La asistencia social es jurisdicción de los gobiernos locales

En una repetitiva conducta, las agrupaciones piqueteras se instalaron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires al frente del Ministerio de Desarrollo Social nacional. En esta ocasión, la exigencia fue la de declarar la emergencia alimentaria. En términos prácticos, esto significa incrementar las partidas presupuestarias para los programas asistenciales que desde este Ministerio se distribuyen entre las agrupaciones sociales. En este marco, diputados oficialistas y de la oposición dieron media sanción a la ley de la emergencia.

Una consideración especial merece el Ministerio de Desarrollo Social nacional. Esta dependencia fue creada en el año 1999 por el entonces recién asumido gobierno de la Alianza para mostrar el compromiso de esa coalición con los temas sociales. Los sucesivos gobiernos lo mantuvieron al punto que el organismo cumple 20 años de existencia. La ironía es que en las dos décadas de su existencia la pobreza en la Argentina nunca cedió manteniéndose consistentemente alrededor del 32% de la población.

Un primer interrogante es dilucidar si semejante ineficacia está asociada a falta de recursos.  Tomando el período que va entre los años 2003 y 2018, para los cuales se dispone de datos comparables, este Ministerio gastó unos $125 mil millones por año a precios del 2018. Esto equivalió a 1% del PBI en cada año. Los tres principales componentes del gasto fueron:

• En gastos administrativos, es decir salarios y otros gastos operativos, se gastaron unos $3 mil millones por año a precios del 2018.
• En programas de asistencialismo por los que pujan las agrupaciones piqueteras se gastaron unos $40 mil millones por año a precios del 2018.
• En pensiones no contributivas se gastaron uno $80 mil millones por año a precios del 2018.

Estos datos muestran que los presupuestos asignados han sido muy significativos en los últimos 15 años. Con ello, se ha generado una estructura administrativa grande con fondos para asistencialismo que generan gran magnetismo entre las agrupaciones piqueteras. El mayor gasto fue a pensiones no contributivas, que financia 1,5 millones de beneficios dentro de las cuales hay 1 millón de pensiones por incapacidad con fundadas sospechas de que muchas fueron otorgadas con irregularidad. Por la magnitud de los fondos, la forma en que se asignan y los frustrantes resultados, en lugar de insistir en aumentar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, se justifica exigir una fuerte autocritica.

Un tema central es reflexionar sobre la pertinencia de que el gobierno nacional se inmiscuya en este tipo de acciones. Pretender suministrar desde el gobierno nacional asistencia a personas en estado de vulnerabilidad es inconducente. En primer lugar, porque colisiona con la organización federal superponiéndose con las acciones de las provincias y municipios. En segundo lugar, porque colisiona con la buena gestión ya que es imposible lograr eficiencia desde una unidad burocrática central. Esta estrategia llevó a crear una enorme estructura administrativa que opera de manera superpuesta con los gobiernos locales promoviendo el derroche, la proliferación del clientelismo y la corrupción. Una familia vulnerable debería conocer y superar los trámites administrativos de más 100 programas entre nacionales, provinciales y municipales, si quisiera por sus medios acceder a ellos.

Persistir asignando recursos por esta vía no va a resolver los problemas de la pobreza. No se trata de la voluntad política o la capacidad de quien conduzca este ministerio. Las reglas inducen a que los recursos sean capturados por la burocracia, el clientelismo y la corrupción. Mucho más prometedor es entablar el dialogo con las provincias para avanzar en la desarticulación de las intervenciones nacionales en programas de asistencia social. Es decir, que todos los recursos destinados a la asistencia social sean administrados a nivel local y que el gobierno nacional se reserve sólo funciones de monitoreo, la difusión de información para la transparencia y medición de impactos. Esta misma estrategia debería aplicarse a las otras áreas donde la Nación también se inmiscuye en funciones locales, que son los programas nacionales de educación, salud, vivienda e infraestructura urbana.

El instrumento de base para reducir la pobreza es el crecimiento económico y del empleo. Para ello, es imprescindible disciplina fiscal. La manera de ordenar el Estado para equilibrar las cuentas públicas y aumentar su eficacia social es desmantelando todas las estructuras nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales.