialmente cuando hay otras prioridades sociales como el dar soluciones a más de un cuarto de la población que vive en situación de pobreza.
Otro punto a tener en cuenta es la distribución regional de los subsidios. Un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y el Instituto Argentino de Energía señala que:
Estos datos muestran que los fondos públicos utilizados para subsidiar el consumo de electricidad fueron elevados y distribuidos de manera muy arbitraria. El monto en el 2014 ascendió a casi 2% del PBI. En su distribución, se benefició a muchas familias de ingresos medios y altos, y, en particular, a las que habitan en la región metropolitana. El resultado es que la gente del interior paga impuestos como en Buenos Aires pero recibe poco, en muchos casos nada, de los subsidios que se financian con su esfuerzo.
El retraso tarifario se origina en el año 2002 cuando la mega-devaluación llevó a romper los contratos con las empresas prestatarias de electricidad dado que estaban nominados en dólares. Esta decisión, tomada en un contexto de emergencia, nunca terminó de ser rectificada aun cuando la economía tendió a la normalidad. Peor aún, por facilismo, negligencia y arbitrariedad, se decidió asignar fondos públicos para sostener tarifas artificialmente bajas en la región metropolitana, mientras que en el interior se permitió aplicar tarifas más alineadas con los costos. Así se explica la enorme brecha entre el precio que pagan los porteños y el que paga la población que vive en el interior del país.
Además de sus impactos regresivos sobre la distribución personal y geográfica del ingreso, los subsidios desencadenaron una profunda crisis en el sector eléctrico. El retraso de tarifas induce a familias y empresas a no cuidar el consumo de electricidad y a las empresas prestatarias –estatales y privadas– a diferir inversiones. El resultado es previsible: un profundo deterioro en la calidad del servicio. Según datos oficiales, en el año 2012 (último disponible) los reclamos de los usuarios ascendieron a 226 mil, el doble del año 2011 y más del triple del promedio registrado entre los años 2003 y 2010.
Las polémicas generadas por la actualización de las tarifas eléctricas demuestran lo difícil que es afrontar las herencias del populismo. Luego de tantos años de subsidios, muchas familias, e incluso empresarios, consideran natural –y en algunos casos, hasta un derecho– que otros ciudadanos les paguen su consumo de energía. Por eso, es clave establecer rápidamente un moderno sistema de tarifa social en beneficio de las familias más pobres y generar conciencia de los enormes daños que causa el desvío de fondos del Estado para subsidiar los servicios públicos a quienes pueden pagar.
