El impuesto a las ganancias ayuda a reducir la desigualdad

El coeficiente de Gini es el indicador clásico que se usa para medir la distribución del ingreso. Su valor va desde 0 (máxima igualdad) hasta 1 (máxima desigualdad). En lo que va del presente siglo la máxima desigualdad reportada por el INDEC se dio en el 2003, luego de la megadevaluación del 2002, con un Gini a 0,53. Luego, con la gran bonanza internacional aumentaron los ingresos de la población y mejoró su distribución reduciendo el Gini hasta 0,43 en el 2011. A partir del 2012, se mantuvo estable en un nivel de 0,43 de desigualdad.

Esta tendencia –de por sí preocupante si se tienen en cuenta que, por ejemplo, en Europa el Gini es de 0,28– se rompe en el 1° trimestre del 2024 cuando el INDEC reporta un sensible aumento de la desigualdad. El coeficiente de Gini de repente subió a 0,47. Este salto es el más alto observado en los últimos 30 años en un trimestre. 

¿Qué factores explican semejante aumentó en la desigualdad? Para responder la pregunta hay que empezar por la inflación que entre el 4° trimestre del 2023 y el 1° trimestre 2024 fue del 63%. Según el INDEC, en el mismo período, se observa que:   

• Los ingresos de los hogares de clase media (20% de mayores ingresos) aumentaron 63%, es decir, no tuvieron pérdida frente al incremento de los precios.
• Los ingresos de los hogares de clase media baja (40% del segmento medio de ingresos) crecieron 44% lo que implica una pérdida real frente a la inflación del -12%.
• Los ingresos de los hogares pobres o cerca de serlo (40% de menores ingresos) crecieron 37% lo que implica una pérdida real por inflación de -16%.

Estos datos muestran que la desigualdad aumentó porque los hogares de menores ingresos tuvieron menor capacidad de defensa frente a la aceleración de la inflación. Lograron incrementos en sus remuneraciones, pero por debajo del crecimiento de los precios. En cambio, los ingresos de los hogares de clase media tienden a acompañar mejor la inflación. Existen mecanismos, por ejemplo, las paritarias para los asalariados formales, que les permiten defender mejor sus remuneraciones de la inflación. La diferente adaptación ante la aceleración de la inflación explica el incremento en la desigualdad.

El sistema tributario no contribuye a mejorar la distribución del ingreso. Un caso muy ilustrativo es el de los asalariados de altos ingresos. Se les descuenta cargas sociales hasta un determinado tope ($ 2,3 millones) y, como consecuencia de la reforma de setiembre 2023, recién empiezan a pagar el impuesto a las ganancias a partir de los 15 salarios mínimos ($ 3,5 millones). Esto lleva a que alguien que cobra un salario mínimo sufre un descuento del 17% en su remuneración, mientras que alguien que cobra 15 salarios mínimos el descuento es de 11%. Lo mismo ocurre con más de 100 mil jubilados que cobran por encima del tope jubilatorio ($1,4 millones) y tampoco pagan impuesto a las ganancias. En la mayoría de los discursos sobre políticas públicas hay un empalagamiento en torno a la igualdad y la inclusión. En los hechos pululan los dispositivos legales a favor de los habitantes de mayores ingresos. 

Una diferencia importante entre Argentina y los países desarrollados –que aplican con mucha intensidad el impuesto a los ingresos– es la cantidad y calidad de los servicios que ofrece el Estado. Mientras en los países desarrollados las familias disfrutan de sistemas públicos de educación, salud, seguridad y transporte de calidad, en la Argentina las familias de ingresos medios asignan parte importante del presupuesto familiar al pago de colegio privado, medicina prepaga, seguridad privada y al mantenimiento de uno o varios autos particulares. Esto legitima la reticencia a pagar el impuesto a los ingresos.

La resistencia contra el impuesto a los ingresos personales es una actitud egoísta que lleva a cargar con mayores sacrificios a la población más vulnerables. El camino correcto es simplificar y unificar impuestos fortaleciendo el impuesto sobre los ingresos. También hay que incorporar el principio de correspondencia fiscal para que las provincias y sus municipios no reciban los impuestos desde la coparticipación sino directamente desde el contribuyente. Así, tendrán que rendir cuentas, lo que mejorará la calidad de los servicios públicos.