Informe Nº: 79617/02/2019
El gobierno dispuso una reducción de impuestos distorsivos para ciertos sectores de la producción. La baja es buena señal, pero resulta insuficiente para salir de la recesión y riesgosa para la meta del equilibrio fiscal. Mejorar la gestión del IVA es la forma de salir de esta difícil encrucijada. En respuesta a los reclamos de […]
En respuesta a los reclamos de las entidades empresariales el gobierno nacional estableció la reducción de las contribuciones patronales para un grupo limitado de sectores con fuerte presencia en el interior del país. En concreto, se dispuso que los cultivos de frutas y verduras y la elaboración de leche, huevos, pescados, aceite de oliva, bebidas y madera tendrán un mínimo no imponible de $17 mil sobre el salario para la determinación de las contribuciones patronales, en lugar de los $7 mil que rigen como regla general.
Bajar las imposiciones sobre los salarios va en el sentido correcto de recuperar condiciones propicias para la producción y el empleo. Sin embargo, la reducción aparece como muy acotada a la luz de la profundidad y extensión de la recesión. En paralelo, va en contra de la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Esto explicita un dilema complejo. El objetivo de equilibrar las cuentas públicas (cuestión esencial para bajar la inflación y dejar de aumentar la deuda del Estado) impide extender a todos los sectores y con mayor profundidad la reducción de impuestos distorsivos que incluyen no solo a las cargas sociales sino también, entre otros, a los impuestos a las exportaciones y a los ingresos brutos.
¿Cuáles son las dimensiones financieras subyacentes en el desafío de promover la producción y el empleo a través de reducir estos impuestos distorsivos? Según datos publicados por el Ministerio de Hacienda para el año 2019 se proyecta recaudar:
Estos datos muestran que los tres principales impuestos que conspiran contra la actividad productiva representan casi un 13% del PBI. Por eso, resulta imposible reducir estos impuestos para estimular la inversión, el empleo y las exportaciones sin entrar en colisión con la meta de reducir el déficit fiscal. Esta disyuntiva es la que las entidades empresariales parecen ignorar con sus demandas y de la que el gobierno no encuentra la manera de salir. Ciertamente que la incidencia de los impuestos distorsivos impide salir de la recesión. Pero estos impuestos generan una magnitud tan importante de recursos que terminan resultando esenciales para la estrategia de llegar al equilibrio fiscal.
Salir de esta encrucijada es clave para no seguir acumulando frustraciones. Para ello es necesario profesionalismo y audacia política a fin de generar los espacios fiscales que permitan reducir impuestos distorsivos en magnitudes más acordes a las necesidades de los sectores productivos. En esta dirección, la prioridad es innovar en la gestión pública con especial atención en la organización y administración del sistema tributario.
Concretamente, según el Presupuesto 2019 se proyecta recaudar en concepto de IVA unos 7,8% del PBI. Según estimaciones de la CEPAL, considerando la alícuota general con que se aplica el impuesto y el valor agregado de la economía, se estima que esta recaudación efectiva equivale a aproximadamente la mitad de la recaudación potencial del impuesto. Esto significa que, si se combatiera con eficacia la evasión, la elusión y las maniobras legales que los contribuyentes realizan para pagar menos IVA, se podría recaudar otros 7,8% del PBI en concepto de IVA. Esto es más de la mitad de impuestos distorsivos.
La modernización del IVA es un desafío ambicioso, pero posible y alcanzable en el corto plazo. Un paso importante es rediseñar el monotributo, generalizando en todo el país su unificación con Ingresos Brutos y tasas municipales y estableciendo reglas que morigeren los incentivos a que los contribuyentes permanezcan espuriamente en él para evitar el régimen general. El otro paso estratégico es la masificación de la factura electrónica y pasar a la determinación unificada del IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales desde el Estado. Esto implica eliminar el esquema actual basado en declaraciones juradas de los contribuyentes. Además de mejorar la recaudación, este cambio reduciría sustancialmente la carga administrativa sobre los contribuyentes.
