El partido se define en las reformas estructurales

Ilustración Eric Zampieri.

Por Virginia Giordano, Jefa de investigación

Se prevé que la inflación de abril llegue a uno dígito. El Gobierno tiene motivos para celebrar que se profundiza la reducción en el ritmo de crecimiento de los precios. Esto es el resultado de un ajuste fiscal riguroso, que ha generado un superávit financiero cada mes del año, y una política de tipo de cambio controlado que ajusta la moneda en un 2% mensual. La contrapartida es un notable descenso en la actividad económica, liderado por una licuación de salarios y jubilaciones a niveles inferiores a los de la crisis del 2002.

Mientras tanto, se mantiene el cepo y se sigue postergando la instrumentación de un nuevo régimen monetario. Para muchos, se tocó piso y lo que viene es la recuperación. Los más optimistas proyectan una recuperación en forma de ‘V’, pero la mayoría cree en algo más aletargado con forma de ‘U’. Son interrogantes que no tienen respuestas sencillas.

¿Cómo salimos?

El superávit fiscal se viene logrando gracias a un ajuste fiscal tradicional y rudimentario que se distingue, respecto a experiencias pasadas, en su profundidad. Nunca antes un gobierno encaró la necesidad de no emitir para financiar el déficit fiscal con tanta convicción. Para ello, por el lado de los ingresos, se está apelando a cerrar el déficit subiendo impuestos muy distorsivos, como por ejemplo, el impuesto Pais. Por el lado de los gastos, se está apelando a mucha licuación y algo de motosierra. La peor parte la llevan los jubilados que, con la licuación de sus haberes, aportan casi el 40% del total de la reducción del gasto público.

Por varios motivos, un ajuste de este tipo es cuestionable. Por un lado, porque se podría haber logrado con menos costo para sectores vulnerables. Por el otro, porque es insostenible en el tiempo. No solo porque es previsible que la población no lo soportará indefinidamente, sino también porque en muchos casos lo que la contabilidad pública registra como baja de gasto en realidad son postergaciones de gastos. Por ejemplo, los jubilados a los que se les licúa las jubilaciones le hacen juicios a la Anses, las empresas energéticas a las que no se les paga amenazan con paralizar la producción, el deterioro de la infraestructura por falta de mantenimiento demandará más inversión en el futuro.

Para erradicar la inflación y crear un entorno propicio para la inversión y el empleo de calidad no solo es imprescindible equilibrar las cuentas públicas, sino también demostrar que el equilibrio fiscal puede mantenerse a largo plazo. Si los agentes económicos sospechan que, debido a resistencias sociales, políticas o judiciales, este equilibrio no perdurará, los beneficios se evaporarán. Las experiencias previas muestran que el ajuste termina en un esfuerzo colectivo desaprovechado. Esto es lo que define la recuperación.

La organización del sector público argentino es irracional. Está plagada de superposiciones y malas prácticas. Los déficits financieros y de gestión son crónicos y generalizados. No responden a un factor exógeno, sino que son el resultado de su conformación. Frente a un problema organizacional, los ajustes pueden reprimir transitoriamente el desequilibrio financiero a costa de profundizar los déficits de gestión. Pero rápidamente se impone la tendencia al déficit financiero y de gestión.

Por eso, es esencial abordar los problemas de organización del Estado. Replantear su organización a los fines de alcanzar y mantener un equilibrio fiscal, al tiempo que se mejora la calidad de la gestión pública. Esto no se logra con ajustes, sino con reformas estructurales, es decir, cambiando la configuración del sector público. Esto en un país federal, donde desde hace décadas se vienen aplicando políticas equivocadas, representa un desafío enorme.

Por eso, era extremadamente preocupante que hasta esta semana en materia de transformaciones se venían acumulando fracasos. Fracasó el intento de introducir reformas a través del DNU y fracasó en el primer intento de lograr que el Congreso aprobara el proyecto de “ley bases”. Seguramente varios factores explican este resultado, pero uno muy importante es la impericia que desplegó el Gobierno para ejecutar operaciones políticas y de gestión extremadamente complejas.

Con estos antecedentes, que esta semana la Cámara de Diputados haya dado media sanción a la “ley bases” y al paquete de normas tributarias es un hecho de extrema importancia. Más allá del contenido de estas leyes, su principal impacto es que sugieren que el Gobierno aprendió la lección. Fue capaz de desplegar la pericia política para lograr la sanción. Avanzar en el Senado no será fácil, pero es un dato positivo que se haya salido del pantano.

El “pacto de mayo” como oportunidad

El paso siguiente es concretar la convocatoria del Presidente a firmar el “pacto del 25 de mayo” en Córdoba. Allí está explicitado el decálogo para sentar las bases de la transformación del país. Si logra un aval político amplio (no necesariamente unánime), es una oportunidad inédita para abordar las transformaciones que necesita el país. Las más importantes, un ordenamiento integral del sector público que incluya, entre otras medidas, la simplificación y la unificación de los impuestos, la eliminación de la coparticipación para que cada provincia y municipio se autofinancie con sus propios recursos, y un reordenamiento de las funciones para evitar superposiciones entre los tres niveles de gobierno en los servicios que brindan a la ciudadanía.

Si hay convicción política e idoneidad técnica para llevar a la práctica las líneas de acción que se plantean en el pacto, la recuperación de la Argentina será rápida. Si por el contrario prevalece una actitud conservadora y refractaria, será una nueva oportunidad perdida y el enorme esfuerzo que actualmente soporta gran parte de la sociedad será desperdiciado.

Fuente: La Voz