El Presidente Milei abrió la Caja de Pandora de la medicina privada

Por Jorge Colina, presidente de IDESA.

La historia es así. Hasta la década de 1950, los sindicatos eran de afiliación voluntaria. Los trabajadores optaban por afiliarse a un sindicato y elegían el sindicato al cuál afiliarse. Por esta razón, los sindicatos armaban mutualidades que eran mutuales de salud por las cuales cuando un afiliado se enfermaba le daban unos pesos para que pague un médico y algún medicamento. Era una forma de atraer afiliados al sindicato.

En la década de 1950, el Presidente Perón le da a los sindicatos peronistas el monopolio de la negociación con la personería gremial y establece la obligación de todos los empleadores de todas las ramas de actividad de afiliar a todos los trabajadores a dicho sindicato. Como los sindicatos solían tener estas pequeñas mutualidades de ayuda médica, la afiliación compulsiva terminó generando grandes mutualidades que son lo que hoy se conoce como las obras sociales.

Como no había libertad de opción a la afiliación, tampoco había libertad de opción de obra social. O sea, no había competencia entre obras sociales.

Así es como, en el principio, las obras sociales recibían los aportes compulsivos con los que brindaban servicios médicos a los trabajadores. Los servicios que brindaban eran simples. Consulta médica, algunos remedios, algunas prácticas médicas, cirugías simples e internación, todo lo cual que era bastante artesanal porque la medicina todavía no se había tecnificado. Así es como el emergente de las obras sociales promovió también el desarrollo de una pujante práctica médica privada.

En paralelo, grupos de médicos emprendedores que crecieron con los recursos que las nuevas obras sociales volcaban a la atención médica privada, crearon las primeras prepagas. La idea era, así como las obras sociales permitían el acceso a los trabajadores asalariados a la medicina privada, darles a los trabajadores no asalariados -empresarios, comerciantes, profesionales liberales, etc.- acceso a la medicina privada mediante el pago de una cuota.

Pasaron las décadas del ’60, ’70 y ’80 con un país convulsionado por las crisis económicas e inflacionarias y obras sociales que no fueron bien manejadas en lo económico financiero. Cuando llega la década del ’90, las obras sociales estaban quebradas por las deudas acumuladas, los déficits estructurales y la consiguiente falta de servicios a los trabajadores, muchos de los cuales tenían doble cobertura porque pagaban (o su empleador les pagaba) una prepaga.

El Presidente Menem decide entonces que, en lugar de auxiliarlas, había que reconvertir las obras sociales. Con un préstamo del Banco Mundial se sanean sus deudas y se contratan consultoras que ayudaron a profesionalizar la gestión de las obras sociales. En este marco se establece que las obras sociales tienen que competir con las prepagas.

Los sindicatos, dueños de las obras sociales, veían con buenos ojos la ayuda del Banco Mundial pero con malos ojos la competencia con las prepagas. Como una cosa venía atada con la otra, los sindicatos propusieron una salida intermedia. Que haya competencia, pero sólo entre obras sociales. O sea, que la gente pueda cambiarse de obra social, pero que no entren las prepagas. El Presidente Menem aceptó. 

Otra cosa que nació en este proceso de transformación es el Programa Médico Obligatorio (PMO). Esto es el paquete de prestaciones obligatorio que las obras social deben brindar. Esto pasó desapercibido, pero era importante. Porque las obras sociales ya no darían lo que quisieran sino que tenían prestaciones obligatorias. Pero pasó y trajo cola.

Las prepagas se las ingeniaron entrando al sistema de obras sociales con convenios con obras sociales chicas que captaban afiliados de otras obras sociales para enviárselos a ellas. Esto es lo que se conoce como derivación de aportes. El hecho de entrar al sistema con convenio con una obra social implica un costo de intermediación (la comisión que cobra la obra social) pero también permite seleccionar los trabajadores con mejor salud y de mayores ingresos. Esto es lo que se conoce como el descreme del sistema.

En los 30 años que transcurrieron desde estos cambios desde la década del ’90 a hoy, los sindicatos, todo el tiempo, se quejaron por la derivación de aportes y el descreme. El Congreso Nacional, por su parte, se encargaba de engordar el PMO con incorporación de prestaciones sin prever su financiamiento y la cobertura para colectivos de trabajadores de muy bajos ingresos, como los Monotributistas y los de casas particulares.

Un PMO rígido, igual para todos, con ingresos variables de las personas terminó generando inconsistencia financiera. Esto es, trabajadores sanos y de altos ingresos que pueden financiar su PMO (los cuales están en las prepagas) y trabajadores enfermos y/o de bajos ingresos que no pueden financiar el PMO (los cuales están en las obras sociales, que deniegan servicios y la gente termina atendiéndose en el hospital público provincial).

Y vino el Presidente Milei, con su DNU

Lo que hizo es abrir la Caja de Pandora.

Estipuló lo que originalmente se quería hacer en los ’90, pero que no se pudo por presión de los sindicatos: las prepagas, si quieren trabajar en la seguridad social, tienen que competir en igualdad de condiciones con las obras sociales. 

Técnicamente, esto es lo correcto.

El tema es que abrió la Caja de Pandora porque terminó con la derivación de aportes (lo que querían los sindicatos) pero metió a las prepagas (lo que no querían los sindicatos). Las prepagas, por su parte, estaban en una especie de zona de confort con la derivación de aportes (les permitía seleccionar los trabajadores sanos y con ingresos suficientes) ahora tendrán que aceptar a todo afiliado que opte por ellas (aun cuando tenga ingresos insuficientes para pagarse el PMO).

La Caja de Pandora, en el fondo, es toda la demagogia que se hizo en las últimas décadas: el engordamiento del PMO, sin financiamiento, con la mayoría de los trabajadores que no pueden pagar un PMO tan “generoso”.

La solución

Es compleja.

Pero comienza por deja de hacer demagogia con el PMO y sacar prestaciones que no son médicas -como los servicios sociales de la discapacidad, que los tiene que pagar la ANDIS- o los medicamentos biológicos -que son carísimos y los tiene que pagar la CONETEC, órgano estatal que determina si corresponde o no su aplicación-.

Un PMO más racional es más barato. Con el Fondo Solidario de Redistribución -un fondo constituido por el 15% de los aportes salariales, que hoy se usa para para las prestaciones de discapacidad y de alto costo, que debería dejar de financiar- elevar el aporte per cápita de las familias de menores salarios para mejorar la consistencia financiera del sistema.

El Presidente Milei invita a innovar. Vamos a ver qué pasa. 

Fuente: El economista