Informe Nº: 25/08/2021
Entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021 el ingreso per cápita familiar en Argentina aumentó en torno al 21%, mientras que la inflación entre los trimestres mencionados se mantuvo cerca del 41%. Es decir, hubo una pérdida de poder adquisitivo del 20%.
En lo que respecta a hogares, entre los primeros trimestres de 2020 y 2021, perdieron el 10% del poder adquisitivo de sus ingresos. Sin embargo, tal declive no fue igual para todas las clases sociales y hubo algunas que retrocedieron hacia una más baja.
Si construyéramos una pirámide social en base a los ingresos con cuatro clases: baja, media baja, media y alta, en donde la baja son los hogares pobres, que no alcanzan a adquirir una canasta básica total (CBT); la media baja, que si bien no es pobre, es vulnerable y dependiente del contexto para pasar o no a la pobreza; la media, que ocupa un lugar más estable; y, por último la clase alta, que obtiene ingresos por más de 4 CBT, obtenemos que entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 (entre los cuales golpea de lleno la pandemia) hubo un gran deterioro social.
La clase baja pasó de representar el 25% de los hogares en el 2020 al 31% en el 2021. Y la clase media baja pasó del 8% al 10%. Esto implica que hay 1.6 millones más de argentinos en pobreza o situación de vulnerabilidad respecto al 2020. La contrapartida de este fenómeno es que se achicó la clase media, que pasó del 51% de los hogares al 48% y la clase alta, que pasó del 15% al 11%.
Si la inflación sigue en torno al 50% anual es muy probable que el encarecimiento de la canasta básica total lleve a un mayor deterioro de la pirámide social, puesto que pocas paritarias cerraron valores cercanos a la inflación y tampoco hay perspectivas de mejora en la calidad de los trabajos. La ayuda social podría compensar en parte este deterioro, pero será otro remedio temporal. Sin embargo, de no abordarse un ordenamiento integral del sector público esto conduciría a mayores niveles de inflación. La meta es reconstruir el Estado para que sea financieramente sustentable y tenga la capacidad de producir los bienes públicos que la población demanda. Se trata de construir un Estado financieramente equilibrado y que genere instituciones que den competitividad y buenos servicios a los ciudadanos. Con esto, la inflación dejará de ser un problema y volverá la inversión privada que es lo que puede sacar a la gente de la pobreza.