Casi 4 veces más burocracia que en países vecinos

Una reciente reforma en Uruguay permite crear empresas de manera muy ágil y poco costosa. Así, el país oriental se coloca a la altura de Chile, líder en la región en facilitar los negocios. En la Argentina, en tanto, se opta por el camino de dificultar la legalidad de la actividad económica a través de la multiplicación de trabas administrativas y burocráticas. Entre las más recientes se destacan las trabas para exportar, importar y realizar operaciones cambiarias. Mientras los países vecinos progresan con políticas racionales, transparentes y generadoras de inversión, en la Argentina crece la burocracia que fatalmente se paga con menos calidad de vida.     

En Uruguay se ha puesto en funcionamiento un sistema muy simple para la apertura de nuevas empresas. A través de una ventanilla electrónica única –el sistema “Empresa en el Día”– se puede formalizar la registración de una empresa, sea una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad unipersonal, de manera muy ágil y económica, prescindiendo de intermediarios y trámites complejos. Incluso las empresas extranjeras pueden abrir sucursales en Uruguay a través de este sistema simplificado.

Para encuadrar la estrategia uruguaya dentro del contexto de la región resulta de utilidad analizar la publicación Doing Business 2012 del Banco Mundial. Este documento presenta un conjunto de indicadores sobre el entorno institucional condicionante del desenvolvimiento de la actividad económica de los países. En particular, se analizan las regulaciones y trámites que se aplican en 183 países para aportar mediciones objetivas que permiten la comparación entre ellos. Tomando datos para la región del Cono Sur surge que:

· En Uruguay –gracias a este nuevo sistema– constituir una empresa formal requiere cumplir con 5 trámites que consumen 7 días.

· En Chile –el país cuyo entorno es el que califica como el más amigable para los negocios en la región– formalizar una empresa requiere 7 trámites que llevan 7 días.

· En Argentina para constituir una empresa formal hay que realizar 14 trámites que consumen 26 días, es decir, casi 4 veces más burocracia que en países vecinos.

Estos datos ponen en evidencia que en la región del Cono Sur, tanto Uruguay como Chile, se preocupan por generar un entorno amigable para los negocios legales. Se trata de un factor positivo para generar nuevos emprendimientos, expandir las empresas existentes y crear o favorecer la llegada desde el extranjero de empresas interesadas en producir en el país. La Argentina, en cambio, muestra una creciente sobrecarga de burocracia y trabas para quienes quieren emprender en la legalidad nuevos proyectos.

El desaliento no se limita a los obstáculos para registrar empresas. Según el Informe del Banco Mundial, en Uruguay y en Chile, los requerimientos burocráticos necesarios para efectivizar el pago de los impuestos exigen entre 40 a 42 días hábiles de trabajo administrativo (lo que no es poco), mientras que en Argentina se estima en 52 días hábiles al año el esfuerzo administrativo que demanda interpretar normas, llenar formularios electrónicos y de papel, y enviar documentación a las administraciones nacional y provinciales de recaudación de impuestos. Esto desnuda la multiplicación de burocracia que generan los roles superpuestos de los diferentes niveles de gobierno.

A esto hay que sumar la alta y distorsionada presión impositiva. Según las estimaciones del Banco Mundial, la presión impositiva (cargas sociales, impuesto a las ganancias y otros impuestos) ascienden al 25% de la rentabilidad de las empresas en Chile y al 42% de la rentabilidad de las empresas en Uruguay. En Argentina, los impuestos representan un porcentaje que asciende al 108% de lo que una empresa calcula como su rentabilidad normal. Obviamente, la forma de compensar semejante presión impositiva es a través de aumentos de precios internos (que se reflejan en el actual problema de atraso cambiario) y con altos niveles de informalidad.

Con orientaciones ideológicas muy diferentes, los países vecinos muestran una marcada vocación por diseñar e implementar políticas transparentes, responsables y favorables a la generación de negocios legales y competitivos. Subyace el convencimiento de que ésta es la manera más eficaz para promover el progreso social. La Argentina, en cambio, sofoca la actividad económica con burocracia y prohibiciones irracionales. Esto impone a las empresas en Argentina una enorme dilapidación de esfuerzos para lidiar con la burocracia, promoviendo la corrupción, el contrabando, los gestores, las “cuevas” y los “arbolitos”. Bajo estas reglas, la pérdida de competitividad es acelerada, por eso –de no mediar un cambio– la salida será reducir el salario real, vía la devaluación del peso.