En esa instancia emergieron otras dudas. Una particularmente importante, porque el riesgo país no bajaba aun con un ajuste fiscal inédito, era cómo haría el Estado para pagar la deuda del 2025. Con un volumen de vencimientos imposibles de afrontar en su totalidad, es imprescindible que al menos parte se pague con nueva deuda. Pero las dudas en octubre se comenzaron a despejar. La razón principal: el blanqueo.
El Gobierno usó inteligentemente el blanqueo para atacar su principal problema de corto plazo: la falta de dólares. A diferencia del blanqueo que implementó Macri en 2016, en esta oportunidad no se priorizó la recaudación, sino impulsar una “entrada de capitales”, esto es, meter en el circuito formal una gran cantidad de dólares inmovilizados “debajo del colchón”.
Lo que parecía imposible se logró, sin modificar la política cambiaria. Las evidencias más sugerentes son la baja del riesgo país y de la brecha cambiaria. Conclusión: aumentaron los índices de confianza en el Gobierno. Se consolida la sensación de que el programa económico sigue superando escollos y cumpliendo objetivos.
Los blanqueos: ¿una política de Estado en Argentina?
Desde una perspectiva histórica, los blanqueos y las moratorias han dejado de ser medidas excepcionales y se han convertido en una política de Estado. Desde hace décadas, distintos gobiernos, de diferentes orientaciones ideológicas, han recurrido a programas de regularización de capitales no declarados, ofreciendo periódicas oportunidades para que fondos ocultos ingresen al sistema formal sin consecuencias fiscales o penales severas.
Merece enfatizar que este ciclo de blanqueos es una práctica permanente, que va más allá de las diferencias partidarias. Siempre aparecen motivos para justificar el perdón para los evasores, con un implícito castigo para quienes cumplieron. En algunos casos se enfatiza la necesidad de generar ingresos de forma inmediata; en otros, como ocurre con el gobierno de Milei, en movilizar ahorros para incentivar inversiones. En todos los casos, se pasa por alto que la materia prima que sostiene a los blanqueos es la alta evasión.
La recurrencia de estos programas revela el tamaño de la economía informal y la evasión fiscal. El éxito de los blanqueos es proporcional al fracaso para combatir la evasión. Por ejemplo, uno de los impuestos menos evadidos, el IVA, presenta en la Argentina una tasa que –se estima– alcanza a 3,7% del PIB. Esto implica una incidencia de la evasión más de tres veces más alta que en los países desarrollados y un 50% más alta que el promedio de Latinoamérica. Es decir que, si se lograra el mismo nivel de evasión en el IVA que en el resto de los países vecinos, se podrían generar ingresos adicionales por el equivalente a 1,2% del PIB. Un volumen superior a lo que generan, por ejemplo, los derechos de exportación.
Estas evidencias dan idea de la magnitud del problema y de las perversas consecuencias de naturalizar la evasión. Bajo esta perspectiva, el blanqueo exitoso no es el que moviliza muchos recursos regularizados, sino el que no sea necesario. No deberíamos celebrar el éxito de las amnistías fiscales, sino de llegar a niveles de evasión lo suficientemente bajos como para que no las hagan necesarias.
Desnaturalizar la evasión
¿Cómo dejar de incurrir en los blanqueos periódicos? El camino es claro, aunque desafiante. Por un lado, fortalecer la capacidad de fiscalización. La decisión de eliminar la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y sustituirla por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) es un gesto en la dirección correcta. Pero lo más importante es la sustancia. El peor desvío no es cuánto se gasta, sino cómo se administran los recursos.
Los principales objetivos de la administración tributaria es facilitar el cumplimiento en el pago de los impuestos y tener eficacia en los controles. La Afip fracasó en ambos. La principal razón es porque tiene trastocados los objetivos. Aunque manejaba niveles de ingresos comparables a los de una provincia grande, el organismo destina menos del 2% de su presupuesto a la inversión en tecnología. La Arca no solo debería corregir los excesos de empleados y de sueldos, sino también las insuficientes herramientas tecnológicas que permitan al organismo ser empático con quienes quieren cumplir y rigurosos con quienes buscan evadir.
Por otro lado, es imprescindible ordenar el sistema tributario. Se necesita migrar hacia un sistema más simple y racional. Esto contribuye a incentivar el cumplimiento y a hacer viable una estrategia eficaz de combate a la evasión. Hay que ser conscientes de que en la caótica maraña impositiva actual, los incumplimientos son más fáciles y hasta legitimados.
En lugar de celebrar los blanqueos periódicos, deberíamos centrarnos en lograr que Arca cumpla su objetivo de fiscalización eficaz y que el ordenamiento tributario previsto en el acta de mayo se implemente de manera efectiva. Solo así se podrán sentar las bases de un sistema impositivo que, lejos de legitimar la evasión, incentive el cumplimiento.
