En lugar de escalar el conflicto, hay que hacer un nuevo acuerdo fiscal entre Nación y provincias

Por Jorge Colina, Presidente de IDESA

El conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias sigue escalando y genera cada vez más confusión en la población. Contribuye mucho a la confusión general el hecho de que algunas provincias patagónicas hayan amenazado con cortar el suministro de energía al resto del país si el Gobierno Nacional no les devuelve la plata que les sacó.

¿Qué plata les sacó? 

Algunos gobernadores dicen que les sacó parte de la coparticipación y la mayoría se queja que se les sacó el Fondo de Incentivo Docente (que paga apenas el 9% del salario de los docentes provinciales), los subsidios al transporte urbano y en los próximos meses seguirán las quejas y amenazas provinciales porque el gobierno nacional parece que proyecta cortar todas las transferencias nacionales a provincias (que son muchas más que el incentivo docente y los subsidios al transporte). O sea que la escalada entre el Estado nacional y las provincias está en pleno desarrollo con lo cual va a dar mucha más tela para cortar.

¿Quién tiene razón? 

¿El Gobierno Nacional, las provincias, ambos, ninguno? Veamos.

Las relaciones fiscales entre el Estado nacional y las provincias no son conceptualmente complejas de entender, aunque luego terminen siendo intricadas en su micro-gestión.

Lo primero a tener en cuenta es que “la coparticipación” no son transferencias nacionales a las provincias. No es plata que entra al Tesoro nacional y desde allí el gobierno nacional les envía a las provincias. Es una distribución automática de impuestos.

Cuando los contribuyentes pagan impuestos nacionales a la AFIP, automática y diariamente, un pedazo de los impuestos va a al Tesoro nacional y otro pedazo va a los Tesoros provinciales. La distribución entre los Tesoros provinciales se hace con unos parámetros fijos muy arbitrarios definidos hace 35 años en un acuerdo político, no técnico. Pero esto es harina de otro costal. Lo que aquí se quiere resaltar es que el gobierno nacional no puede tocar la coparticipación porque nunca pasa por sus manos.

Así que cuando una provincia dice que el Gobierno nacional le sacó coparticipación, eso no puede ser. Porque son parámetros fijos de distribución. Lo que sí puede ser es que la provincia tenga una deuda con el Estado nacional donde la provincia se comprometió a pagar -y firmó un contrato para ello- con un “débito automático” en la coparticipación. Este es el caso de muchas provincias.

Los Tesoros provinciales reciben entonces automáticamente la coparticipación y también cobran impuestos provinciales. Los principales son el Impuesto a los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y el Impuesto a los Sellos.

Con estos recursos, los Estados provinciales tiene que darle a su población servicios de electricidad, agua y saneamiento, transporte urbano, educación pública, salud pública, vivienda, urbanismo, seguridad urbana y asistencia social la gente en situación de vulnerabilidad. Es decir, la provincia es el proveedor directo de servicios públicos y sociales al ciudadano.

El Tesoro nacional recibe su parte de coparticipación y además se queda con la totalidad de los impuestos al comercio exterior (derechos de exportación y de importación). Con estos recursos debe proveer servicios interprovinciales, que son, la generación y el transporte de energía, las rutas nacionales, el sistema ferroviario, el sistema de transporte hídrico, el sistema de transporte aéreo y los servicios de seguridad nacional.

Sin embargo, históricamente, el Estado nacional se puso a “ayudar” a las provincias en sus funciones. Les manda plata para que paguen el 9% de los salarios docentes, otra plata para que compensen alguna baja del boleto urbano, otra plata para que arreglen alguna ruta provincial, otra plata para que arreglen una calle, una vereda, un cordón cuenta, otra plata para que arreglen alguna escuela aislada o un centro de salud aislado. Ayuditas.

Resultado: las provincias se convierten en eternas pedigüeñas y -lo peor- terminan creyendo que esta plata es de ellas. Esto es lo que está pasando. Por esto es que, cuando el actual gobierno nacional termina con la tradición y corta estas transferencias, las provincias pusieron el grito en el cielo diciendo que el Gobierno nacional les quita su plata.

La verdad es que esta plata no es de las provincias. Es del Estado nacional y puede decidir cortar estos fondos, a menos que medie una ley o un convenio entre el Estado nacional y una, varias o todas las provincias donde no se puede cortar porque hay un instrumento legal que cumplir. Pero si son “ayuditas” que históricamente venían por generosidad del Estado nacional, el gobierno nacional de turno las puede cortar.

Un nuevo acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias

Conclusión. El Gobierno nacional tiene razón en eliminar las transferencias discrecionales destinadas a funciones provinciales. Pero no es aconsejable que lo haga de un día para el otro. Esto debería hacerse con un nuevo acuerdo de coordinación fiscal en donde se ordene con qué impuestos se financiará la Nación para cumplir las funciones interprovinciales y nada más. Luego, con qué impuestos se financiarán las provincias para cumplir las funciones territoriales.

Terminar con la coparticipación y prohibir a la Nación a realizar transferencias no automáticas a las provincias para “ayudarlas” en funciones provinciales.

Porque estas “ayudas” es lo que confunde a todo el mundo: a los funcionarios nacionales que quieren “bajar al territorio”, a los funcionarios provinciales que creen que las “ayuditas” son un derecho adquirido y al pobre ciudadano que paga, paga y paga impuestos y nunca sabe quién es el responsable de tan malos servicios que da el Estado.

Fuente: el economista