El derecho a no reconocer el sexo es la oportunidad para unificar la edad jubilatoria

El presidente de la Nación determinó que a partir de ahora el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene que tener la posibilidad de marcar con una “X” la casilla de sexo para aquellas personas que no se reconocen como masculino o femenino. Intempestivamente, uno de los beneficiarios del cambio que estaba presente en el anuncio oficial –y que había sido beneficiado con un nuevo DNI y la “X” marcada– señaló que él no era una letra y que lo que quería era no reconocer el sexo, nada más.

La verdad es que el DNI no tiene por qué llevar una marca sobre el sexo. En el mundo de hoy, la elección o no elección del sexo es una decisión personal e íntima que queda librada a la conciencia de uno mismo y libre del dictamen de Dios y el Estado. Con la propuesta de poner la marca de una “X” en el DNI, los problemas –más que solucionarse– se potencian para aquellos que no quieren elegir sexo, y no sólo para los que eligen no elegir sexo. También se potencian para los burócratas.

Con la propuesta del Gobierno, el que no quiera reconocer sexo en su DNI tiene que presentarse en el Registro Civil donde está asentada su partida de nacimiento para solicitar la eliminación del sexo. Luego hacer otro trámite para solicitar un nuevo DNI con la “X” marcada. Toda la burocracia de los registros civiles, que tiene mucha tarea pendiente de dar identidad legal a personas, incluso adultas, debe ahora abocarse a diseñar e instrumentar un nuevo circuito administrativo para la modificación del sexo y coordinar con la burocracia del registro de las personas un nuevo trámite administrativo para generar el nuevo DNI con la “X”.

Hacer los tres DNI con la “X” para los tres beneficiados que estuvieron en el anuncio del presidente fue fácil. Implementarlo como rutina para toda la población es kafkiano, teniendo en consideración que los registros civiles son municipales y provinciales, mientras que el registro de identidad es competencia nacional. Más racional y eficiente hubiera sido determinar que los nuevos DNI no llevan más la marca de sexo, y listo.

El tema del reconocimiento del sexo no es un tema trivial. Por eso lo mejor es dejar de tenerlo en cuenta y que todos pasen a ser personas sin distinción de sexo. El mejor ejemplo en este sentido es el sistema previsional.

Los sistemas previsionales prevén edades diferentes para jubilarse según el sexo. En el caso del régimen general, los varones se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60 años. Ya está ocurriendo que las personas que cambian de sexo tienen problemas para jubilarse. Personas que eran reconocidas como varones –y como tal están registradas en los registros administrativos previsionales– y cambian de sexo, reclaman jubilarse a los 60 años cuando los sistemas administrativos no le permiten porque –según los registros– deben hacerlo a los 65 años. Este tema actualmente se está judicializando generando más problemas que reconocimientos de derechos.

Ahora, con la posibilidad de no reconocer el sexo el problema se potencia. Porque con el cambio de sexo, el juez tiene que determinar si se jubila a los 65 o a los 60 años. Sin sexo, no hay edad jubilatoria. Seguramente que el lector está pensando que lo justo sería 62 años y 6 meses, que sería el promedio, pero la verdad que la situación que se plantea es poco seria. Máxime cuando 1 año de diferencia en el sistema previsional involucra mucho gasto previsional en un sistema jubilatorio que ya está en la quiebra y que está haciendo colapsar las cuentas públicas nacionales y las de las provincias que no tienen sus cajas transferidas.

El tema de las edades diferenciales para la jubilación entre varones y mujeres es algo que quedó en el pasado. En todos los países desarrollados, las edades jubilatorias son las mismas independientemente del sexo. Lo que sí, es que a las mujeres se les reconoce años por la maternidad. Algo que en Argentina se acaba de estipular recientemente (con un Decreto de Necesidad de Urgencia de dudosa legitimidad: esto debería haber sido hecho por ley) con un año por cada hijo nacido vivo y dos años por cada hijo adoptivo.

En ese sentido, dar el derecho a los ciudadanos de no reconocer el sexo es la oportunidad de modernizar el sistema previsional unificando la edad del retiro. De esta forma, todas las personas se jubilarán a los 65 años.

La oportunidad de dar un paso adelante en materia previsional.

 Fuente: El Economista