Anuncios en la dirección correcta que ahora hay que reforzar con un nuevo acuerdo federal de coordinación tributaria y funcional

Por Jorge Colina, presidente de IDESA

El ministro de Economía anunció 10 medidas de corto plazo tendientes a lograr rápidamente una reducción del déficit fiscal con contención social de emergencia. A grandes rasgos anunció el cierre de ministerios y secretaría a nivel nacional y la no renovación de los contratos laborales del Estado celebrados el último año.

Se minimizarán lo que coloquialmente se les llama transferencias discrecionales a provincias que son las que desde estas páginas siempre se insistió con eliminar, en el entendido de que son interferencias de los ministerios nacionales en funciones que les corresponde cumplir a las provincias y municipios (fue claro el ministro cuando dijo que esto se usa para hacer política, y es así). En el mismo sentido se suspende la pauta oficial que también se usa para hacer política.

El Estado nacional no licitará obra pública nueva y en su lugar instrumentará mecanismo para que la obra pública sea con financiamiento privado (instrumentar esto último lleva tiempo por lo que hay que apurarse) y se reducirán los subsidios a la energía y al transporte (donde también fue claro -como fuimos muchas veces en estas páginas- de que estos subsidios no corresponden desde el ámbito nacional porque son en beneficio de AMBA). 

El dólar oficial se va a $800 entonces se congela el Potenciar Trabajo que cubre a 1,5 millones de personas y se aumenta 100% la Asignación Universal por Hijo y 50% la Tarjeta Alimentaria como refuerzo alimentario en el momento difícil que se viene de sinceramiento de inflación reprimida. La idea es automatizar el acceso a la ayuda social por parte de los pobres ya que la AUH y la tarjeta alimentaria son de acceso automático, mientras que el Potenciar Trabajo depende de la fidelidad del pobre con un grupo piquetero.

Las medidas van en sentido correcto de bajar el gasto público en el corto plazo con acciones que son obvias y lógicas y, fundamentalmente, acciones que anteriores ministros de Economía no se animaron o no se dieron cuenta de tomar.

El FMI mandó un comunicado con una señal favorable diciendo que “…estas audaces medidas iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de manera que se proteja a los más vulnerables de la sociedad y se fortalezca el régimen cambiario. Su aplicación ayudará a estabilizar la economía y a sentar las bases para un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado”.

Esto último que dice el FMI es bien importante. Las medidas ayudan a estabilizar la economía, pero son insuficientes para generar un clima productivo para el crecimiento sostenido liderado por el sector privado.

Para esto último hay que abordar un ordenamiento integral del Estado en sus tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). De aquí que, es imprescindible, consensuar con las provincias la reconstrucción de la organización federal.

La manera es a través de un nuevo acuerdo federal de coordinación tributaria y funcional.

Aquí hay que establecer que el Estado nacional se ocupará exclusivamente de las funciones interprovinciales delegadas (estabilidad política y económica, representación ante el exterior e infraestructura interprovincial) por lo que se eliminan definitivamente todos los programas nacionales que involucren funciones provinciales y municipales desmantelando las estructuras administrativas que los gestionan (para evitar que vuelvan los “fondos discrecionales”).

De esta forma, las provincias con sus municipios serán los exclusivos responsables por financiar y administrar los servicios sociales (salud, educación, desarrollo social, vivienda y urbanismo) y los servicios públicos urbanos (distribución de electricidad, agua y saneamiento y transporte urbano).

En materia de coordinación tributaria el acuerdo tiene que contemplar la unificación de impuestos y la correspondencia fiscal. Esto último significa que habría unificar en un único impuesto a las ventas el IVA con ingresos brutos y las tasas municipales. Lo propio hacer unificando en un único impuesto al patrimonio bienes personales con inmobiliario y automotor. Luego, en lugar de coparticipación, que cada provincia con sus municipios se quede con los recursos a las ventas y a la propiedad que generen en sus territorios.

Esto se llama correspondencia fiscal. El nivel de gobierno que ejecuta el gasto social (provincias y municipios) recibe el impuesto a la actividad económica (ventas) y a la propiedad de su territorio. De esta forma, los ciudadanos tendrán más claro a qué nivel de gobierno le pagan los impuestos y a quien reclamar por los servicios que reciben.

Para las provincias del norte que hoy viven de la coparticipación hay que prever un Fondo de Convergencia que sería de dimensiones mucho más pequeñas que la masa coparticipable. Esto es así dado que solo estaría destinado a asistir a las provincias más pobres con transferencias que no serían un “cheque en blanco” sino condicionadas a que se aplique una estrategia medible de desarrollo.

En conclusión, los primeros pasos están dados en la dirección correcta. Los próximos deben ser hacia un nuevo acuerdo federal de coordinación tributaria y funcional que reemplace la coparticipación por la correspondencia fiscal.

Fuente: IDESA