Informe Nº: 37012/11/2011
La toma de terrenos públicos pone en evidencia las consecuencias de la impericia en la gestión pública y la voracidad del oportunismo político y de la corrupción. Pero indudablemente tiene como trasfondo problemas sociales masivos e intensos. Aunque en los últimos años el crecimiento en la actividad económica y sobre todo en el gasto público […]
La toma de terrenos públicos pone en evidencia las consecuencias de la impericia en la gestión pública y la voracidad del oportunismo político y de la corrupción. Pero indudablemente tiene como trasfondo problemas sociales masivos e intensos. Aunque en los últimos años el crecimiento en la actividad económica y sobre todo en el gasto público fue muy intenso, errores de estrategia llevan a que no se avance en la resolución de las cuestiones sociales más básicas. Para eliminar los fuertes déficits de vivienda es imprescindible recomponer el mercado de créditos a largo plazo y focalizar el gasto público en las familias de más bajos ingresos.
La masiva ocupación de espacios públicos por parte de familias en estado de alta vulnerabilidad social es un fenómeno que merece varias lecturas. Por un lado, pone en evidencia la ineficacia de los sistemas de seguridad; que se mueven en un péndulo entre la pasiva inacción y la represión violenta. Por otro lado, testimonia las facetas más patéticas del oportunismo y la corrupción que cobija el sistema político. Pero, lo más importante, es que constituyen una manifestación de la extensión e intensidad de los problemas sociales. Se trata de fenómenos muy complejos que responden a una multiplicidad de factores causales. En este caso concreto se exteriorizan a través de familias –muchas de ellas migrantes internos- que frente a la realidad que viven y la desesperanza sobre su futuro están dispuestas a sumarse a la aventura de incursionar en la ilegalidad y a los riesgos de asentarse en terrenos que no son de su propiedad.
Si bien el problema de la vivienda es crónico en la Argentina, es interesante analizar su dinámica en los últimos años. Según datos oficiales de la EPH, que cubre a los principales centros urbanos, la situación habitacional de la población muestra los siguientes cambios:
Aunque los datos oficiales adolecen de limitaciones importantes en términos metodológicos y de cobertura (por ejemplo, es previsible que la gente tienda a no declarar a los encuestadores del INDEC la ocupación ilegal de viviendas), son suficientes para delinear tendencias que confirman que los problemas habitacionales continúan agravándose. Prueba de ello es que la proporción de familias que afirma ser dueña de la vivienda se reduce, mientras que crecen las que alquilan y fundamentalmente las que ocupan un inmueble de manera informal o irregular.
Llama la atención que la continuidad y profundización de este problema social se de en el marco de un proceso de bonanza económica. En los últimos años, la Argentina viene disfrutando un contexto inéditamente favorable que ha motorizado un fuerte crecimiento en la actividad económica. Medido en términos per cápita se estima que la producción creció entre los años 2000 y 2010 un 37%. Aun más llamativo es que no se han revertido los problemas de vivienda cuando el gasto público creció a un ritmo mucho mayor que el nivel de actividad económica. El gasto público total, consolidado los tres niveles de gobierno, que en la década de los ´80 era del 30% del PBI, pasa en los ´90 al 32% y estimativamente habría llegado en el año 2010 al 40%.
El default y la pesificación de depósitos, la inflación, la eliminación del régimen de capitalización y, en general, la discrecionalidad y la poca transparencia destruyeron el incipiente mercado de capitales con que contaba la Argentina. Bajo estas condiciones, los ahorros son masivamente desviados al exterior (incluyendo el atesoramiento de dólares o euros) o a la compra de inmuebles. Muy marginalmente son canalizados al sistema financiero para que este cuente con recursos que sustenten créditos bajo condiciones que le permita a las familias comprar su vivienda. Mientras tanto, la vivienda social ha tenido un espacio muy acotado dentro de la vertiginosa expansión del gasto público motorizada por el desbordante crecimiento de los subsidios a empresas públicas y privadas.
La mayor parte de las necesidades de vivienda podrían ser resueltas a través del mercado financiero. Alcanza con garantizar previsibilidad y racionalidad en la gestión pública para que espontáneamente se genere una oferta de crédito a tasas moderadas y plazos lo suficientemente largos como para que las familias, pagando cuotas de montos similares al de un alquiler, puedan acceder a su vivienda propia. Bajo estas condiciones, el problema se reduce a las familias de más bajo ingresos, segmento en el cual con un relativamente reducido compromiso de fondos públicos es factible brindar soluciones estructurales.
