Convertir planes en empleo formal requiere convenios colectivos modernos (pero los sindicatos no quieren)

Se trata de 9 millones de personas que trabajan en la informalidad.

En Argentina hay 25 millones de personas urbanas en edad de trabajar que están divididas en tres grandes bloques.

El primero está conformado por 9 millones de personas que son las que trabajan en relación de dependencia de manera registrada en empresas privadas y en el sector público. Estas personas tienen la representación de los sindicatos, pero no porque se afiliaron a ellos sino porque, allá por los años ’50, Juan D. Perón les dio a los sindicatos afines el monopolio de la representación sindical de los trabajadores asalariados. Esto es, bajo la figura de la “personería gremial”, un solo sindicato negocia convenios colectivos que son de aplicación coercitiva para todos los trabajadores y empleadores que estén dentro del ámbito de aplicación (actividad, rama, ocupación o región).

Por esta razón, los sindicatos centrales y sectoriales -que son los conocidos sindicatos de la CGT- firman convenios colectivos de aplicación obligatoria para todos los empleadores. Esto es lo que les da el importante poder político que tienen los sindicatos de la CGT y también los que generan los grandes bolsones de informalidad.

Esto último se produce porque los convenios centrales y sectoriales están pensados como “pisos” para las empresas de mediana y alta productividad. Las empresas de baja productividad (micro-emprendimientos, pymes y economías regionales) no pueden aplicarlos porque los salarios mínimos y las condiciones allí estipuladas son muy costosos para su baja productividad. Entonces, contratan trabajadores en la informalidad.

Así es como se genera el segundo gran bloque. Se trata de 9 millones de personas que trabajan en la informalidad, sea como asalariados “en negro” o como cuentapropista. Como este bloque se hizo tan numeroso, indujo a que ciertas organizaciones sociales se atribuyeran su representación. Estas son las organizaciones de la Economía Popular que, a diferencia de los sindicatos, no cuentan con una herramienta tan potente de atribución de representación como la “personería gremial”. Entonces se armó un registro en el Ministerio de Desarrollo Social donde se inscriben quienes se consideren trabajadores de la economía popular. Se llama Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) y sería un simbolismo de “sindicalización” de los informales.

Después está el tercer gran bloque que son los que no tienen trabajo. Son 7 millones de personas y corresponde a los desocupados (personas que no tienen trabajo pero buscan activamente uno) o inactivos laborales (personas que no trabajan, ni buscan trabajo). Estas últimas, en general, son mujeres jóvenes o de mediana edad con bajos niveles de educación que están relegadas a las tareas domésticas de su propio hogar.

Para este bloque también hay organizaciones que se atribuyen su representación, que son las organizaciones piqueteras. Como aquí también resultan inefectivas las figuras de “personería gremial” (sindicatos) y el Renatep (economía popular), entonces se apela a los planes asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social. Estas son las personas que se ven en las marchas piqueteras donde abundan las mujeres muchas de ellas con niños.

Lo que queda claro, entonces, es que el movimiento de los trabajadores, que en la época de Perón se veía como un cuerpo monolítico representado por poderosos sindicatos centrales, hoy está reducido a apenas un tercio. El otro tercio son los informales a los cuales las organizaciones de la economía popular aspiran a representar y el otro tercio son los adultos sin trabajo (desocupados o inactivos) que las organizaciones piqueteras aspiran a representar. Cabe aclarar que en los planes asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social, también abrevan las organizaciones de la economía popular.

En este panorama se concluye que hay dos cosas que no se pueden hacer (por inviables).

La primera es acabar con los planes. Es complicado porque es el sostén de organizaciones que, si bien no están institucionalizadas, tienen entidad semi-institucional gracias a que consiguen planes asistenciales. Son las organizaciones de la economía popular y del movimiento piquetero. Por ende, son las que más se aferran a la existencia de los planes porque son su base de apoyo para tener influencia política.

Tanta influencia lograron, que los poderosos sindicatos centrales y sectoriales les tienen respeto por su capacidad de movilización. Capacidad de movilización que se debe a los planes, no porque la gente aspire a ser representada por ellos.

La segunda cosa que no se puede hacer es convertir los planes en empleo asalariado registrado. Porque habría que aplicar los convenios colectivos centrales y sectoriales que son, precisamente, los que generan estos dos tercios de adultos que están excluidos en la informalidad, la desocupación y la inactividad laboral.

Para convertir los planes en empleo formal hay que modernizar y adaptar los convenios colectivos a las realidades de las micro-empresas, pymes y economía regionales. Pero los sindicatos centrales y sectoriales no quieren. Así que las organizaciones de la economía popular y piqueteras van a gozar de larga vida gracias a los sindicatos centrales y sectoriales.

Hoy marchan juntos.

Fuente: El Economista