Empleo “en negro” en pequeñas empresas igual que hace 15 años

El empleo no registrado es una preocupación social compartida. Por eso, resulta muy revelador que la bonanza económica y los mayores controles laborales indujeron a una mayor propensión al cumplimiento de las normas, pero entre las empresas más grandes. Entre las empresas más pequeñas estas acciones no han tenido impactos importantes. Esto señala la importancia de integrar, como un componente clave y prioritario dentro de las políticas públicas, la revisión de la legislación laboral y de la seguridad social con sentido simplificador a fin de adaptar las normas a las limitadas posibilidades de los pequeños emprendimientos.

El último dato disponible sobre tasa de empleo asalariado no registrado (empleo “en negro”) adelantado por el INDEC en su serie de informes de prensa es de 34,2%. Este número es inferior al del cuarto trimestre del año 2004 (48,9%), cuando comenzó la recuperación económica, aunque algo más alto que el dato correspondiente al cuarto trimestre del año 2010 (33,7%). Es decir, la información oficial sugiere un estancamiento en el proceso de reducción del empleo informal.

Para avanzar en la identificación de los factores que subyacen en la persistencia de la informalidad, es útil analizar los datos según diferentes tamaños de empresa en una perspectiva de largo plazo. Así, tomando el conjunto de los asalariados no registrados que trabajan en empresas privadas (es decir, excluyendo a los empleados públicos y al servicio doméstico) se observan las siguientes tendencias:

· En el año 1996, el empleo no registrado privado era de 42%, con una tasa de 16% en empresas con más de 100 trabajadores y de 52% en empresas con menos de 25 trabajadores.

· En el año 2004, la tasa general era de 46%, con una tasa de 12% para las empresas con más de 100 trabajadores y 62% para las empresas con menos 25 trabajadores.

· En el año 2011, la tasa general disminuyó al 35%, con una tasa de 8% para las empresas con más de 100 trabajadores y de 53% para las empresas con menos de 25 trabajadores.   

Aunque la información debe ser tomada con precaución porque cubre años cuando el INDEC aplicó diferentes metodologías para la encuesta, la orientación e intensidad de los cambios son muy sugerentes. Mientras que en las empresas más grandes la incidencia de la informalidad se redujo a casi la mitad, entre las empresas más pequeñas se mantiene una proporción de empleo “en negro” similar a la observada hace 15 años.

Las acciones tomadas hasta ahora estuvieron centradas en aprovechar la licuación de costos laborales asociada a la mega devaluación del año 2002, la bonanza económica que se inició en el 2004 y un endurecimiento de los controles laborales. Esto surtió efecto, pero entre las empresas más grandes. Entre los emprendimientos más pequeños, no indujo cambios de comportamiento. Por esta vía, no sólo se tocó límite en el proceso de reducción de la informalidad sino que ahora se tiene un mercado laboral mucho más desigual que en el pasado, respecto a las condiciones de contratación según el tamaño de la empresa.

Para seguir reduciendo la informalidad laboral es imprescindible revertir esta desigualdad y esto demanda agregar, dentro de las acciones que se vienen tomando, la revisión de la normativa laboral. Los cambios deberían estar centrados en lograr que para las pequeñas más empresas el cumplimiento de las normas sea factible. Con creatividad y racionalidad se pueden diseñar normas laborales que cumplan con eficacia su rol protectorio de los trabajadores sin imponer complejidades o sobrecostos que desalientan la formalización y, en muchos casos, la hacen incompatible con los muy bajos niveles de productividad de las pequeñas empresas.

La intransigencia en no revisar los componentes más vetustos de la legislación laboral y de la seguridad social, la resistencia que imponen los intereses enquistados en la litigiosidad laboral y la vocación –muy compartida entre gran parte de la dirigencia– por sumar restricciones y complejidades legales a las relaciones laborales, hicieron que la bonanza económica no fuera aprovechada por todos. Quienes sufrieron la marginación son los sectores más vulnerables del sistema productivo, o sea  las pequeñas empresas, cuyo protagonismo es central en el Interior del país. Por eso, ahora que la bonanza económica se estaría atenuando, se hace más necesario y urgente que antes una inteligente revisión de la política laboral para facilitar el cumplimiento entre las empresas más pequeñas.