Notas de Opinión
Por Jorge Colina, Presidente de IDESA
Pareciera que los que manejan la política en el Gobierno consideran que la situación económica se ha normalizado desde setiembre del año pasado, cuando el dólar paralelo casi toca los $200 a la fecha. Tanto es así que no sólo se oponen al ajuste tarifario para controlar el déficit fiscal sino que hasta sugieren de que el mismo déficit fiscal no sería un problema. De aquí que proponen volver al confinamiento rígido con asistencia del Gobierno a través de los APT y los IFE, como el año pasado.
La calma en el dólar responde a medidas que se tomaron en la dirección correcta. Por caso, en lo que va del 2021 la asistencia del BCRA al Tesoro (emisión para cubrir el déficit fiscal) se frenó. En enero y febrero no hubo asistencia y en marzo y abril fue de $190.000 millones, que es menos del 10% de la base monetaria. El déficit fiscal también se redujo en el primer trimestre a la mitad de lo que fue en el mismo trimestre del año pasado. Esto le facilitó al Tesoro financiar sus vencimientos de deuda con títulos públicos.
El punto es que esta reducción del déficit fiscal del primer trimestre es transitoria. Se explica por un crecimiento extraordinario de los ingresos públicos que ya se apacigua en abril y por el retraso de salarios públicos y jubilaciones que crecieron sólo 31% interanual con una inflación del 40%. En lo que resta del año habrá demandas por recomposición salarial, las jubilaciones se van a ajustar por la regla de movilidad y, además, Anses tiene atrasadas casi la mitad de los otorgamientos de nuevas jubilaciones. El sistema previsional, en general, otorga regularmente unas 350.000 nuevas jubilaciones y pensiones por año. En 2020 se otorgaron apenas 190.000, producto de que la Anses cerró sus puertas por el confinamiento. En algún momento de 2021 se tiene que poner al día.
A su vez, el financiamiento del déficit vía emisión de títulos públicos ya está poniéndose más caro. En la última licitación del Tesoro, el mercado pidió un aumento de tasas, aun cuando se mostró bastante amigable. El mercado pidió una tasa de interés similar a la inflación por lo que el aumento de la tasa de interés se debió a que aumentó la expectativa de inflación. En otras palabras, no es que el mercado se puso arisco. Es el propio déficit fiscal el que hace subir la tasa de interés por las expectativas al alza de la inflación que produce.
En el mismo sentido, pensar que el BCRA puede atenuar el impacto inflacionario de la emisión, como lo hizo el año pasado, sacando dinero del mercado con Leliq y pases ya encontró sus límites. El stock de Leliq y pases es superior al total de depósitos a plazo fijo de los privados. Esto es consecuencia de que la bola de nieve de los intereses está creciendo. Creer que el mecanismo de las Leliq y pases puede ser indefinido es una equivocación porque la contrapartida son los plazos fijos, que tienen un límite.
Por todo lo anterior es que el ministro propone tomar medidas para reducir el déficit fiscal de manera permanente.
Una anécdota ayudaría a reflexionar al ala política del gobierno. En Uruguay se formó una alianza con una veintena de partidos de izquierda que ganó la presidencia y estuvo en el poder casi 15 años. Es el Frente Amplio. Cuando perdió fue por muy pocos votos por lo que se puede decir que se fue por la puerta grande. Entró con una pobreza de 32% y se fue con una pobreza de 8%. Evidentemente que es un proyecto político de envergadura y más que interesante. Bueno, el Frente Amplio nunca descuidó el déficit fiscal. Siempre lo tuvo controlado para así tener controlada la inflación. Esto es lo que lo hizo ganar tantas elecciones y reducir la pobreza.
La enseñanza del FA de Uruguay es que todo proyecto político sustentable debe pararse sobre el equilibrio fiscal. Más cuando dice estar a favor de los pobres.
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Por Jorge Colina
La tasa de contagio del coronavirus no cede y hay rumores de que los infectólogos recomiendan otra vez el encierro absoluto de la gente por corto tiempo. Serían 2 o 3 semanas.
Con el diario del lunes, ya se puede saber que el año pasado con 8 meses de confinamiento las infecciones nunca se eliminaron. Al contrario, fueron crecientes hasta un pico de 15.000 diarias en octubre.
Ahora, que las infecciones están en el orden de las 25.000 por día, no hace falta ser muy adivino para darse cuenta que en 2 o 3 semanas el virus no va a desaparecer. Por lo que, al igual que el año pasado, de 3 semanas en 3 semanas el confinamiento se estirará por meses.
Con la gente confinada por meses se necesitan subsidios del Estado. ¿Se puede repetir la historia fiscal del año pasado?
En el 2020, el Estado nacional asignó $1 billón a gastos extraordinarios por el confinamiento. Fueron $250.000 millones en ATP (subsidio al salario formal), otros $250.000 millones en IFE (subsidios a los informales) y unos $500.000 millones en asistencia al sistema público de salud, ayudas alimentarias y a las provincias, entre otros. Esto representó casi 4% del PIB.
En el Presupuesto 2021 se asumió que no iba a haber confinamiento, por lo que el déficit primario bajaría al 4% del PIB ya que el 2020 terminó en 8% del PIB. Si se vuelve al encierro, los subsidios deben volver. Suponiendo que el Gobierno actúa conservadoramente y decide no gastar más de lo que gastó el año pasado. Es decir, no ajustaría ningún gasto por inflación. Bajo este escenario, el déficit primario vuelve al 7% del PIB. O sea, menor pero alto igual.
Este déficit habrá que financiarlo con emisión monetaria. Para atenuar su impacto inflacionario, el Banco Central apelará a mayores emisiones de Leliq y Pases. El tema es que ya casi no hay espacio para seguir colocando Leliq y Pases. Ambos pasivos del Banco Central ya llegan a los $3 billones, cuando los depósitos a plazo fijo de los particulares (que son la contraparte de las Leliq y Pases) están en $2,7 billones. Es decir, el Estado no está en condiciones de repetir el esfuerzo fiscal del año pasado.
Tampoco la gente. Hay 1 millones de personas menos en el empleo (300.000 formales y 700.000 informales) y el estado emocional está afectado incluso entre aquellas que no tuvieron problemas económicos. Según el Indec, el 62% de los respondientes a su encuesta de hogares que tuvieron problemas laborales tuvieron aumento de la ansiedad. Pero entre los que no tuvieron problemas laborales, el 52% también tuvo aumento de ansiedad. Es decir, el encierro hace mal más allá de la posible falta de dinero.
Es una tormenta perfecta. Los contagios siguen creciendo, el sistema sanitario está al límite (aunque hay que decir que lo está porque la mitad de la ocupación son pacientes no-Covid, o sea que se puede todavía gestionar la ocupación), no hay vacunas, pero si las hubiera tampoco sería la solución ya que países con vacunación masiva –como Inglaterra, Chile y Uruguay– tuvieron que acompañar la vacunación con confinamiento. La diferencia de estos países es que no están en default y tienen acceso al crédito barato.
Si la salida de la tormenta perfecta no puede ser por la vía económica debe serlo por la vía de la política. Esto no significa hacer más politiquería y seguir peleándose entre los políticos. Es exactamente lo contrario. Hay que dejar de lado, por el momento, temas de agenda que pueden esperar (reforma de la justicia, cuándo se harán las elecciones, etcétera) y concentrarse en motivar a la gente a las conductas responsables.
La responsabilidad pasa por extremar los cuidados preventivos de distanciamiento, barbijos y aseo de manos, minimizar los encuentros sociales y evitar los actos multitudinarios. En este sentido, la clase dirigente –oficialismo y oposición, en los tres niveles de gobierno– deberían evitar los encuentros entre ellos y consensuar que las protestas sean suspendidas hasta que pase la tormenta, máxime cuando es llevada adelante por organizaciones subsidiadas por el Estado.
En suma, no hay ninguna garantía que un confinamiento corto sirva para reducir el contagio. Tampoco hay recursos estatales para subsidiar el confinamiento. El único remedio a mano es seguir trabajando y estudiando con responsabilidad de la gente. Pero para esto hace falta el ejemplo de los dirigentes.
VER Por Jorge Colina (*)
El mercado laboral argentino no se terminó de recuperar del fuerte golpe que le dio el confinamiento. En el segundo trimestre de 2020, sólo en los grandes aglomerados urbanos (que es lo que releva el Indec), el empleo cayó en 2,5 millones de ocupados. Esto no se tradujo en mayor desempleo porque la gente pasó a la inactividad laboral. Otro dato: los ocupados que buscaban trabajar más (normalmente 20% de los ocupados) también cayeron en 1,2 millones. Es decir, en el peor momento del confinamiento, la gente dejó de trabajar, dejó de buscar más trabajo y se fue a la casa.
En el cuarto trimestre del 2020, el panorama cambió. Hay gente que salió de la inactividad laboral –no todos, porque hay todavía 500 000 personas menos en la actividad laboral– a trabajar o buscar trabajo, y muchos no lo consiguieron. Por eso, el desempleo creció en más de 200.000 personas. La ocupación también se recuperó, pero no totalmente. A finales del 2020 todavía quedan 700.000 ocupados menos que en el 2019.
La recuperación, además, fue diferente según el tipo de empleo. Todos los cuentapropistas recuperaron el empleo. Los asalariados registrados se mantienen en unos 200.000 abajo, la mayoría del sector privado, ya que en el empleo público no hubo despidos. Ahora, a los que les está costando mucho recuperar el empleo es a los asalariados no registrados o “en negro”, que sólo en los grandes aglomerados urbanos todavía están unos 400.000 por debajo del cuarto trimestre del 2019.
Alguien podría pensar: “bueno, es buena noticia que haya menos empleo en negro porque sería la oportunidad de pasarlos a la formalidad”.
Podría serlo. Pero hay que actuar rápido porque toda esta gente que perdió el empleo asalariado “en negro” hoy está entre los 200.000 desocupados y los 500.000 que todavía se mantienen en la inactividad laboral. Como el empleo asalariado informal está muy asociado con la pobreza, muy frecuentemente esta gente pertenece a un hogar que cayó a la pobreza o se le profundizó la pobreza. En otras palabras, el haber perdido el empleo “en negro”, por mal empleo que sea, no está exento de costos.
Lo anterior significa que habría que crear rápidamente medio millón de trabajos formales en empresas privadas. En este punto, el principal escollo es la propia pandemia que no deja a las empresas recuperarse plenamente y porque se vendría una “segunda ola” que llevaría a restringir otra vez la actividad económica.
De todas formas, cuando se controle la pandemia, allí se podría aprovechar para generar puestos de trabajo formales en empresas privadas lo suficientemente abundantes como para incorporar a la formalidad a los que perdieron su empleo “en negro”, a los que perdieron también el empleo “en blanco” y a los nuevos entrantes al mercado laboral.
Habría que atraer inversiones privadas para las empresas existentes y crear nuevas empresas. Para ello habría que generar estabilidad macroeconómica, lo cual exige ordenar a los Estados nacional, provincial y municipal para que cierren sus déficits fiscales, con menor presión impositiva y den muchos mejores servicios públicos a la sociedad.
Las empresas también van a necesitar reglas de juego claras y predecibles en entornos de competencia transparente (lo contrario de abrumar con burocracia administrativa a las empresas para querer controlar lo que hacen), una justicia que actúe con transparencia, ajustada a derecho y probidad (más que estar enredándose en el lawfare), y muchísima más integración comercial con el mundo: Chile, por ejemplo, tiene tratados comerciales con el 67% de la población mundial, lo cual representa el 88% del PIB mundial y exporta más que Argentina, teniendo menos de la mitad de la población.
Después de todos estos ingredientes, hay que modernizar las instituciones laborales. Entre lo más importante está descentralizar la negociación colectiva a nivel de empresa (para que los sindicatos centrales no bloqueen empresas que cambian de dueño, que son precisamente las que están invirtiendo) y colocar mínimos no imponibles a las cargas sociales para favorecer la creación de nuevas empresas y a los emprendimientos de menor envergadura.
Como no se están haciendo estas cosas antedichas en Argentina, parece que los empleados “en negro” y “en blanco” que perdieron su trabajo con la pandemia y los nuevos ingresantes al mercado laboral, conseguirán empleo. Eso sí, en la informalidad.
VER Por Jorge Colina
El dato más duro que publicó el Indec con respecto a la pobreza no es tanto que la tasa pasó del 35% al 42% de la población entre los segundos semestres de 2019 y 2020, sino que en el conurbano bonaerense subió del 41% al 51% de la población. O sea, en el conurbano ya más de la mitad de la gente es pobre.
En el resto de los grandes aglomerados urbanos que releva el Indec, la pobreza pasó de 32% a 35%. Es decir, no subió tanto en promedio.
Ciertamente que hay otros aglomerados grandes como Rosario y Córdoba que están por encima de este promedio del interior (38% y 41%, respectivamente). Pero estos números están todavía a cierta distancia de lo que están en el conurbano bonaerense. Además, Gran Córdoba y Rosario son dos grandes ciudades del interior. Pero el conurbano es 10 veces más grande que cada una de ellas. En otras palabras, lo que le pasó al conurbano es muy serio. Es, por lejos, la concentración de gente más grande del país que cayó en la pobreza.
La pregunta que cabe hacerse es si esto se revertirá cuando pase lo peor de la pandemia. Es de esperar que lo que sucedió en el conurbano es que mucha gente perdió el empleo y, obviamente, se quedó sin ingresos suficientes para comprar la canasta básica. Para esto sirve mirar los otros datos que publicó el Indec que son los del mercado laboral.
Desde que comenzó la cuarentena, la tasa de desempleo en el conurbano se mantuvo en el orden del 15%. En términos de cantidad de gente, osciló entre 600.000 y 800.000 personas desocupadas. Es decir, no tienen empleo y buscan activamente uno. Son muchas personas, pero no varió tanto como era de esperar con semejante caída de la actividad.
Lo anterior no significa que no haya escasez de empleo. La falta de trabajo se observa en la inactividad laboral. Esto es gente que por el confinamiento perdió el empleo y se quedó en la casa. Al principio del confinamiento, en el segundo trimestre de 2020 se retiraron del mercado de trabajo en el conurbano 1,5 millones de personas. Muchas volvieron, aunque no todas. En el tercer trimestre todavía se registraban 700.000 personas que se mantenían fuera del mercado de trabajo. En el cuarto trimestre todavía quedaban 400.00 personas del conurbano fuera del mercado laboral.
Entonces, son más las personas que se retiraron del mercado laboral, que lo que subió el desempleo. Esto es claramente un fenómeno de caída en la inactividad laboral, que luego se puede volver muy complicado de revertir. En el caso del desempleado, al menos está buscando un empleo, por lo que el desafío es generar ese empleo. En el caso del inactivo, es más complicado porque además del desafío de generar el empleo está también el de “activar” la persona para que salga a buscarlo al empleo. El agravante es que mientras más gente está en la inactividad laboral, más empleabilidad (condiciones para ser empleada) pierde. Así, se corre el riesgo de que la pobreza se vuelva estructural.
Aquí viene la consecuencia política más seria para el mediano plazo. El conurbano bonaerense, por ser el aglomerado con mayor cantidad de personas, es el que mayor peso electoral tiene en el país. Si más de la mitad de esta enorme urbe es pobre y está atrapada en la inactividad laboral y el desempleo, el asistencialismo se vuelve una necesidad estructural e inevitable (no se puede dejar a la gente a la buena de Dios). Este es el campo propicio para instalar en Argentina ideas de un proyecto nacional de corte populista. Dar la asistencia social a cambio del voto y tantos votos hay en el conurbano que representan, obviamente, poder político a nivel nacional.
La posibilidad de esta tentación es la que está generando la otra tentación. Que empieza a sonar en las provincias más productivas de la zona agroindustrial en la región central. Son estas ideas que se tiran al pasar pero que corren el riesgo de instalarse, que son, las del independentismo.
No hay nada nuevo en señalar que el conurbano siempre fue el tema más irresuelto de la decadencia económica y social argentina. Pero hoy, que superó su propio límite y es que más de la mitad son pobres, inactivos laborales y dependientes de la asistencia social, genera una encrucijada más compleja aún.
No sólo de resolver, sino hasta de prever qué consecuencias políticas, económicas y sociales traerá a Argentina.
Fuente: https://eleconomista.com.ar/2021-04-conurbano-pone-argentina-encrucijada/
VER La discusión entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires en torno a cerrar o mantener abiertas las escuelas es un tema opinable. Por un lado, el Gobierno Nacional señala que la tasa de contagio está muy alta por lo que mantener abiertas las escuelas expone a gente al contagio. El jefe de la Ciudad de Buenos Aires pondera el hecho de que los niños ya perdieron un año escolar con lo cual entiende que lo último en cerrar deberían ser las escuelas. Dado que efectivamente la tasa de contagio es muy alta y los niños perdieron un año escolar, ambas posiciones tienen razón. Las opiniones de la gente pueden ir en cualquier de los dos sentidos.
Donde sí hay certezas, es que los chicos argentinos vienen teniendo cerradas las escuelas desde hace varias décadas. Hay un estudio publicado en el Journal of Labor Economics, que se puede bajar de Internet, hecho por dos autores extranjeros llamado “Los efectos de largo plazo de los paros docentes: evidencias desde la Argentina”.
El estudio señala que los paros docentes harían que los alumnos, cuando adultos, tengan menos empleos y peores salarios. Sin entrar a la controversia de estos resultados, el dato duro de este estudio es que contabilizó 1.500 paros docentes en la Argentina desde que recuperó la democracia hasta el 2014. De hecho, los autores no tenían ningún interés en Argentina. Tomaron el caso de Argentina porque es difícil encontrar otro país donde los alumnos hayan sufrido tantos paros.
Ahora, los paros docentes son una parte del problema educativo. La otra parte del problema está en que cuando las escuelas están abiertas funcionan mal por las deficiencias en la gestión de los docentes. Los vetustos y atávicos estatutos docentes permiten y promueven malas prácticas como el ausentismo, la falta de compromiso, la mala o nula capacitación y los viejos métodos de enseñanza. Pero el mayor daño que hacen es que fijan los salarios en función de la antigüedad, no del mérito. Por lo tanto, castigan a los docentes que se esmeran por la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos.
Entonces, Argentina termina gastando mucha plata en educación pública (entre 5% y 6% del PIB), al punto tal que en las provincias argentinas hay en promedio 2 cargos docentes de primaria por cada 25 alumnos. Pero las aulas están abarrotadas de alumnos porque los docentes están de licencia y los docentes que trabajan están mal pagados.
Los resultados del paro docente como medio de vida y la deficiencia en la gestión de los docentes están a la vista. Hay una prueba que se llama PISA que mide la calidad educativa de los países. Es una evaluación que se toma a jóvenes de 15 años de edad para medir sus capacidades de lectura. La referencia son 500 puntos que es lo que tienen los países desarrollados. En el 2000, los jóvenes de Argentina obtenían 418 puntos. En el 2018 obtuvieron 402. O sea, fueron para atrás.
A esta altura alguien se puede preguntar: bueno, pero qué pasó en los países vecinos, ¿por ejemplo?
Los jóvenes de Chile, en el 2000, obtenían 410 puntos (como Argentina). En 2018 obtuvieron 452 puntos. Los que organizan la prueba PISA señalan que una diferencia de 40 puntos pueden asimilarse a un año más de estudios. Siendo así, Argentina entonces ya había perdido aprendizajes asimilables a un año de estudios antes de la pandemia.
En el caso de Perú, en el 2000 sus jóvenes obtenían 327 puntos (bien atrás de Argentina). En el 2018 obtuvieron 401 puntos (igualaron a Argentina). Lo más notable de los peruanos es que, en los últimos 20 años, mejoraron en casi 2 años de estudio los aprendizajes de sus jóvenes.
Si las escuelas deben permanecer cerradas en pandemia es un problema, pero de coyuntura. En algún momento, no lejano, la ciencia va a dominar al virus. Allí va a emerger de nuevo el problema estructural: la decadencia de la educación argentina.
Ojalá la crisis del coronavirus sea la oportunidad para activar las mentes y aceptar que hay que cambiar las reglas del sistema educativo argentino para sacarlo de su larga crisis.
Fuente: https://eleconomista.com.ar/2021-04-la-pandemia-no-es-lo-peor-educacion/
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Por Jorge Colina
En la visión del Gobierno, el DNU es constitucional porque la emergencia sanitaria de la pandemia justifica tomar facultades extraordinarias para decidir sobre temas de salud, educación y la libertad de circular. Pero lo cierto es que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 121° que “…las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal”. Es decir, que si la provincia no delegó expresamente una facultad a la Nación, dicha facultad es de la provincia.
Luego, en el artículo 5° de la Constitución Nacional, las provincias se arrogan para sí la administración de justicia y la educación básica. Por esto, hay Policía y Justicia provincial y las escuelas primarias y secundarias son de las provincias.
Por el lado de la salud, si uno coloca en el buscador de una versión digital de la Constitución Nacional la palabra “salud”, no encuentra nada. Pero si uno baja de Internet las 24 constituciones provinciales y pone en el buscador la palabra “salud”, en todas aparece. En el artículo que aparece dice que la provincia se reserva para sí las funciones de salud pública. Por esto, los hospitales públicos son de las provincias.
En este marco, la Corte Suprema tiene que dirimir el destino del DNU.
La lección es que cuando piensen un plan de desarrollo económico y social para la Argentina hay que tener presente que la parte económica del plan no depende sólo del Gobierno Nacional. También depende de los 24 gobiernos provinciales. Por lo que se necesita una elevada capacidad de coordinación y responsabilidad de los 25 actores.
Por ejemplo, el Gobierno Nacional es responsable de la política macroeconómica y el desarrollo de rutas nacionales, la navegación y los vuelos comerciales, que es lo que atrae las inversiones. Pero las inversiones también requieren seguridad jurídica a la propiedad y rutas secundarias (que son las que parten desde la ruta nacional, los puertos y aeropuertos hacia los lugares de la producción), que son responsabilidad de las provincias. O sea que si una o más provincias no ponen lo suyo, el desarrollo económico va a ser regionalmente desigual. Si ninguna provincia pone lo suyo, directamente el desarrollo económico no va a ocurrir.
La parte social del plan de desarrollo es todavía más complicada. Por la misma limitación que hoy está sufriendo el DNU. El desarrollo social necesita promover el capital humano. Para esto se necesita atender la pobreza, salud, educación y seguridad, todos ingredientes que son responsabilidad de las provincias. Aquí, a diferencia del plan económico, el Gobierno Nacional no tiene ningún rol. Entonces, si una o más provincias tampoco hacen los deberes, el plan de desarrollo económico y social será un rotundo fracaso.
Para tratar de salvar esta limitación, el Estado Nacional entonces creó ministerios nacionales en funciones provinciales. Estos son los ministerios nacionales de Salud, Educación, Desarrollo Social, Vivienda, etcétera, que –al igual que el DNU– no tienen facultades de imponer decisiones a las provincias. Entonces arman lo que se llama los “programas nacionales”.
Estos son presupuestos de los ministerios nacionales para repartir “ayudas” entre las provincias, esto es, reparar alguna escuela, una ambulancia, un patrullero y/o la construcción de algunas casas en algunos lugares del interior. Nada que revierta los malos resultados sociales producto de la inacción de las provincias. Pero, además, para repartir estas “ayudas” entre gobernadores e intendentes se formó en los ministerios nacionales una enorme burocracia administrativa de empleados públicos.
Este gasto de los “programas nacionales” (en “ayudas” y en burocracia administrativa) hoy ocupa una porción –no las más grande, porque allí entra el gasto previsional y los subsidios a las tarifas– importante en el déficit fiscal. Lo que es peor, es que no hay ningún estudio serio que demuestre que estos programas tengan algún impacto social en lo que les corresponde hacer a las provincias y no hacen.
En la decadencia económica y social de Argentina mucho tiene que ver esta confusión de roles entre lo que le toca a la Nación y lo que le toca a las provincias. Los “programas nacionales”, lejos de ser la solución, son parte del problema. Porque profundizan la confusión.
Fuente: https://eleconomista.com.ar/2021-04-la-ensenanza-del-dnu-de-alberto-a-los-economistas/
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