Cómo estabilizar las cuentas: ordenando el sector público

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA

La pieza central del ajedrez que enfrenta el ministro de Economía, Sergio Massa, para controlar la espiral inflacionaria y el dólar es la reducción del déficit fiscal. Sin reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria del Banco Central para financiar al Tesoro sigue actuando como nafta al fuego.

Cuando en sus anuncios dice que conseguirá US$ 5.000 millones por adelanto de exportaciones del campo, la pesca y la minería no está trayendo una solución. Está pidiendo baldes de agua para echar al fuego de la aceleración inflacionaria y las presiones sobre las reservas del Banco Central.

Pero son baldes de agua para contener el fuego. Para que el fuego no se siga propagando debe controlar la emisión monetaria y, para ello, estabilizar las cuentas públicas.

¿Cómo estabilizar las cuentas públicas?

El desastre organizativo del sector público argentino no se produjo sólo en este Gobierno. En todo caso, este Gobierno lo agravó.

Pero la desorganización se remonta a varias décadas atrás. Por ello, el plan de acción para estabilizar las cuentas públicas debe tener un conjunto de medidas de corto plazo, para la urgencia (aquí hay que analizar los desaciertos de este Gobierno), y otro más estructural de mediano plazo.

Los dos factores de descontrol de corto plazo en el que incurrió el actual Gobierno fueron la explosión de los subsidios energéticos y la de los subsidios asistenciales. Tomando los primeros 6 meses del 2022 y comparando con igual período del 2019 los subsidios a la energía crecieron en 160% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, y los subsidios asistenciales crecieron 300% por encima de la inflación. Lo urgente es desandar este camino explosivo que implementó el Gobierno.

Con respecto a los subsidios energéticos se anunció que 30% de las familias dejarán de recibir subsidios y el 70% restante tendrá subsidiado solo un consumo mínimo de 400 MW. Por los consumos superiores a este tope se pagará tarifa plena. El esquema es simple y más sensato que la segmentación que se quería hacer por diferencias socioeconómicas. Habrá que ver cómo se implementa y cuál es el ahorro, pero al menos ya se tiene un esquema que eventualmente puede ser mejorable.

Diferente es el caso de los subsidios asistenciales. El nuevo ministro hizo anuncios más bien elípticos y un tanto contradictorios. Por un lado, dijo que se auditará a través de las universidades el gasto en planes asistenciales.

Por el otro, que se fortalecerá a las cooperativas. Pero estas son las organizaciones piqueteras en las que se “tercerizó” la gestión de los planes. A pesar de la tibieza del anuncio, los líderes piqueteros manifestaron su rechazo con lo cual el control de este gasto explosivo todavía no está encauzado

Lo que hay que tener presente en el tema del gasto asistencial es que la gente que sigue al movimiento piquetero y consigue un plan Potenciar Trabajo está recibiendo 3 planes superpuestos: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la tarjeta alimentaria y el Potenciar Trabajo. Esto implica que ordenar el gasto asistencial está lejos de implicar la desprotección total de gente en situación de vulnerabilidad.

El plan de acción de reorganización del sector público de mediano plazo implica un ordenamiento tributario, un ordenamiento funcional y el ordenamiento previsional.

• El ordenamiento tributario supone un plan para unificar y simplificar impuestos de los tres niveles de gobierno, eliminar la coparticipación y establecer que cada nivel de gobierno se financie con sus propios impuestos. La nación con los impuestos al comercio exterior, a las ganancias y a la seguridad social. Las provincias y municipios que se financien con el IVA (unificado con ingresos brutos y tasas municipales) que se produzca en sus territorios.
• El ordenamiento funcional implica que la nación sólo se hace cargo de las funciones interprovinciales (generación y transporte de energía, rutas nacionales, vías fluviales, regulación aeroportuaria, universidades nacionales, sistema previsional y política exterior).

Cada provincia con sus municipios se hacen cargo de sus responsabilidades, que son, las funciones sociales ante el ciudadano (educación, salud, asistencia social, seguridad y vivienda y urbanismo). Esto supone que cada nivel de gobierno tiene que adaptar las estructuras burocráticas a estas funciones, que son las que la Constitución les impone.

• El ordenamiento previsional implica tender a unificar las reglas jubilatorias, cerrar las moratorias (dejando y mejorando la PUAM) y evitar la superposición de beneficios que hoy se produce entre  la jubilación y la pensión por sobrevivencia.

Si bien esta reorganización es compleja y de mediano plazo, es muy importante explicitarla y mostrar vocación política para llevarla adelante. El motivo es que esta reorganización es el norte que el país se debe proponer para tener futuro. Si las medidas se quedan solo en el corto plazo, la necesidad de lo urgente se llevara puesto lo importante. Esto último es como salir definitivamente de la crisis económica y social para volver a tener futuro.

Fuente: El Economista