Baja de la inflación reduce la pobreza pero no la elimina

La desaceleración de la inflación se refleja también en un menor crecimiento de la canasta básica con que se mide la pobreza. Esto, más la incipiente recuperación de la producción, contribuyen a reducir la pobreza. Pero no alcanzan para eliminarla. Para lograr este objetivo es necesario sumar audacia, innovación y coordinación en el proceso de modernización de las instituciones educativas y laborales. 

El INDEC informó que en mayo y junio la producción creció entre el 3% y 4% interanual. También que el valor de la canasta básica trepó a $4.862 promedio en julio último, lo que representa para una familia tipo $15 mil mensuales luego del ajuste por adulto equivalente. Este valor es un 21% superior al del mismo mes del año pasado, reflejando una desaceleración en el ritmo de su aumento. Una economía que empieza a crecer y una inflación que empieza a ceder son señales positivas para la reducción de la pobreza.

¿Alcanza con profundizar estas tendencias para construir una sociedad plenamente integrada? Sin duda que el orden macroeconómico es fundamental y todavía queda mucho por hacer para lograr estabilidad y crecimiento sostenido. Pero, en paralelo, sirve notar que según el INDEC, el 30% de los hogares más pobres vivía en el primer trimestre del 2017 con aproximadamente $3 mil por persona por mes, es decir, un monto muy por debajo de lo que necesita para salir de la marginalidad.

Una forma de evaluar las capacidades de generación de ingresos de los hogares pobres es comparando con el otro extremo de la distribución, es decir, con el 30% de mayores ingresos. Así, tomando a los jefes y cónyuges de los hogares se observa que:

• En hogares de bajos ingresos sólo el 38% de los jefes y cónyuges tiene educación media o alta mientras que en los de mayores ingresos el 67% alcanza estos niveles.
• Entre los hogares de menores ingresos sólo el 55% de los jefes y cónyuges trabaja, mientras que en los de mayores ingresos trabaja el 69%.
• Entre los hogares de menores ingresos el 23% de los jefes y cónyuges ocupados son asalariados privados formales o cuentapropistas profesionales, mientras que en los hogares de mayores ingresos el 45% accede a estos tipos de empleos.

Estos datos muestran que los hogares de mayores ingresos tienen una conformación educativa y laboral marcadamente diferente a la de los pobres. En las familias de mayores ingresos, los responsables por la manutención del hogar se caracterizan por tener más educación, lo que les facilita la inserción laboral y el acceso a puestos de trabajo decentes. Más allá de las debilidades de las que todavía adolecen las estadísticas del INDEC en materia de relevamiento de ingresos, resulta muy sugerente que a partir de estas características los hogares de mayores ingresos generen hasta 6 veces más ingresos per cápita que los hogares pobres. En otras palabras, la pobreza está esencialmente asociada a las barreras que impiden el acceso al empleo de calidad.

El crecimiento económico y la estabilidad de los precios son condiciones necesarias, pero no suficientes para superar la pobreza. Para acelerar la construcción de una sociedad más integrada se necesita además políticas acompañantes. Un punto de partida clave es descartar las recetas tradicionales como imponer aumentos de salarios de convenio por encima de los aumentos de la productividad o complejizar y judicializar la legislación laboral o mantener altas las cargas sociales. Estas medidas, que se aplicaron con intensidad en el último ciclo de crecimiento (2003 – 2011), en el mejor de los casos favorecen a los hogares de ingresos más altos, que ya tienen buenos empleos, pero no promueven la entrada a los empleos decentes a las familias más postergadas.

Al crecimiento y baja inflación hay que sumarle innovación en las políticas sociales. En educación, es clave que las provincias y los municipios pongan énfasis en los centros de cuidado de la primera infancia y mejoren sustantivamente la cobertura y la calidad de la educación básica. Esto comenzará a revertir los déficits educativos. En paralelo, hay que promover la generación de empleos, especialmente los orientados a jóvenes y mujeres con menos formación, a través de la modernización de las instituciones laborales. Aquí se debería contemplar mínimos no imponibles a las cargas sociales, un estatuto laboral especial para pequeñas empresas y simplificar, en general, la legislación laboral.

Una macroeconomía sana no exime de ser audaz en el diseño e implementación de las políticas sociales. Es fundamental no repetir el error de  maximizar los beneficios del crecimiento entre los trabajadores formales sino en lograr el acceso de los hogares más humildes al empleo formal. El desafío es grande porque hay que ensamblar políticas de corto plazo (modernizar las instituciones laborales) con políticas de largo alcance (modernizar las instituciones educativas).