Informe Nº: 19/01/2022
Habitualmente al hablar del congelamiento tarifario y sus consecuentes subsidios se analiza el impacto que los mismos tienen en la inflación y el desequilibrio de precios que ocasionan. Sin embargo, se deja de lado, un factor no menor que ha quedado reflejado la semana previa. El congelamiento tarifario implica también la imposibilidad por parte de los proveedores de servicios públicos de aumentar precios que permitan incentivar y cubrir los costos de nuevas inversiones.
Al analizar las tarifas de la energía, vemos que las mismas están muy atrasadas. Desde diciembre del 2019 a hoy crecieron para el consumo domiciliario solo 11% mientras que la inflación fue de 103%. Si por otro lado vemos la variación del costo marginal de las mismas en base a información publicada por CAMESSA, para el mismo período, aumentó un 348%, mientras que el precio, aumentó solo 21%.
Esto indica que, con precios congelados es imposible por parte de los proveedores afrontar los costos y mucho menos generar nuevas inversiones que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos brindados. Vemos que la estrategia de congelar la tarifa eléctrica en un entorno de alta inflación resulta extremadamente dañina no solo en términos fiscales sino también en lo que respecta a la provisión de servicios.
En el año 2021, los subsidios a la energía cubrieron cerca del 60% del costo de la electricidad. Para el año vigente, el presupuesto, aún no aprobado, suponía una reducción de los subsidios mencionados. No solo en términos de PIB, en 2021 representaron un 1,6% mientras que en el 2022 representarían un 1%, sino también en términos nominales. Esto podría indicar que el Gobierno tiene intenciones de analizar la actualización de las tarifas a la energía.
Sin embargo, sincerar las tarifas para garantizar la rentabilidad del negocio y potenciar la inversión es un desafío muy complejo. El atraso tarifario es enorme y la situación social, productiva y política es muy precaria.
Se necesita una estrategia cuidadosamente diseñada y ejecutada para reducir y evitar los conflictos y el impacto del tarifazo del año 2016. Esto incluye desde visibilizar los perjuicios que genera no pagar los costos de los servicios públicos hasta contar con un mecanismo de tarifa social que modere los impactos sobre los sectores más vulnerables.
Para esto último se necesita superar enormes déficits en la calidad de la gestión pública. Un esquema de tarifa social requiere ordenar las bases de datos sobre titularidad de los medidores eléctricos, valuaciones inmobiliarias y valores actualizados de los activos e ingresos de las familias.
Ciertamente es antipático reducir los subsidios a las familias de ingresos medios y altos. Pero es políticamente mucho más costoso someter a toda la población a una mala provisión de servicios y a cortes de luz intermitentes y prolongados.
Un pensamiento verdaderamente estratégico permitiría ver que el congelamiento de las tarifas, lejos de fortalecer al gobierno por su aparente tinte popular, agrava la debilidad política en el mediano plazo. Por eso, cambiar para bien es pensar estratégicamente, por costoso que parezca en el corto plazo.
