Un buen plan no se hace sólo con audacia

Por Virginia Giordano, coordinadora de investigación de IDESA

Javier Milei llegó al gobierno con ideas disruptivas y un enfoque poco convencional. Su éxito en las urnas fue impulsado por propuestas ‘políticamente incorrectas’. Su ascenso refleja el descontento con lo tradicional y una apertura a enfoques innovadores, resonando en un electorado joven y desencantado. Ganó proponiendo medidas radicales como la dolarización y el fin del Banco Central, desafiando normas establecidas, cuestionando la “casta política” y buscando una nueva era de libertad económica y menor burocracia.

Un shock de realidad. En su primer mes de gobierno, las audaces propuestas de Milei se han topado con la realidad. Algunas ideas, como la dolarización y el cierre del Central, se han pospuesto, mientras que el DNU y la ley ómnibus, aunque revolucionarios en algunos aspectos, incluyen muchos elementos irrelevantes y otros que contradicen los objetivos transformadores. La contradicción más visible, pero no la única, es la suba de algunos impuestos.

Algo notable son los vacíos en abordar temas centrales e imprescindibles en un plan de transformación. Por ahora, se pasa por alto que el necesario ordenamiento integral del Estado incluye como componentes claves el ordenamiento tributario, para simplificar y unificar impuestos y así poder reducir el peso de los impuestos en la ciudadanía y la producción.

También que el ordenamiento del sistema previsional es fundamental para mejorar la equidad y la sostenibilidad fiscal. No menos importante es plantear un mecanismo en sustitución de la coparticipación para terminar con los incentivos que ésta genera a excesivo gasto público y clientelar. Estos cambios, de los que por ahora el gobierno no ha dicho nada, son cruciales para evitar ajustes fiscales ineficientes y socialmente costosos, como los que han caracterizado a la economía argentina en el pasado.

También se necesita pericia.  La efectividad de un plan disruptivo, especialmente en un contexto tan desafiante como el de Argentina, también depende de desplegar una gran dosis de habilidad y pericia para instrumentarlo. Por un lado, se necesita una enorme capacidad de gestión para imponer dentro del Estado nuevas ideas y abandonar las viejas.

El gobierno por ahora no ha demostrado tener la capacidad para implementar las transformaciones que anuncia. Ejecutar cambios sobre una estructura estatal anquilosada y plagada de malas prácticas demanda gestión profesional competente y con fuerte impulso hacia la innovación. Hasta ahora, hay dudas si el equipo que acompaña a Milei las posee.

Por otro lado, la pericia política juega un papel igualmente crítico. Esto es un escollo particularmente desafiante en un ambiente donde el gobierno se encuentra en minoría en el Congreso y sin ningún gobernador aliado.

Dialogar y buscar puntos de acuerdo con la oposición más proclive a la modernidad y los cambios es imprescindible. Si se carece de habilidad para negociar y encontrar un terreno común con aquellos que tienen visiones distintas es imposible ejecutar el plan. Por eso, genera especial preocupación que no esté claro si el gobierno posee la suficiente destreza política para forjar estas alianzas.

En el tratamiento de la ley ómnibus se va a demostrar con evidencias cuál es la verdadera situación. Hasta ahora son más las dudas que las certezas. Por ejemplo, reaccionando a errores del proyecto, como la delegación de la movilidad previsional, parte de la oposición, en una actitud constructiva, presentó una propuesta coherente y consistente para para sustituir la actual fórmula por una actualización mensual en base al índice de precios. El gobierno la receptó, pero se empecina en una redacción ambigua que podría implicar saltear en la actualización la inflación de enero. Esta “avivada” es tan innecesaria como inconducente, ya que garantiza exacerbar la litigiosidad.

También roza la necedad pretender transferir la totalidad de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) sin contemplar que la prioridad en esa liquidación son los jubilados con sentencias judiciales firmes y las provincias a las que se les debe transferencias a sus cajas.

Con bastante menos del 10% de los activos del FGS se podrían cancelar todas las deudas de la ANSES, facilitando el apoyo político de quienes son sensibles con la situación de los jubilados y los gobernadores, que esperan que se les pague sus deudas.

Con relación al aumento de las retenciones se reproduce una situación similar. El gobierno insiste con el incremento de las retenciones, algo que con razón resulta imposible de votar para muchos legisladores. En lugar de ser receptivo ante sugerencias racionales que buscan mejores alternativas, el ministro de economía respondió con exabruptos y amenazando a las provincias con recortes de partidas. La persistencia en estos errores podría llevar a que el Congreso rechace estas propuestas, derivando en una situación extremadamente compleja.

No alcanza con buenas ideas. Un buen plan no sólo consiste en buenas ideas. Tan importante como ellas son las pericias para implementarlas. Lo que pasó esta semana en el Congreso pone dudas sobre si el gobierno tiene las habilidades políticas como para concertar con la oposición dialoguista y llegar a acuerdos que le den viabilidad a la ley. Todavía está a tiempo de rectificar el rumbo. Pero el reloj avanza rápidamente.

Fuente: el perfil